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Reunión 10 marzo 2017 con Ministerio de Justicia: reglamento orgánico y Registro Civil

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El pasado viernes el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, a través de nuestra Secretaria de Organización, Pilar Parrilla, participó en la reunión informativa que el Ministerio de Justicia había convocado con las organizaciones de nuestro colectivo sobre la reforma del Reglamento Orgánico, con un orden del día ampliado a última hora para tratar sobre la polémica reforma del Registro Civil.


Reglamento orgánico


El Ministerio anunció que solamente centraría la reforma en dos aspectos que considera urgentes: el Consejo del Secretariado y el escalafón.


Respecto al Consejo del Secretariado, anunció una próxima Orden para regular el funcionamiento y el sistema de elección, y que el Reglamento solo afectaría al régimen jurídico de los Letrados que forman parte de dicho Consejo. Como es conocido el SISEJ ha venido manteniendo una postura muy crítica en todo lo relacionado con este órgano consultivo, por lo que esperaremos a conocer los planes del Ministerio en este año 2017, en que precisamente acaba el mandato iniciado tras las elecciones de 2013.


Por lo que se refiere a la regulación del escalafón, cuya falta de elaboración por el Ministerio hemos venido denunciando, se nos informó de que, finalmente, el Ministerio optará por hacer la foto fija de la composición del Cuerpo con fecha 1 de octubre de 2015, al considerar que es la que menos perjudica a los Letrados. Por los responsables ministeriales se añadió que no se puede aplicar el criterio exclusivo de la antigüedad afectando más a quienes están consolidando categoría. Además de ello, el Ministerio de Justicia manifestó su preocupación por cómo quedarían los Letrados que estuvieran en el Tribunal Supremo una vez volvieran a sus puestos.


Sobre otras materias, se habló del CEJ (formación especializada por cambio de orden jurisdiccional, formación inicial en "justicia digital"). El Ministerio también habló de la posibilidad de convocar un concurso de traslado al año "con resultas", y se declaró "consciente" de la problemática de las entradas y registros en juzgados mixtos, pero alegó que la negociación "es complicada". En similares términos, informó de que la negociación sobre las libranzas es "muy dura". Entendemos que el Ministerio se refiere a las negociaciones del Reglamento de Letrados que está llevando a cabo, como en otras materias, con las organizaciones de funcionarios de gestión, tramitación y auxilio.


Registro Civil


Seguidamente se incorporó a la reunión el Secretario General de la Administración de Justicia para tratar exclusivamente el punto añadido a última hora, el Registro Civil. La intervención del Secretario General puso de manifiesto el nerviosismo del Gobierno ante la reforma que intenta impulsar para desnaturalizar la Ley 20/2011 antes de su entrada en vigor, el 1 de julio próximo. Dicha intervención se centró en reprochar nuestras críticas públicas al proyecto, del que hace unos días se nos dio traslado solo "para nuestro conocimiento" sin tan siquiera interesar alegaciones. En este sentido, y ante nuestra solicitud al Ministerio para que aclarara si abría plazo para alegaciones, el Secetario General manifestó expresamente que no, de manera contradictoria con lo que hasta ese momento había expuesto. Desde el SISEJ interpretamos dicha actitud como un grave error por parte del Ministerio, cuyas motivaciones desconocemos. Así, opinamos que el Ministerio debería reconsiderar su actitud y abrir un plazo de alegaciones para conocer la opinión de las organizaciones de Letrados y, por extensión, del colectivo.


Respecto a ello, desconocemos con exactitud con quién y cómo está se está negociando o ha negociado el Ministerio de Justicia un proyecto que consideramos no mejorará el servicio público, el funcionamiento y actuales problemas del Registro Civil, ni los derechos de nuestro colectivo.


 

Comunicado del SISEJ en la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

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Desde el SISEJ queremos sumarnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a la reivindicación de cuantos esfuerzos y luchas sean necesarios para que el derecho fundamental a la igualdad y al respeto de los derechos humanos de todas las mujeres sean reconocidos efectivamente en todo el planeta.

Conforme a los datos de Naciones Unidas apenas el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. De ellas, la mayoría trabaja en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y doméstico, y se concentran en empleos peor remunerados y con menos cualificaciones, con poca o ninguna protección social. Si nos circunscribimos al estado español, los datos no son mucho más halagüeños: sin entrar a profundizar en la brecha salarial y el recorte de derechos laborales que ha utilizado la crisis como excusa y que ha generado una grave feminización de la pobreza, sirva como ejemplo que, conforme a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Mujer, de las excedencias por cuidado de hijos o hijas el 93,33 por cien correspondían a las madres, mientras que las mujeres habían solicitado el 84,58 por cien de las relativas al cuidado de otros familiares. Un 72,61 de las personas ocupadas a tiempo parcial en 2016 eran mujeres.

La discriminación laboral tiene también su evidente reflejo en el ámbito institucional: las mujeres, que componen más de la mitad de la población española, ocupan, sin embargo, sólo un tercio de los altos cargos de la Administración. En el ámbito judicial, según datos de 2014, un 58.84 por ciento de los y las jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia eran mujeres. En un entorno mayoritariamente femenino, los ámbitos de poder nos siguen estando negados: sólo un 33 por ciento de fiscales jefe y tenientes fiscales y sólo un 13 por ciento de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres. Más grave es la situación del Tribunal Constitucional, órgano en el que desde 1980 sólo han participado 5 mujeres. Desde este sindicato entendemos que la Justicia, en todas sus instancias y órganos de gobierno, debe ser representativa de la sociedad española, y no podemos sino denunciar, como hemos hecho en otros ámbitos, el déficit democrático de una institución que excluye a la mitad de la población por razón de su género.

 La discriminación laboral e institucional solo son, sin embargo, dos formas más de las múltiples violaciones de derechos que sufren diariamente las mujeres por el mero hecho de serlo. Entre las más graves, sin lugar a dudas, la violencia machista: 2017, a 8 de marzo, es ya el peor año de la década en cuanto al número de mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas, con 16 crímenes y 8 menores huérfanos a consecuencia de los mismos. Ante una situación de emergencia social como ésta, y en un momento en que está sobre la mesa el necesario Pacto de Estado contra la violencia de género, instamos a los poderes públicos a que no sólo se revise cuidadosamente la eficacia de las medidas judiciales (insistiendo especialmente en la necesaria sensibilización y formación específica de todos los operadores jurídicos que intervienen) sino que se aborde de forma realmente integral el fenómeno de la violencia machista en todas sus vertientes (violencia sexual, trata, prostitución, mutilación genital, matrimonios forzados, acoso laboral...) y con especial incidencia en los esquemas sociales patriarcales que la perpetúan.

 En el marco de la gestación de dicho Pacto de Estado contra la violencia de género, llamamos la atención sobre dos cuestiones particulares en el ámbito de la Administración de Justicia: de una parte, sobre la paralización por parte del Ministerio de Justicia y por razones desconocidas de la integración del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género con los sistemas de gestión procesal con los que se trabaja en las oficinas judiciales, actuación prevista por el Real Decreto 95/2009 y que permitiría a juzgados y tribunales gestionar los datos desde un único punto, agilizando y afinando con ello la respuesta para la protección de las víctimas.

 Igualmente nos preocupa la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Dicha medida, que supone la eliminación de determinados Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la asunción de sus competencias por otros de poblaciones más o menos cercanas, debe permitir la especialización y una mejor asistencia a las afectadas, pero para ello precisa unos estudios previos y el diseño de planes de apoyo integral a las víctimas que garanticen que la lejanía física de la sede judicial no suponga su lejanía material respecto del servicio público de la Justicia. Pero si únicamente, y como puede ocurrir, se toman como base los poco fiables datos estadísticos de Justicia y datos económicos en términos de mero ahorro monetario a corto plazo, los resultados pueden ser dramáticos en orden a la prevención y protección de las víctimas.

Diez años después de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lamentablemente la realidad sigue dejando patente la necesidad de poner de manifiesto todas las formas de discriminación contra las mujeres por el hecho de serlo, y de seguir luchando contra ellas cada día.

 


 

Comunicado sobre la autonomía del Ministerio Fiscal

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Los últimos días han salido a la luz en el ámbito de la justicia noticias que han generado preocupación y rechazo social por dos cuestiones distintas: la apariencia de falta de independencia de jueces y fiscales y la apariencia de que la justicia no es igual para todos. Nos referimos a las sentencias de los casos Noos y Gürtel, la condena de un rapero por canciones contra la casa real, y los ceses y noticias sobre presiones a miembros del Ministerio Fiscal. 

Estamos convencidos de que, al menos con carácter general, Jueces y Magistrados actúan con independencia en el ejercicio de sus cargos. Pero es inadmisible que los nombramientos de los vocales del Consejo, como de los más altos cargos de la judicatura, parezcan responder en demasiadas ocasiones a criterios partidistas (que no políticos), y que tanto el grupo parlamentario mayoritario como el Gobierno no disimulen su interés por situar a personas de su entorno en tales puestos.  

Cuestión distinta de la independencia de Jueces y Magistrados es la de su imparcialidad. El diferente grado de severidad de sentencias dictadas en casos mediáticos, y la relación entre las resoluciones de casos análogos denota que quienes las dictan son independientes, pero pone en cuestión su imparcialidad y aumentan la convicción de que la Justicia no es igualitaria. En particular, y desde el respeto por todas las decisiones judiciales, llaman a la reflexión las dictadas en casos en que se determina la línea que separa un derecho fundamental como es la libertad de expresión, de un delito, y la severidad con la que muchas veces se juzgan manifestaciones de carácter marcadamente político.

En cuanto al Ministerio Fiscal, la convicción de que la dirección de dicho órgano obedece a motivos espurios que nada tienen que ver con la defensa de la legalidad, los intereses de los ciudadanos y el interés público es igualmente preocupante. Dicha convicción no es gratuita, sino provocada por ceses no comprensibles y denuncias públicas de presiones a las que siguen declaraciones ministeriales nada tranquilizadoras.

El Ministerio Fiscal no es independiente al tratarse de un órgano jerarquizado cuya función constitucional es distinta de la de Jueces y Magistrados, pero sí es, o debe ser, autónomo. En el actual estado de cosas, y pese a lo necesaria que es, resulta inquietante pensar en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el actual Ministerio de Justicia que atribuya a las Fiscalías la instrucción de las causas penales. 

Es imprescindible garantizar y potenciar la autonomía del Ministerio Fiscal, así como protegerlo frente a intromisiones injustificadas que distorsionen su función y su lógica, y ello, particularmente en fiscalías tan sensibles como las anticorrupción, cuyos titulares deberían estar especialmente protegidos frente a cualquier ataque. 

Las nefastas consecuencias de esta manera de actuar aumentan la desafección de la sociedad respecto de la Justicia, lo que constituye un serio problema de calidad de nuestra democracia. La Justicia no sólo debe de ser imparcial e independiente, sino que también debe generar confianza y seguridad a la ciudadanía, especialmente en aspectos fundamentales desde un punto de vista democrático como son la libertad de expresión y la persecución de los delitos de corrupción.

 


 

Reunión con la Presidenta del Consejo General de la Abogacía

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Ayer, 21 de febrero, una representación del SISEJ integrada por nuestra Portavoz, Abigail Fernández, y Miguel Ángel García, miembro de la Comisión Ejecutiva, se entrevistó con la Presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en una reunión en la se pusieron de manifiesto los múltiples puntos de encuentro entre ambos.

Desde el SISEJ felicitamos a la Presidenta por la actividad incesante que está desarrollando el Consejo General, y en particular por sus propuestas para un nuevo Pacto de Estado por la Justicia, que ofrecen un punto de vista amplio e integrador sobre las necesidades de la misma.

 Victoria Ortega (CGAE), Abigail Fernández y Miguel Ángel García (SISEJ)


Valoramos especialmente las relativas a la necesaria reforma estructural de la Administración de Justicia para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía mediante, entre otras medidas, el despliegue integral de la Oficina Judicial, la implantación de Tribunales de Base o Primer Grado para asuntos de menor complejidad, propuestas que también reivindica el SISEJ y que, en el caso de los Tribunales de Base, cada vez está generando un mayor consenso social y entre los colectivos profesionales del sector Justicia.

Junto a la organización y estructura de la Administración de Justicia se trataron otros temas como la necesaria cuestión municipal (la previsión de soluciones de proximidad que garanticen la atención de la ciudadanía en todos los municipios), la preocupante situación del Registro Civil ante la entrada en vigor de la ley 20/2011 o la reclamación de la abogacía de la suspensión de la aplicación del IVA a la justicia gratuita, a raíz del cambio de criterio de la Dirección General de Tributos.

Desde el SISEJ consideramos que las reformas que requiere la Administración de Justicia precisan del concurso de todos los actores implicados, entre los que la abogacía ocupa un puesto fundamental para la garantía de los derechos de los ciudadanos. En este sentido hemos recordado el excelente trabajo conjunto desarrollado, entre otros, por el SISEJ y el Consejo General de la Abogacía para la eliminación de las tasas judiciales.

Agradecemos a la Presidenta del Consejo General su disponibilidad y el interés prestado, y asimismo le hemos ofrecido nuestra cooperación para el logro de los objetivos comunes: una Justicia de calidad que responda a las necesidades y exigencias sociales.

 


 

Nuevo artículo en "Pensamiento Crítico"

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En el blog Pensamiento crítico publicamos un interesante articulo de nuestro compañero Javier Canal Meana en el que analiza el RDL 1/17 y expone los motivos para no acogerse al mismo.

 

 

 

Aprobada la Orden de diseño, estructura y organización de la Oficina Judicial en la Comunitat Valenciana y creación de Servicios Comunes

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La transformación de la administración de justicia en una administración moderna sigue acelerándose en la Comunitat Valenciana tras el acuerdo de creación simultánea de 35 Servicios Comunes de la Oficina Judicial en otras tantas localidades.

En este caso el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica la Orden 5/2017 de organización de la Oficina Judicial que permitirá seguir un modelo uniforme en toda la Comunidad Autónoma.

Así mismo, ha sido objeto de publicación oficial en el BOE y en el DOGV la primera resolución de concurso para la provisión de puestos específicos en los nuevos servicios comunes. 

Queda pendiente por parte del Ministerio de Justicia la convocatoria de puestos directivos de trabajo de Letrados de la Administración de Justicia, y así se lo recordamos en la reciente reunión del pasado 7 de febrero.

Finalmente, ofrecemos el documento con las relaciones de puestos de trabajo para la Oficina Judicial, aún pendientes de informe del Consejo General del Poder Judicial, así como un documento con los criterios seguidos para la elaboración de las mismas respecto a los Servicios Comunes de Ejecución.

 


 

Reunión con el Ministerio de Justicia: rumbo variable y ausencia de propuestas estructurales

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El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia ha acudido a la reunión con el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, convocada para el martes 7 de febrero conjuntamente con el resto de organizaciones de nuestro colectivo. A la misma asistieron la Secretaria de Estado, Carmen Cortés , el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Delgado, el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado y por parte del SISEJ nuestra Portavoz, Abigail Fernández junto a Jose Manuel Beiro del equipo de comunicación.  El Gobierno nos informó de las siguientes cuestiones:


Nuestra Portavoz, Abigail Fernández, durante nuestra participación en la reunión

Registro Civil

En primer lugar debemos manifestar nuestra satisfacción por que, tras años de protestas, propuestas, peticiones y movilizaciones sindicales y sociales en las que ha participado activamente el SISEJ, el Gobierno haya decidido rectificar sus planes iniciales de privatización parcial y haya apostado por el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia para dirigir el Registro.

Los Letrados de la Administración de Justicia somos el Cuerpo mejor preparado para asumir las funciones de Encargados del Registro Civil, y aunque consideramos que dicha responsabilidad debe conllevar una mejora retributiva, desde el SISEJ no pondremos ningún impedimento a su asunción inmediata siempre que se realice en los términos adecuados, que desde nuestro punto de vista son los previstos en la Ley 20/2011.

Sin embargo, lo anunciado no es el nuevo Registro Civil de la Ley 20/2011, sino que se mantendrá el mismo incardinado en la estructura de juzgados y juzgados de paz a todos los niveles. Incluso el Secretario General ha insistido en diferenciar a efectos organizativos entre cuestiones registrales y cuestiones de estado civil.

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia queremos exponer nuestra decepción con esta regulación del Registro Civil, que desnaturaliza por completo las previsiones y el objeto de la Ley 20/2011, aprobada en su día por unanimidad en las Cortes Generales, y deja pendiente la implantación de un Registro Civil moderno, telemático, de calidad, y plenamente desjudicializado que responda a las necesidades de la sociedad actual, lo que desde nuestro punto de vista supone una absoluta involución en el modelo legalmente previsto.

Incluso en cuanto a las previsiones organizativas, el Ministro ha anunciado que habrá "ajustes legislativos", y ha reconocido que el Gobierno no tiene ningún dato ni ninguna herramienta estadística para la medición de cargas de trabajo e impacto de gestión derivadas de la reforma.

En cualquier caso el Ministro tampoco ha realizado una manifestación clara sobre si el "nuevo" Registro Civil se podrá implementar a tiempo de la entrada en vigor de la norma reguladora, el próximo 1 de julio, o por el contrario promulgará una nueva prórroga de la "vacatio legis" de la Ley 20/2011 del Registro Civil.

En este sentido, desde el SISEJ hemos emitido un comunicado público del que ya se ha hecho eco medios de comunicación digital como El Diario y la agencia Europa Press, entre otros.

Ley de Enjuiciamiento Criminal 

Por lo demás, Rafael Catalá nos ha reiterado su voluntad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para crear la figura del Juez de Garantías y la del Fiscal instructor, pero adelantando que se hará siguiendo el principio de no introducir cambios significativos a nivel corporativo de los colectivos afectados, más allá de los 800 jueces de instrucción que deberán redefinir su papel. Así, también en este aspecto, valoramos que el Gobierno no está pensando en la inaplazable reforma a fondo del proceso penal que una sociedad democrática y moderna necesita.

Centro de Estudios Jurídicos

El Secretario General de la Administración de Justicia manifestó que el equipo ministerial tiene intención de mejorar la formación tecnológica de nuestro Cuerpo, aunque todavía no tiene clara la linea a seguir para lograrlo. Por parte del SISEJ, solicitamos la introducción de mejoras formativas en nuestra línea reivindicativa así como que se nos convoque a las sesiones y reuniones del Consejo Rector del CEJ, respecto a lo que el Secretario General se mostró receptivo, remitiéndose a la dirección del Centro de Estudios Jurídicos.

El resto de cuestiones del orden del día recibieron un tratamiento menor por parte del Ministerio, pese a incluirse cuestiones tan importantes como el estado de implantación de la Oficina Judicial o el acuciante problema de la ejecución civil.

Por el Ministerio se nos comunicó finalmente que en fechas próximas presentará un texto para la reforma del Reglamento Orgánico de Letrados de la Administración de Justicia, y no un nuevo Reglamento, para cuyo estudio nos convocará a una próxima reunión de trabajo.

Nuevo y completo éxito de la jornada del SISEJ en Barcelona sobre Oficina Judicial y Tribunales de base, presente y futuro

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Al igual que en la jornada de València del pasado 25 de noviembre, la propuesta del SISEJ sobre tribunales de base sigue su desarrollo, crecimiento y difusión, en esta ocasión superando previsiones en la jornada de Barcelona, en que la también hemos tenido la oportunidad de ofrecer información de primera mano sobre el estado de implantación de la Oficina Judicial, a través de representantes del Ministerio de Justicia y de la Generalitat de Catalunya.

Tras la presentación institucional por nuestra portavoz Abigail Fernández, el Director del CEJFE de Catalunya,  Gabriel Capilla y el Secretario de Gobierno del TSJC, Jaume Illa.

     

 Imágenes de la inauguración institucional y de la mesa sobre Oficina Judicial con las representantes del Ministerio de Justicia y la Generalitat de Catalunya.

Por parte del Ministerio de Justicia nos explicó el estado de la implantación de Oficina Judicial Verónica Ezcurra, asesora de la Secretaría General de la Administración de Justicia, y por la Generalitat Núria Alonso detalló el estado y plan de implantación actual en la Comunidad Autónoma de Catalunya, en una mesa presentada por nuestra compañera y codelegada de Catalunya María José Costa.

Queremos destacar el gran interés en el contenido y en el debate posterior generado por la siguiente mesa, en la que expusimos propuestas técnicas para el desarrollo del proyecto de tribunales de base. Presentados y moderados por nuestra compañera Cinta Subirats, Letrada en el Juzgado Penal 2 de Tortosa, resumió brevemente la propuesta inicial Rafael Lafuente, exportavoz del SISEJ. Posteriormente, en exposiciones de excelente calidad y muy aplaudidas, aportaron datos y estudios detallados sobre el posible impacto procesal y organizativo de nuestra propuesta en las distintas jurisdicciones los compañeros Maite Bracons, Cristina Carretero, Ascen Capel, Josep Maria Valls y Andrés Llamas. La jornada finalizó con un intenso y participativo debate técnico final dirigido por nuestra portavoz Abigail Fernández.

 Algunas imágenes de las exposiciones técnicas sobre las diferentes jurisdicciones en la mesa de tribunales de base

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia queremos destacar la gran acogida de la jornada de Barcelona, en que superamos las previsiones de asistencia, y agradecer su presencia y participación a todos los compañeros asistentes e invitados, entre los que tuvimos el placer de contar con representación de todas las organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia.

Anunciamos desde este momento y emplazamos a todos los compañeros a participar y seguir las próximas jornadas del SISEJ que, con carácter estatal, tendrán lugar en Cádiz los días 28,29 y 30 de junio de 2017. Rogamos atención a nuestros canales informativos habituales, donde en fechas próximas ofreceremos más información.

Textos para debate público:

PENSAMIENTO CRITRICO

2013: medidas para el rescate de la justicia

Jornadas SISEJ Madrid 2015

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