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Comunicado sobre la Ley 4/17 sobre modificación de la LJV y de la LRC

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La pasividad, falta de previsión e improvisación del Ministerio de Justicia y del Gobierno en la materia de los registros civiles, se ha vuelto a demostrar nuevamente con la Ley 4/2017. Una ley que aunque prorroga la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de Registro Civil, ni siquiera menciona en su título, o en su exposición de motivos, a dicha Ley. La exposición de motivos, por cierto, tampoco alude a la prórroga de la reforma introducida por la ley de jurisdicción voluntaria, en materia de competencia matrimonial, y sólo motiva la modificación de un artículo sobre capacidad para casarse (en el supuesto concreto de los discapacitados mentales o sensoriales).

 

Este aparente desprecio se explica, en parte, por la oportunista técnica legislativa de utilizar una norma en trámite, que tenía como objeto exclusivo la modificación del artículo 56 del Código Civil, para atrasar la entrada en vigor de la Ley 20/2011 y determinados artículos del Código Civil, modificados por la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Aunque el legislador ha introducido en una ley en trámite una prórroga de otras leyes, no se ha visto en la necesidad de modificar la exposición de motivos para justificarse. A este nivel se ha llegado con la improvisación sobre una materia que el Ministerio debería considerar prioritaria. 

 

Es evidente la falta de planificación y previsión del Ministerio, que se trata de esconder con alusiones reiteradas al diálogo, y con poco transparentes negociaciones con los sindicatos de la función pública, como si fueran los únicos legitimados para participar en una materia tan trascendente. Es obvio que los sindicatos deben tener un papel relevante en la configuración del servicio público registral, pero no debe olvidarse que los principales destinatarios de la reforma son los ciudadanos y ciudadanas. Y son ellos los que deben ser escuchados con carácter fundamental, como usuarios y usuarias del servicio público del Registro Civil. Y sin perjuicio, de otras vías o mecanismos de participación, que puedan articularse, no puede negarse el papel de las cortes generales como representantes de la nación.

 

Por ello, no se puede olvidar que nuestros representantes ya decidieron, en 2011, de forma consensuada y unánime que la mejor forma de organizar en el futuro el servicio público registral era mediante una nueva normativa del Registro Civil. En ese consenso, de hace menos de una década, del que nació la Ley 20/2011, estaba también el Partido Popular. Pero el Ministerio de Justicia actual se comporta como si fuera una ley impuesta o heredada que se preferiría cambiar, sino derogar directamente, pero sin atreverse a dar los pasos. Esta falta de planificación, no puede justificarse con ningún cambio ministerial. El Ministro de Justicia de la actualidad no es el mismo que en 2011, pero sí que fue el último Ministro de Justicia de la anterior legislatura del Partido Popular, y también el Ministro en funciones. Exceptuando cambios menores, estamos hablando del mismo equipo ministerial desde el año 2015. Por tanto, no se entiende que, en más de un año, el Ministerio de Justicia no haya tenido tiempo para determinar un proyecto propio sobre registros civiles, y para exponer públicamente su proyecto.

 

Ante tanta falta de planificación, previsión e iniciativa, el SISEJ se ve en la necesidad de exigir al Ministerio de Justicia que trabaje para que la ley 4/2017 sea la última prórroga de la entrada en vigor de una necesaria normativa de registros civiles. El Ministerio no puede seguir viendo la ley del Registro Civil como una ley heredada. Es el momento de la responsabilidad, y se debe afrontar la nueva prórroga como la oportunidad definitiva para que entre en vigor la normativa que los usuarios y usuarias del Registro Civil se merecen.

 

E igualmente exigimos que la normativa del Registro Civil deba estar centrada en los ciudadanos y ciudadanas, como destinatarios finales y usuarios del servicio público registral, y se debe garantizar el carácter del servicio público registral, como un servicio accesible, gratuito y eficiente. El Registro Civil debe destinarse a satisfacer el interés de los usuarios y usuarias, no meramente intereses laborales o corporativos. 

 

Defendemos, en definitiva, que la Ley 20/2011 supone la forma más eficiente de organizar el servicio público registral, y que el Ministerio de Justicia debe garantizar que dicha ley entre en vigor, sin más demoras ni excusas.


 

Reunión conjunta del Ministerio de Justicia con las organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia

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El jueves 20 de julio ha tenido lugar en Madrid una reunión en el Ministerio de Justicia convocada por la Secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortés, con las organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia. A la misma también asistieron el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, y el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Delgado. A la misma finalmente no asistió el Ministro de Justicia pese a que hace escasas semanas se había reunido con los representantes de las asociaciones de Jueces, circunstancia que nos sorprende y lamentamos.

En representación del SISEJ han participado nuestra portavoz, Abigail Fernández, y Javier Canal, miembro de la Comisión Ejecutiva. 

Con arreglo al orden del día, se nos informó de los siguientes aspectos:

 

1. Justicia digital, fiscalía digital y sistema de gestión común. 

El Ministerio no informó de planes de actuación concretos, previsiones temporales ni plazos máximos en ninguno de estos temas, lo que no deja de sorprendernos dado que los puntos concretos del orden del día eran "Información sobre líneas principales que sobre justicia digital y fiscalía digital están previstas" e "Información sobre el sistema de gestión común". 

Dado que se cedió la palabra en primer lugar a las organizaciones allí presentes, desde el SISEJ reiteramos las reclamaciones contenidas en nuestro comunicado de 18 de junio

Tomada la palabra por la Secretaria de Estado, manifestó que la intención del Ministerio en lo que al sistema de gestión común se refiere es no partir de cero y que intentarán aunar las voluntades de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.  

Ante la preocupación por las polémicas declaraciones emitidas por fuentes de la Sala Penal del Tribunal Supremo a raíz de la reciente sentencia que anula un juicio penal por defectos de grabación, así como por algunos sectores de la fiscalía y la magistratura, el Secretario General manifestó que las líneas tecnológicas que está siguiendo el Ministerio van dirigidas a la sustitución de equipos, la búsqueda de sistemas de transcripción que, sin poder sustituir al documento audiovisual original, puedan ser un instrumento que facilite su uso y la posibilidad de generar marcas de manera manual y automática, todo ello tal y como desde el SISEJ venimos reclamando hace ya tiempo. 

Desde nuestro punto de vista, las garantías y derechos de los usuarios, así como la calidad y eficacia del servicio, deben guiar la manera de trabajar en el ámbito de la Justicia, por lo que en ningún caso deficiencias puntuales pueden servir de excusa para una vuelta a usos antiguos e inoperativos, debiendo en todo caso reclamar que los medios técnicos sean los adecuados y un uso responsable y profesional de los mismos. 

Desde el SISEJ insistimos, en todo caso, en la necesidad de comprometer a los distintos implicados en estos avances, desde las Comunidades Autónomas con competencias en la materia a la Fiscalía. En relación a este punto reiteramos nuestra inquietud por el hecho de que implantación de "Fiscalía Digitalse esté llevando a efecto sin convocatoria ni actuación de la Comisión Nacional de Informática y Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal, ante lo que no obtuvimos respuesta.

Igualmente, y a instancia del SISEJ, volvimos a exponer nuestra preocupación por el virtual abandono de la Comisión Nacional de Estadística y las implicaciones que tiene en el diseño y ejecución de políticas públicas en justicia. Pese a tratarse de un aspecto que hemos reclamado en multitud de ocasiones, ha sido necesaria una pregunta parlamentaria para que el Ministro resumiera la ínfima actividad de dicha Comisión a lo largo de tres años, lo que demuestra que en ningún caso e inexplicablemente esta cuestión es prioritaria para el Ministerio.

 

2. Oposiciones

Según informó el Secretario General, las listas definitivas del proceso en curso estarán elaboradas previsiblemente a finales del mes de agosto, el primer ejercicio de promoción interna comenzará el 23 de septiembre y el segundo de promoción interna, y el consiguiente inicio de los ejercicios de turno libre, tendrán lugar el 17 de noviembre. 

En 2018 las previsiones del Ministerio son convocar un total de 89 plazas (68 para turno libre y 21 para promoción interna). También se informó de que se está buscando una solución para evitar tener bloqueadas las plazas afectadas directa o indirectamente por la titularidad de Secretarios de Gobierno o Coordinadores Provinciales (unas 80 en la actualidad).

 

3. Consejo del Secretariado

Según se nos informó, las elecciones en principio se convocarán a finales de septiembre y tendrán lugar el 30 de noviembre.

 

4. Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales 

El Secretario General nos informó de que el Ministerio tiene el texto prácticamente terminado y cuenta con remitirlo en septiembre a las organizaciones, la mesa de negociación y al Consejo del Secretariado. 

Desde el SISEJ, y a pesar del tiempo transcurrido en espera del nuevo texto, que recordemos que será una simple adaptación a la Ley Orgánica en su redacción actual, insistimos en la necesidad de que se celebre una reunión de trabajo sobre el texto que presente el Ministerio, dado que nuestra participación se ha limitado a remitir nuestras propuestas en enero y desconocemos en qué medida el Reglamento las recogerá o no, por lo que en su caso nos opondríamos a un mero traslado documental sin posibilidad de debate. 

 
5. Retribuciones por sustituciones

El Ministerio confirmó que ascenderán al 80% del salario, de manera análoga a los miembros de la carrera judicial, y se distinguirán partidos NOJ de los que no lo sean.

 Por parte del SISEJ planteamos al Ministerio diversas cuestiones. En primer lugar, mostramos nuestra preocupación con la problemática por la falta de nombramiento de Letrados sustitutos y nuestro malestar con la respuesta del Secretario General, que ha llegado a recurrir a su organización afín para intentar calmar ánimos pero no ha respondido de manera directa ni clara a las reclamaciones del SISEJ en este sentido. 

 

Según se nos informa, el Ministerio estudia caso por caso y valora los módulos y las circunstancias de las oficinas afectadas, pero lo cierto es que, hasta donde sabemos, estas valoraciones y criterios no constan por escrito, por lo que hemos reclamado transparencia y una mínima motivación de los acuerdos que se adopten. Además, y ante la alusión de los representantes ministeriales en este sentido, hemos recordado que la manera de trabajar de esta organización no contempla llamadas de teléfono para cuestiones individuales, sino solicitudes de información, consultas y reclamaciones, públicas y transparentes, como consideramos que merecen nuestro ámbito de actuación y el colectivo de Letrados.

 

En relación al último concurso de traslado, el Secretario General nos respondió que el Ministerio no tiene previsto cuándo publicará su resolución. Además , en cuanto a la consulta que elevamos relativa a la valoración de la consolidación de categoría y sus efectos en el concurso , manifestó que dicha interpretación quedará resuelta en el nuevo Reglamento, por lo que entendemos que no responderá a la consulta, dejando esta cuestión en la más absoluta inseguridad jurídica y afectando, indirectamente, a la legalidad del nombramiento de la Secretaria de Gobierno de Canarias.

Introducida la cuestión retributiva, reclamamos, juntoa los representantes de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, que se pusiera en marchanuestra  propuesta de una mesa para la valoración de la adecuación salarial de los Letrados de Justicia, reivindicación pendiente hace ya demasiado tiempo y que debe activarse.

A preguntas sobre la situación de los juzgados especializados en condiciones generales bancarias como las cláusulas suelo, el Secretario General indicó que se irían adoptando medidas según se fueran desarrollando las circunstancias, pese a lo que manifestó que el Ministerio considera que la respuesta a las demandas, y en particular el tiempo en el que tiene lugar, está siendo análoga a la del resto de asuntos. 

En conjunto valoramos esta reunión  como decepcionante por cuanto, si bien se desarrolló en un ambiente en general correcto, comprobamos de nuevo la ausencia en el Ministerio de Justicia de una política definida y dirigida a modernizar de manera planificada la Justicia. Pese a que el orden del día era estrictamente informativo no se han aportado datos concretos, objetivos globales ni plazos de ejecución, por lo que desde nuestro punto de vista y dado que no pensamos que se oculte información, es la improvisación la que dirige la Administracion de Justicia por parte del Ministerio.  

Por último, desde el SISEJ reclamamos la celebración de reuniones de trabajo y no meramente informativas, dado que continuamos dispuestos a ofrecer nuestro trabajo colectivo para la mejora del servicio público de la Justicia, la respuesta que ofrecemos a la ciudadanía y las condiciones sociales y laborales de los Letrados de Justicia.

 

 


 

 

Comunicado del SISEJ: medidas tecnológicas urgentes en la administración de Justicia

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En los últimos seis años el Ministerio de Justicia ha publicitado como eje de su actividad el impulso de la modernización tecnológica de la administración de justicia, paralizando desde el primer momento la modernización organizativa de la misma.

Reflejo de esta apuesta por mantener un modelo de justicia ineficaz y anclado en el siglo XIX fue la supresión fulminante en 2012 de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, un órgano fundamental cuya eliminación fue una de las decisiones más retrógradas de la historia de la justicia española, y cuya recuperación es imprescindible para desarrollar políticas públicas modernizadoras en justicia desde la planificación y la seriedad.

Más allá de ello, y de la incapacidad organizativa de la actual Secretaría General de la Administración de Justicia, desde un punto de vista puramente tecnológico exponemos algunas medidas realistas que es posible impulsar directamente desde el Ministerio de Justicia sin esperar al final de la legislatura:

1. Integración entre sistemas gestión procesal y el Registro para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género

El Real Decreto 95/2009 que regula los Registros Judiciales, establecía un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor para que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas adaptaran los sistemas de gestión procesal para la obtención automática de datos para los distintos Registros.

A día de hoy dicha obtención de datos se sigue haciendo manualmente, y la integración automática solo existe en algunas Comunidades Autónomas (por ejemplo, País Vasco). Es inaceptable que en todos estos años no se haya logrado la integración general, situación que también es predicable no sólo del Registro de Protección de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, sino también de los restantes Registros telemáticos dependientes del Ministerio de Justicia.

2. Mejoras urgentes en sistemas de grabación audiovisual

La Ley Orgánica del Poder Judicial es clara en la prohibición de transcribir a papel con recursos públicos los actos ya documentados mediante grabación audiovisual, algo que también impone el sentido común. Sin embargo, existen disfunciones innegables en la labor de determinados Tribunales enjuiciadores y de la Fiscalía para gestionar grabaciones de gran extensión sobre todo en los llamados macroprocesos, lo cual hace necesario que se ofrezca a dichos operadores soluciones tecnológicas eficaces:

a) Los programas de grabación y reproducción audiovisual deben incluir la posibilidad de transcripción automática del sonido de los archivos. Aunque el documento oficial, público, verificado y auténtico siempre será exclusivamente la grabación audiovisual, la tecnología existente permite ya generar nuevas funcionalidades que faciliten la labor de Fiscalía y Tribunales.

b) Los sistemas de grabación audiovisual de juicios y declaraciones deben permitir que, desde terminales adecuados, Jueces y Fiscales puedan introducir sus propias marcas o índices en tiempo real. Del mismo modo, ello no debe afectar a la integridad y autenticidad del documento oficial generado, sino solo al acceso privado y profesional de dichos usuarios al mismo.

3. Convocatoria de la Comisión Nacional de Informática y Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal

Más allá del recién iniciado proceso de implantación de “Fiscalía digital”, con todas sus dificultades, no es aceptable que una institución de la importancia de la Fiscalía siga sin afrontar su modernización tecnológica. En 2003 se estableció por mandato legal que el Ministerio Fiscal contará con un sistema de información y una red de comunicaciones electrónicas plenamente integrados (DA 2 EOMF) definida y gestionada por la Fiscalía General del Estado. No sabemos a qué se ha dedicado la Fiscalía General del Estado en materia de gestión tecnológica durante todos estos años, pero lo cierto es que no se ha cumplido con los objetivos marcados en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ni en el Real Decreto 93/2006. Ello se debe impulsar en el marco de la Comisión Nacional de Informática y Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal, prevista en dichas normas, presidida por el Fiscal General del Estado y que debe ser convocada y reactivada de inmediato.

4. Modernización y automatización de la Estadística Judicial

a) Otra de las medidas urgentes en materia tecnológica es la generación automática de la estadística del Consejo General del Poder Judicial a través de los sistemas de gestión procesal. Nuevamente, el Ministerio de Justicia pone condiciones previas para ello como que “se asegure la interoperabilidad de todos los sistemas” y últimamente que se establezca un “sistema de gestión procesal único” en todo el Estado.

En cualquier caso, consideramos que a estas alturas no hay justificación objetiva para elaborar manualmente la estadística judicial, y que la obtención automática de datos para dichos boletines debe realizarse por el Consejo General del Poder Judicial a través de los distintos sistemas de gestión procesal.

b) La modernización de la estadística judicial debe ser pilotada por la Comisión Nacional de Estadística Judicial, órgano autónomo del Ministerio de Justicia, en la actualidad prácticamente abandonado por el mismo y que debe ser igualmente reactivado.

Es sintomático que el propio Plan Estadístico Judicial 2017-2020 reconozca que en el ámbito de la Justicia, “la información estadística no ha alcanzado todavía el grado de madurez, calidad y completitud de que goza en otros sectores” y que se observan “muchas carencias y posibilidades de mejora”.

Lo cierto es que la administración de justicia carece de una herramienta estadística que permita obtener datos útiles para la gestión pública, constando únicamente los datos del Consejo General del Poder Judicial que apenas sirven para algo más que  para generar una batería de titulares trimestrales en las agencias de prensa digital.

5. Obligatoriedad y formación en el uso de las nuevas tecnologías

La inversión pública en nuevas tecnologías para la administración de justicia es insuficiente y en ello coincidimos diferentes operadores jurídicos. Sin embargo, también son insuficientes el uso de las mismas y la formación para ello. Una honrada gestión pública no puede permitir que se malgaste el dinero público implantando por un lado sistemas tecnológicos e infrautilizándolos por otro lado. Corresponde a los poderes públicos obligar a los operadores jurídicos al uso de los medios públicos puestos a su disposición, incluida la introducción de todos los datos necesarios en los sistemas procesales de gestión desde las fases iniciales, y redoblar los esfuerzos en formación tecnológica de todos los profesionales.
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Somos conscientes de que estas medidas son solo una parte de las que corresponde tomar a los poderes públicos en esta materia, creemos que solo desde la gestión pública se puede mejorar lo que no son sino problemas de gestión pública. Para su adopción deberá tenerse en consideración a los colectivos jurídicos, en particular a los Letrados de la Administración de Justicia, siempre con el interés ciudadano como principio orientador. En cualquier caso queremos advertir de que un funcionamiento defectuoso de cualquier aplicación informática no debe suponer en ningún caso una vuelta al papel o la renuncia a toda modernización, sino más bien todo lo contrario: que por los poderes públicos se refuerce la atención y los medios materiales necesarios para la modernización de la justicia, que lleva demasiadas décadas esperando.

 


 

El Ministerio de Justicia sigue obligando a sustituciones forzosas entre Letrados titulares

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El Ministerio de Justicia no ha rectificado su criterio de eliminar el nombramiento de Letrados sustitutos para el caso de períodos de larga duración, manteniendo así la situación que denunciábamos en nuestro comunicado de 6 de junio.

Así se desprende de diversas informaciones y acuerdos de nombramiento de sustituciones forzosas de los que estamos teniendo conocimiento.

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia denunciamos que el Ministerio de Justicia ha vuelto a faltar a la verdad, como hizo el pasado 9 de junio llamando a nuestra portavoz para "negar la existencia del cambio de criterio", y como hizo posteriormente el 14 de junio a través de su organización afín, para anunciar que "el Secretario General había dejado sin efecto la comunicación que se hizo vía jerárquica volviendo a los criterios de siempre".

Desde el SISEJ creemos que el Ministerio de Justicia debe ejercer su trabajo con la transparencia exigible a un gobierno democrático y debe dar explicaciones públicas y veraces sobre sus intenciones y sobre los motivos por los que está obligando a Letrados a asumir forzosamente varios juzgados durante períodos prolongados de tiempo con evidente perjuicio del servicio.

Finalmente, consideramos que los acuerdos de designación forzosa no están motivados al no justificarse de modo suficiente la imposibilidad de nombrar un Letrado sustituto, y por tanto creemos viable recurrirlos. Para ello el SISEJ facilitará asesoramiento a sus afiliados y a los Letrados que nos escriban.

 


 

Comunicado del SISEJ: los LAJ no queremos más funciones residuales a "coste cero"

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Desde el mismo momento de la constitución del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, nuestra organización ha tenido como objetivo la superación de una visión corporativista y conformista de la Administración de Justicia y del papel que en ella debe desempeñar nuestro colectivo.

Desde entonces hemos apostado porque  el antiguo Cuerpo de Secretarios Judiciales, ahora Letrados de la Administración de Justicia, lidere una nueva organización de la misma, la Oficina Judicial, ejerciendo una verdadera dirección procesal de la misma.

Así mismo, en consonancia con la modernización tecnológica y audiovisual de la sociedad, el SISEJ logró la superación del arcaico modelo medieval de escribano-copista en los juicios orales, heredada de las concepciones de la fe pública judicial de la baja edad media, para focalizar el importante capital humano, tradicionalmente considerado como desaprovechado en el sector, hacia la mejora del servicio a la ciudadanía.

Sin embargo, la debilidad y falta de determinación política de los distintos gabinetes ministeriales de justicia en los últimos años, ha determinado que las reformas procesales y el cambio organizativo que deberían implicar se hayan quedado a medias,  en la mayoría de los casos como una simple sustitución del cartel “juzgados” por “oficina judicial”.

Pese a la grave situación de la justicia y a las necesidades de la misma, los Letrados de la Administración de Justicia, un Cuerpo superior dependiente del Ministerio de Justicia, seguimos condenados por una legislación retrógrada a un aumento de funciones sin contenido jurídico, de carácter administrativo e incluso asistencial o auxiliar de otros Cuerpos (responsabilidad por registros cada vez más numerosos, documentación de actos procesales, custodia de objetos, gestión de cuentas en aplicaciones bancarias, o recientemente la referencia del Consejo General del Poder Judicial a la práctica de “marcas” en grabaciones audiovisuales de actos procesales), e incluso en aquellos lugares donde se ha implantado la Oficina Judicial, arrinconado en Unidades de Apoyo al Juez o Magistrado prácticamente vacías de contenido cualificado.

Además de ello, el crecimiento en las responsabilidades sobre todo en determinadas jurisdicciones, no se ha visto correspondido por el menor aumento salarial desde 2010, siendo ya prácticamente igualado, cuando no superado, el salario en algunos territorios y órganos por el de los funcionarios de Cuerpos generales sometidos a nuestra dirección. En ese contexto puramente salarial, no debe aprobarse ninguna subida de sueldo en todo el sector de la Justicia si no se aprueba con ella el aumento de sueldo para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.


Considerado en su conjunto, este panorama, unido a otras circunstancias como la privación del ejercicio efectivo del derecho a la negociación colectiva laboral de nuestro colectivo y una falta evidente de interlocución con el Ministerio de Justicia, nos hace preguntarnos si no estamos sometidos por todos los poderes públicos a una inaceptable situación de mobbing institucional.

Por todo ello, desde el SISEJ manifestamos lo siguiente:

1. Exigimos a los poderes públicos respeto institucional a un Cuerpo superior jurídico compuesto por más de 4.000 profesionales cualificados. Para ello pedimos al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a los Grupos políticos parlamentarios que integran el Poder Legislativo, que se abstengan de proponer  o  atribuir en su caso a nuestro colectivo más funciones residuales, vacías de contenido jurídico y perfectamente sustituibles por otros medios, en especial los tecnológicos.

2. Exigimos una transformación orgánica masiva de nuestro Cuerpo, que debe ser paralela a la implantación de los Tribunales de Instancia y que debe implicar la integración de una parte significativa del colectivo en la Carrera Judicial, bien sea como jueces de base o proximidad u otra fórmula similar, aumentando así  la ratio de jueces hasta situarla en niveles propios de los países de nuestro entorno.  Todos los operadores jurídicos sabemos que la cobertura de plazas mediante procesos selectivos tradicionales sin una previa reorganización ha demostrado ser insuficiente por sí sola, dadas la estructura actual y necesidades  de la justicia, y que hace falta aumentar los niveles de resolución.

3. Todas las reformas procesales y orgánicas deben tender a configurar el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de modo que sólo desempeñe  funciones propias de un Cuerpo superior de contenido jurídico, tomando decisiones en su ámbito. Señaladamente, en el ámbito de la Oficina Judicial, sólo tendrá sentido su completa implantación con la figura del Letrado de la Administración de Justicia en los Servicios Comunes, debiéndose redefinir el modelo organizativo mediante la supresión progresiva de los puestos de trabajo en Unidades Procesales de Apoyo al Juez o Magistrado, y adecuando íntegramente el régimen salarial al de un Cuerpo superior con formación similar a la de las carreras judicial y fiscal.

 


 

Éxito y calidad en las Jornadas SISEJ-UC3M sobre administración de justicia, organización, tecnología y proximidad

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Los pasados días 28 a 30 de junio han tenido lugar en Cádiz las esperadas jornadas sobre Administración de Justicia: organización, tecnología y proximidad, organizadas por el SISEJ y el Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación de la Universidad Carlos III de Madrid.

El desarrollo, el contenido y el balance de las jornadas ha respondido a las mejores expectativas de producción de nuevas ideas y propuestas, en el contexto de una colaboración que está llamada a impulsar el cambio de concepto y paradigma de políticas públicas de modernización en la justicia española.

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El SISEJ eleva consulta urgente al Ministerio de Justicia sobre el alcance de su cambio de criterio respecto a la antigüedad en la categoría

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El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ ha dirigido consulta urgente al Secretario General de la Administración de Justicia para que aclare el alcance del cambio de criterio del Ministerio de Justicia respecto a la antigüedad en la categoría necesaria para ocupar destinos en concursos de traslado, puestos de libre designación y puestos en concurso de méritos.

Con ocasión del nombramiento mediante el procedimiento de libre designación de la Secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias por la Orden Ministerial 405/2017 de 25 de abril, y como se puso de manifiesto en la última sesión del Consejo del Secretariado de 6 de abril de 2017, el Ministerio de Justicia interpretó para dicho nombramiento que los “diez años de antigüedad consolidada” en la segunda categoría exigidos por el artículo 464.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en realidad se refieren a “diez años de antigüedad ocupada”.

 

Dado este sorprendente criterio interpretativo del Ministerio, y ante las dudas suscitadas en nuestro colectivo, desde el SISEJ hemos elevado consulta al Secretario General de la Administración de Justicia a fin de que aclare si se va a aplicar el mismo criterio de antigüedad en la categoría ocupada a las próximas convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, sea mediante concurso de traslado ordinario u otras formas, o si sólo es aplicable esta interpretación al nombramiento puntual de la Secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias.

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia consideramos que es necesario un pronunciamiento claro del Ministerio de Justiciaantes del próximo concurso de traslado, y en caso de aplicar el nuevo criterio a todos los Letrados, que se publique de modo inmediato el  escalafón del Cuerpo adaptado al mismo.

Comparecencia del SISEJ en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en el marco de la Subcomisión para una estrategia nacional de justicia.

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El martes 20 de junio el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ compareció a través de nuestra portavoz, Abigail Fernández, en la Comisión de Justicia del Congreso de Los Diputados, en el marco de la Subcomisión impulsada por la mayoría actual para definir una Estrategia Nacional de Justicia lo más consensuada posible.

 

Tanto en la intervención inicial como en el turno de réplica,  por el SISEJ expusimos aquellos aspectos que a juicio de nuestra organización y conforme a lo que constituía el objeto de la comparecencia, deberían fundamentar un amplio consenso político para la reforma de la Administración de Justicia y del servicio público de la misma en beneficio de la ciudadanía.

 

Nuestra portavoz expuso la necesidad de retomar los procesos de modernización de la organización de la Justicia paralizados desde 2011, como la implantación de la Oficina Judicial; la urgencia de que por los poderes públicos se inicie una auditoría de la justicia, dado que España es el único estado de Europa donde el ejecutivo no dispone de datos propios ni precisos de la situación de una administración pública, y denunciando la anómala situación de un órgano autónomo como la Comisión Nacional de la Estadística Judicial; la conocida propuesta del SISEJ para la inevitable reorganización de la justicia mediante la implantación de los tribunales de instancia complementada por unidades judiciales de proximidad como los tribunales de base además de oficinas de atención a la ciudadanía; la optimización de recursos humanos en la justicia que ello deberá conllevar, en un escenario en que una parte de los Letrados de la Administración de Justicia pasen a integrarse en el Poder Judicial aumentando la ratio de jueces hasta niveles europeos en un período razonable de tiempo; la modernización procesal y de gestión pública que debe suponer la implantación de una agenda de señalamientos regida por criterios objetivos y homogéneos, la superación del diseño actual de la fe pública judicial; la racionalización del empleo público en nuestro sector, mediante la apertura y convocatoria de todas las vías de acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, incluido el concurso-oposición extraordinario; la exigencia al Gobierno de que cumpla el mandato unánime de las Cortes cumpliendo la Ley 20/2011 del Registro Civil, cuya entrada en vigor se ha retrasado deliberadamente por los Ministros Ruiz-Gallardón y Catalá desde su promulgación, por intereses distintos del servicio público; y, por supuesto, la denuncia de la situación de degradación profesional del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, un Cuerpo superior del Estado condenado a funciones puramente auxiliares y accesorias, escandalosamente aumentadas en las últimas reformas legislativas.

 

Desde el SISEJ agradecemos la convocatoria a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ofreciendo nuestra colaboración a los distintos grupos parlamentarios, a los que hemos emplazado e invitado a las jornadas que organizamos en Cádiz durante los próximos días 28-30 de junio sobre administración de justicia: organización, tecnología y proximidad.

El acceso íntegro y descarga de las intervenciones de nuestra portavoz, Abigail Fernández, se puede seleccionar y consultar en el siguiente enlace a la web del Congreso de los Diputados.


 

EL SISEJ SOLICITA EL RELEVO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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Hemos tenido conocimiento público de que el Secretario General de la Administración de Justicia ha comunicado unilateralmente a una de las organizaciones profesionales de nuestro sector que suspende la comunicación que emitió por vía jerárquica interna para cambiar el criterio en las sustituciones entre Letrados de la Administración de Justicia.


Desde el SISEJ consideramos que de ser cierta esta información reviste una especial gravedad institucional dado que el Secretario General reconoce haber dictado una orden general solo conocida de modo indirecto, pese a que la Subdirectora General de Programación de la Modernización había informado a nuestra portavoz la semana pasada de que no existía ningún cambio de criterio en ese sentido, faltando por lo tanto a la verdad en esa comunicación.


A día de hoy, el Secretario General, sigue sinresponder al escrito dirigido por nuestra organización solicitando información sobre esta cuestión. Por el contra, reconoce que cambió este criterio y lo rectifica, según parece, de manera inusualmente irresponsable y poco seria a través de una organización profesional del sector, la que él mismo dirigió durante años hasta que  fue designado como vocal en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, antes de dar el salto a la Secretaría General de la Administración de Justicia.


El Secretario General de la Administración de Justicia es, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, el órgano superior de Gobierno y  cúspide jerárquica del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
 Precisamente por la responsabilidad de este cargo, que ostenta Antonio Dorado Picón desde 2014, resulta inadmisible esta falta de transparencia en la gestión pública y este menosprecio institucional frontal al colectivo que sobre el papel dirige. 

Desde el SISEJ, siendo conscientes de que la actuación de Antonio Dorado como Secretario General se enmarca en una pésima gestión por parte del Ministerio de Justicia, consideramos que ha llegado el momento de su relevono sólo por este último episodio, colofón de una larga serie deactuaciones similares, sino, además:

 

1.- Por una política de nombramiento de cargos caracterizada por la opacidad y el partidismo en perjuicio de los criterios de mérito y capacidad, fundamentales en toda Administración democrática, poniendo en peligro la imparcialidad de la Administración de Justicia.

 

2.- Por la instauración de una falta de transparencia en la dirección del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, sin precedentes e impropia de los países de nuestro entornopudiendo citar como ejemplos la política de cobertura de puestos de trabajo en comisión de servicios y el régimen de sustituciones entre Letrados.

 

3.- Por la ruptura del cauce formal de interlocución institucional del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría General con las organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia, sustituido por una práctica anormal de encuentros bilaterales y selectivos, con frecuencia sin publicidad, en lugar de reuniones formales de trabajo con todas las organizaciones del colectivo.

 

4.- Por su falta de capacidad para el ejercicio de lascompetencias de la Secretaría General de la Administración de Justicia, dada, por ejemplo, la parálisis de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, cuyos datos deberían ser fundamentales para determinar la estrategia del Ejecutivo en Justicia; el abandono de la implantación e implementación de la Oficina Judicial; de los programas de calidad en oficinas judiciales; de la planificación estratégica, dirección y ejecución de la modernización tecnológica de la Administración de Justicia, a la vista del escandaloso fracaso del proyecto “papel 0” y el naufragio diario de LEXNET;de la integración automática de los registros de Justicia, especialmente el de protección de víctimas de violencia doméstica con las aplicaciones de gestión procesal, como venimos denunciando reiteradamente.

 

5.- Por la precarización profesional del colectivo de Letradas y Letrados de la Administración de Justiciadel que es máximo responsable, que se encuentra saturado de funciones residuales sin avances en las competencias directivas ya atribuidas, que no se reconocen de manera adecuada, ni salarial ni institucionalmente.

 

6.- Por la falta de impulso a la reforma del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, ni tan siquiera de su mera adaptación a la modificación legislativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en 2015, y del propio escalafón del Cuerpo.

 

7.- Por la práctica paralización del Consejo del Secretariado como órgano consultivo, que apenas ha sido convocado esta legislatura, que sigue sin publicar sus actas y acuerdos, al que no se somete ni tan siquiera a informe de candidaturas a puestos que no cuentan con el beneplácito preconcedido de la Secretaría General, y que mantiene contra todo criterio jurídico a una vocal que no cumple los requisitos para ello.

 

Por todo ello, desde el SISEJ creemos necesario el inmediato cese y sustitución de Antonio Dorado Picón al frente de la Secretaría General de la Administración de Justicia.

 

Comisión ejecutiva, 15 junio 2017

 


 

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