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Un servicio público que funcione y que esté descentralizado. Ése es el ideal de la justicia que esbozó el jueves por la noche Montserrat Tura en su estreno como consejera del ramo en el Colegio de Abogados de Barcelona. Compartió mesa, entre otros, con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugènia Alegret, quien recordó el contenido del Estatuto y abogó por que no se creen expectativas que no se puedan cumplir.
El título III del Estatuto, referido al poder judicial, fue uno de los más difíciles de consensuar en la tramitación del texto y todo hace pensar que será uno de los más difíciles de desarrollar. Apenas dos semanas después de aterrizar en el departamento, Tura ya verbaliza que el Estado de las autonomías no ha llegado a la justicia y que lo que ocurre "en este servicio público no pasa en ningún otro".
Los funcionarios judiciales, por ejemplo, forman parte de un cuerpo unitario que dependen en buena parte del ministerio y aún no ha sido traspasados a las autonomías. Un hecho que dejó de ocurrir hace mucho tiempo, por ejemplo, con el personal sanitario y el educativo.
Para cambiar la realidad, Tura abogó por modificar a fondo la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la madre de todas las leyes, porque es la que dibuja al detalle cómo es la Administración de justicia en España. El artículo 231.1, establece, por ejemplo, que la lengua que utilizarán jueces, fiscales, secretarios y funcionarios en todas las actuaciones judiciales será el castellano y que las demás lenguas oficiales se podrán emplear si ninguna de las partes invoca desconocimiento.
Quien recordó ese artículo no fue Tura, sino la presidenta del TSJC, que definió la realidad como una "imposición" del castellano. No en vano el debate en el que ambas participaron, así como el magistrado Santiago Vidal, había sido organizado por la Asociación de Juristas en Defensa de la Lengua Propia y por el Colegio de Abogados de Barcelona, cuya decana es Sílvia Giménez-Salinas.
Tura tampoco se mordió la lengua al hablar de los derechos lingüísticos que amparan al ciudadano en el mundo de la justicia. "La lengua es un derecho de gran valor que nos identifica como nación. Y no podemos renunciar a él en el ámbito judicial porque aún no sabemos cómo articularlo", dijo. Y remachó: "Si un diario se traduce en minutos, no es asumible que no se pueda escoger el idioma en la justicia". La realidad, sin embargo, no tiene nada que ver con el deseo de la consejera y ahora sucede que una sentencia dictada en catalán puede tardarse en conocer hasta cinco días más que si es en castellano.
Más allá de esas cuestiones endémicas, Tura reivindicó la necesidad de que la Generalitat ejerza sus competencias en justicia, porque "nadie como la Administración catalana puede conocer mejor las necesidades de los juzgados del país, ni su carga de trabajo". Tampoco le dolieron prendas al reconocer sobre la justicia de proximidad: "No hemos sabido definir qué quiere decir". Por eso insinuó que queda aparcada su aplicación. "Ganaríamos prestigio ante los ciudadanos y les pido que participen para buscar fórmulas".
La consejera subrayó la importancia que tendrá en el futuro la previsión estatutaria de que el TSJC sea la última instancia judicial en Cataluña y se reserve al Tribunal Supremo la unificación de doctrina. También recordó el cambio que supondrá la creación del Consejo de Justicia de Cataluña. "No es una cosa menor que el Parlament participe en la designación de sus miembros. Es un elemento político de primera magnitud". Con todo, abogó por que, cuando llegue el momento, se suprima el sistema de cuotas de partidos para elegir a sus integrantes, con el fin de no repetir los vicios del Consejo General del Poder Judicial. Ésta es una idea que repite Alegret desde hace tiempo, como también recuerda que la distribución de las competencias que hace la Constitución debe respetarse.
La presidenta del TSJC también recordó la queja que planteó en su día su predecesor, Guillem Vidal. Ese cargo simboliza la representación del poder judicial en Cataluña, pero en el protocolo ocupa el número 32. En Andalucía, por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior ocupa el número 3. Si es así es porque el Parlamento autónomo aprobó una ley que lo hizo posible.
