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Por medios, que no quede. El Departamento de Justicia gastará en los próximos meses 12,2 millones de euros para renovar los equipos informáticos de todas las salas de vistas de los juzgados y tribunales que hay en Cataluña, para incorporar un sistemma de grabación y reproducción digital de audio y vídeo de todos los juicios. Hace unos meses instaló el sistema en 15 salas, al finalizar el año serán 173 más y durante el próximo año, las 310 restantes. La previsión es que el próximo mes de abril hayan concluido los trabajos y se hayan renovado todos los equipos.
La grabación de un juicio, incluso de una vista, es obligatoria por ley desde el año 2001 en la jurisdicción civil. Lo que ha ocurrido desde entonces en muchos casos es que el sistema instalado no funciona correctamente, por lo que la grabación sirve de muy poco ante la pésima imagen y el deficiente sonido.
Hace unos meses, el Departamento de Justicia de la Generalitat convocó un concurso para la concesión del servicio, que finalmente se le ha otorgado a la empresa Fujitsu por 12,2 millones de euros. El sistema que se implantará asegura la calidad tanto del sonido como de la imagen y, además, la grabación de la vista será indizada, de manera que cuando se reproduzca el DVD se pueda acudir, por ejemplo, a la declaración concreta de un testigo, o de un perito.
"Será lo mismo que sucede ahora al visionar una película en casa y uno puede elegir determinadas escenas con el mando a distancia", explica Manuel Peña, coordinador en el Departamento de Justicia de las nuevas tecnológicas que se están implantando.
Actas a mano
Ese avance tecnológico que no parece tal es un paso adelante en el mundo de la justicia si se recuerda que en la Audiencia de Barcelona todavía se ven secretarios judiciales escribiendo a mano el acta del juicio; algo que con el DVD resultará prescindible. También facilitará el trabajo en las deliberaciones de los magistrados. El sistema de grabación que se aplicará tiene tres niveles. El que se instale en la sala de cada juzgado permitirá la grabación de cinco copias simultáneas de la vista. Al acabar el juicio, el abogado también podrá llevarse la grabación de la vista en una memoria USB.
El segundo nivel se instalará en un ordenador central de cada edificio judicial. En los 27 de toda Cataluña que tienen más de cinco juzgados, funcionará un sistema de emisión de copias por si lo reclama alguna parte. Ese sistema, además, permitirá al juez, desde el ordenador de su despacho, abrir el documento del juicio si desea consultarlo antes de dictar sentencia. Y habrá, además un sistema central que abarcará toda Cataluña y en el que quedarán grabadas todas las vistas.
Hasta hace poco menos de tres años no era extraño el uso de las máquinas de escribir en las oficinas judiciales. El Departamento de Justicia ha invertido desde entonces otros 19 millones de euros en renovar todos los ordenadores e impresoras en el llamado programa Iuscat. Ese plan ha incluido el reparto de un millar de portátiles a jueces, magistrados y fiscales para estimularles y facilitarles su trabajo. Alguno de ellos estaba tan encantando con el ordenador que hasta se lo llevó a Madrid cuando cambió de destino y la Generalitat se lo tuvo que reclamar recordándole que tenía asignado el uso, pero no la propiedad.
"El cambio tecnológico en la justicia se empieza a ver a partir de ahora. La idea es que, en poco tiempo, el expediente judicial de un ciudadano sea transparente y pueda saber en todo momento en qué fase se encuentra", explica Joan Turró, secretario general del Departamento de Justicia. "¿Si pasa con un expediente de Hacienda, por qué no puede pasar con un expediente judicial?", se pregunta.
De todas maneras, los responsables de la Generalitat admiten que, por mucha tecnología punta que se instale, no servirá de nada si no cambian algunos hábitos judiciales. Por ejemplo, el sarpullido que aún provoca a ciertos jueces el uso del ordenador, lo que les lleva a escribir las sentencias a mano y entregarlas al servicio de transcripciones.
22 servidores incompatibles y 100.000 telegramas al año
La informática judicial de toda Cataluña está distribuida ahora en 22 servidores. Además de la dispersión, el problema es que esos servidores son incompatibles entre ellos. Y así no hay manera de obtener ninguna estadística judicial fiable, hasta el extremo de que muchos de los datos que se manejan actualmente los elaboran a mano los funcionarios.
Pero el mayor problema que genera la falta de conexión de las bases de datos es que incide en la eficacia judicial, de manera que, por ejemplo, si llega un detenido al juzgado de guardia, el juez únicamente tiene información sobre los hechos de los que se le acusa y no sabe prácticamente nada de sus antecedentes o de si tiene otras causas pendientes o sentencias por ejecutar. Es la prueba más evidente de que los juzgados funcionan todavía como compartimentos estancos por falta de información.
Desde el Departamento de Justicia se asegura que a primeros de noviembre habrá una sola base de datos y que cuando empiece 2007 los jueces podrán empezar a acceder a ella. "A partir de entonces dejaremos de tener datos desfasados y podremos empezar a realizar políticas de eficacia judicial", asegura Joan Turró. Es decir, se podrá saber, en función de la carga de trabajo de cada juzgado o tribunal, dónde sobran o dónde faltan funcionarios y cómo mejorar la oficina judicial, dos palabras de las que el Departamento viene hablando desde hace años sin concretar qué quiere hacer y de qué manera.
Los juzgados de Cataluña generan 1,3 millones de cartas certificadas, 1,7 millones de cartas ordinarias y 100.000 telegramas. Se dedican miles de horas de trabajo de funcionarios que van por los domicilios particulares realizando citaciones de miles de personas a las que no encuentran. Y si eso es así, el proceso no puede seguir adelante porque el afectado puede invocar y, con razón, que se le está provocando indefensión.
La Generalitat también pretende, a partir de octubre, atajar esa situación y externalizar la impresión de notificaciones y la correspondencia ordinaria, de forma que se libere a los funcionarios del ensobrado diario de decenas de cartas y se remitan a un ordenador que las imprima y las remita a Correos directamente.
De esa forma, sería Correos y no el juzgado el que, en todos los casos, comunicara al afectado que tiene una citación judicial, para que acuda a las oficinas a recibirla. Y se ganarían miles de horas de trabajo de funcionarios, e incluso de policías que ahora hacen de carteros.
