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Valoración del SISEJ sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en Justicia para 2019

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia consideramos decepcionante el contenido referente a Justicia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

En primer lugar, por su carácter continuista respecto a los presupuestos públicos para 2018, diseñados y presentados por el gabinete que entonces dirigía Rafael Catalá.

Si bien se presenta como principal logro el aumento cuantitativo de 1.754 a 1.838 millones de euros, la distribución de las partidas se caracteriza por dos rasgos:

  • El aplastante predominio del gasto frente a la inversión. La ineficiencia presupuestaria arrastra un notable desequilibrio, fruto de una administración de justicia anticuada y mal organizada. Del total de 1.838 millones de euros, 1.451 (el 72%) están exclusivamente destinados a sueldos y gastos de personal, con lo que el verdadero presupuesto disponible para “gobernar” y modernizar la justicia quedaría en apenas 387 millones de euros.
  •  La práctica paralización de la modernización de la organización judicial traducida en la ausencia de políticas públicas definidas y planificadas para la modernización de la Justicia. Según el Ministerio este es un “eje fundamental” de su acción, pero lo cierto es que le dedica apenas 174,6 millones de euros, de los que 125 millones de euros se destinan a la transformación digital de la justicia, reduciendo incluso la partida de 131,3 millones de euros que presupuestó el equipo ministerial anterior para 2018.

Nos preocupa la falta de transparencia en cuanto a la voluntad ministerial respecto al nuevo Registro Civil, transcurridos ya varios meses desde la última prórroga. El Gobierno debe comenzar los trabajos de gestión para implementar progresivamente el nuevo Registro Civil público y gratuito tal como se establece la Ley 20/2011, cuya entrada en vigor está prevista para julio de 2020. El Gobierno debe también dar pasos inequívocos y decidir públicamente si va a apostar por mantener la fracasada organización judicial del Registro Civil de 1958 o si va a dotar a la ciudadanía de un Registro Civil verdaderamente nuevo y eficiente.

También queremos realizar una reflexión ante la opinión pública expresando la vergüenza que, como servidores públicos, nos produce la imagen de subasta y mercadeo corporativo con que el Ministerio de Justicia viene escenificando y sobreactuando con organizaciones representativas de la carrera judicial y fiscal a cuenta de sus reclamaciones profesionales, mayoritariamente salariales.

No cuestionamos la licitud de tales reivindicaciones, pero sí que sean el eje central de la acción negociadora del Ministerio de Justicia. De hecho, todos los trabajadores del sector justicia queremos cobrar más, y en el caso de los Letrados de la Administración de Justicia los poderes públicos tienen además una deuda histórica con un Cuerpo superior desaprovechado a todos los niveles.

Por el contrario, parece como si el Ministerio se hubiera independizado del Gobierno, presentándose exclusivamente como una herramienta para la suma y conciliación de intereses de cada colectivo, posponiendo las necesidades de la ciudadanía que sigue padeciendo un servicio nefasto plagado de retrasos y desequilibrios escandalosos por culpa del mal funcionamiento de la maquinaria administrativa responsable de que la tutela de sus derechos sea eficaz.

Finalmente, valoramos positivamente que se incluya por primera vez desde 2013 una partida de 15 millones de euros para actuaciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, creemos que se queda en una medida de carácter cosmético y de apariencia poco sincera en un entorno, el de la Administración de Justicia, que sigue ostentando símbolos de exaltación de la dictadura franquista como la Orden y la Cruz de San Raimundo de Peñafort creada en 1944 para premiar la concepción y valores jurídicos de la dictadura. De hecho el Ministerio de Justicia ha manifestado ya en sede parlamentaria que no tiene prevista ninguna actuación para reformar dicha distinción, algo que podría hacer a coste cero, pero que no se quiere hacer por motivos que ignoramos. Mientras tanto, la Sra. Ministra de Justicia seguirá compartiendo un espacio jurídico con el Sr. Arzobispo de Toledo para decidir y valorar los méritos que reconoce la cruz de San Raimundo de Peñafort.

Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia

6 febrero 2019

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