El 22 de diciembre de 2011 tomó posesión como Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que venía de dirigir durante ocho años la alcaldía de Madrid. Un año después, valoramos su gestión como una etapa oscura en la gestión de la administración de justicia en nuestra breve historia democrática.
En la generalidad de las vertientes de la actividad ejecutiva del Ministerio de Justicia no sólo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido respecto a la situación en que se encontraba la justicia entendida como servicio público. De hecho, el Sindicato de Secretarios Judiciales ya emitió un comunicado hace meses valorando con un suspenso la gestión del Ministerio.
Desde el SISEJ tenemos elementos para afirmar que el gabinete que ejerce actualmente el Poder Ejecutivo en justicia se ha venido caracterizando por la carencia de iniciativa para gestionar la administración de justicia, y ha actuado por una parte a merced del Consejo General del Poder Judicial, órgano dotado de una importante capacidad presupuestaria y organizativa, y por otra parte a merced de los intereses corporativos que el Sr. Ministro ha considerado oportuno potenciar.
Como principales aspectos, y de modo muy somero, queremos destacar los siguientes:
Abandono de la modernización de la administración de justicia
Recordemos que la primera medida del nuevo Gabinete fue la supresión de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, que dirigía el proceso de implantación de la nueva oficina judicial, y era la organización llamada a sustituir a los vetustos juzgados y tribunales, acabando así con décadas de ineficacia, lentitud, privilegios injustificables y arbitrariedad procesal, siempre en perjuicio de la ciudadanía. En este período no se ha implantado la oficina judicial en ninguna sede que dependa del Ministerio de Justicia. La excusa ha sido la presupuestaria (presupuesto recortado en esta materia por este mismo Gobierno) y la de la falta de adaptación tecnológica. Sin embargo, todos sabemos que la modernización de la justicia es una cuestión de reorganización de personal y estructuras de trabajo que no necesita más inversión tecnológica y que los motivos reales de la paralización –resistencias corporativas y horizonte de privatización- deberían ser explicados a la opinión pública.
Marginación institucional del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales
En nuestro sector, los Secretarios Judiciales, Cuerpo superior llamado por ley a gestionar la dirección de las oficinas judiciales, el retroceso ha sido patente. El Ministro de Justicia ni tan siquiera ha recibido institucionalmente en todo este período a las organizaciones de Secretarios Judiciales. Nuestros derechos sociales y laborales siguen sin tener un marco sindical adecuado de representación y negociación colectiva, debido a lo cual padecemos el peor régimen laboral en términos comparativos de todos los Cuerpos de la Administración de Justicia. Las protestas, concentraciones y comunicados de Secretarios Judiciales se han sucedido a lo largo de todo el año y en todos los territorios. Dos organizaciones del sector y algunas asambleas de Secretarios Judiciales hemos solicitado el cese del Ministro de Justicia. En las escasas reuniones informativas a que se nos ha convocado, el Ministerio ha anunciado diversas reformas que supuestamente abordarían la mejora de aspectos profesionales, pero no se ha hecho nada.
Privatización de la administración de justicia
La línea política general del actual Gobierno de desmantelamiento del Estado Social y Democrático de Derecho, tiene su reflejo en el sector de la administración de justicia en las iniciativas que se dirigen claramente a la privatización. Mediante la entrega del sistema público de Registros a los Registradores de la Propiedad, la entrega de los matrimonios civiles a los Notarios y la promesa de externalización de los actos de comunicación en beneficio de los Procuradores, el Ministerio considera la justicia no como un servicio público, sino como una oportunidad de negocio. El SISEJ se ha opuesto con fuerza a estas iniciativas que, sin duda, irán en perjuicio de los ciudadanos, en especial de aquellos con menos recursos, que cada vez son más.
Tasas judiciales: imposición de una justicia de ricos
La reciente ley 10/2012 de tasas judiciales ha sido un ejemplo notable de confluencia de tres elementos que han sido constantes este año: la voluntad de acabar con el servicio al ciudadano como objetivo de la administración de justicia, la torpeza en la gestión, y el menosprecio al personal público propio, y en concreto al Cuerpo de Secretarios Judiciales.
El SISEJ ha emitido siete comunicados públicos y participado en numerosas iniciativas y protestas ciudadanas, sindicales y sociales frente a una ley que nuestra organización considera injusta y de dudosa constitucionalidad, y que seguiremos denunciando y actuando. Estamos ante una excéntrica e improvisada ocurrencia legislativa dirigida explícitamente a expulsar a los ciudadanos que menos capacidad económica tienen –la mayoría- del servicio público de la justicia a través de una ampliación desproporcionada de las cuantías y los obligados al pago. En Justicia está ocurriendo como en otros ámbitos, como la sanidad o la educación: se está sufriendo un ataque coordinado inédito y sin precedentes contra la esencia de lo que son tales servicios públicos.
La justificación de su constitucionalidad, amparada en una Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 20/2012) que valora unas tasas que nada tienen que ver con las actuales resulta ser una excusa no pedida que en realidad supone el reconocimiento tácito de la inconstitucionalidad de la que, estamos convencidos, adolecen estas tasas. Junto a ello, la deficiente redacción de la Ley, que no tiene en cuenta las normas de procedimiento judicial, y su accidentada puesta en marcha, completan el perjuicio absoluto que este tributo supondrá para la ciudadanía.
El Proyecto de Código Penal
El pasado octubre se aprobó el Anteproyecto de modificación del Código Penal, que introduce nuevos delitos y agrava, entre otras, las penas previstas para los desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad de una manera y con unos fundamentos que hay que poner en relación con la difícil situación económica y social que lleva a la ciudadanía a manifestarse, y cuya criminalización parece buscarse en el texto.
Junto a estas medidas, la modificación en penas y medidas de seguridad a través de la introducción de la prisión permanente revisable (que podrá suponer el ingreso en prisión de por vida, frente a la finalidad de reinserción que la Constitución impone como objetivo a las sanciones penales), lacustodia de seguridad (una nueva medida de privación de libertad que permite que presos especialmente peligrosos puedan permanecer hasta diez años de más en la cárcel tras cumplir su condena), la consideración de la libertad condicional como un supuesto de suspensión de la pena o la posibilidad de dejar en libertad vigilada a una persona tras cumplir prisión, y, por tanto, haber saldado su responsabilidad con la sociedad, son algunas de las modificaciones que reafirman a la legislación penal española como una de las más duras a nivel europeo, pese a lo que continuamente se nos intenta hacer creer. Debemos recordar que España tiene una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, pese a lo cual el porcentaje de presos por habitante es uno de los mayores.
Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Por último, sobre la anunciada modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial no llega a haber más que anuncios difusos de la linea que seguirá, habiendo un total oscurantismo respecto de la misma. En la actualidad sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia Presupuestaria en la Administración de Justicia, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Éste Proyecto de Ley sólo supone una modificación parcial de la norma, dirigida, como su propio nombre indica, a ahorrar en gastos en el seno de la Administración de Justicia y de la que, al menos el SISEJ, no ha recibido traslado ni comunicación de ningún tipo por parte del Ministerio de Justicia.
Por todo ello, desde el SISEJ ejercemos una rotunda crítica a la gestión desarrollada este año por el Ministro de Justicia, la cual se ha llevado a cabo a espaldas de la ciudadanía en general y de las organizaciones y colectivos de la Administración de Justicia, y reiteramos nuestro convencimiento de que este gabinete debe cambiar tanto a su titular como su línea general de actuación.
