El jueves 21 de marzo el Ministerio de Justicia recibió a las organizaciones de Secretarios Judiciales, entre ellas el SISEJ, para organizar grupos de trabajo que elaboren propuestas sobre los borradores de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Código Procesal Penal que las comisiones de expertos nombradas en su día por el Ministerio entregaron el mes pasado.
Los responsables ministeriales nos insistieron en que estos borradores, a los que próximamente se sumará el borrador de Ley de Demarcación y Planta Judicial, no son la postura del Ministerio.
Como ya anunciamos, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) participará a través de su afiliación en tales grupos, elaborando y presentando propuestas alternativas.
En cuanto a la reforma del régimen de categorías profesionales, el Ministerio nos reiteró su voluntad de adelantar lo más posible la reforma de la LOPJ en este punto, y de elaborar una regulación previa de carácter transitorio que mejore la regulación actual y la comience a adaptar a una futura desaparición del régimen de categorías profesionales.
A preguntas del SISEJ, el Ministerio confirmó expresamente el abandono de la propuesta de reforma del artículo 441 de la LOPJ con la correspondiente Disposición Transitoria. Se nos comunicó que la presentación del borrador ha creado un escenario nuevo en el que éste es el único material del que dispone, para lo que solicita las alegaciones del colectivo.
Desde el SISEJ defendemos desde hace años en solitario la supresión del régimen de categorías profesionales, dado que consideramos que no han supuesto más que la introducción de un artificial sistema de castas en nuestro colectivo que ha perjudicado los derechos y expectativas laborales de muchísimos compañeros, obligándoles a tomar decisiones laborales que han afectado gravemente a sus vidas personales.
Por esta razón colaboraremos con el Ministerio para encontrar un sistema que permita mejorar nuestra situación laboral aunque finalmente no se reforme la Ley Orgánica en este sentido. Debemos insistir en que estamos trabajando sobre un borrador elaborado por una comisión de expertos que el Ministerio no asume como propio. Una vez el Ministerio tome posición respecto a este texto, tras valorar las aportaciones de las distintas organizaciones con las que ha abierto el diálogo, elaborará el anteproyecto de ley, del cual debe surgir el proyecto que el Gobierno presente a las Cortes para su trámite parlamentario.
Esto supone no sólo que la reforma de la Ley Orgánica es un camino largo que a duras penas podemos decir que se haya iniciado, sino también que el texto que salga de la Cortes Generales puede no tener nada que ver con el borrador que está sobre la mesa. Por tanto, lo que el Ministerio llama “disposición transitoria” es en realidad una “disposición preparatoria” de un régimen por venir, lo que no deja de ser un escenario de trabajo insólito.
Sí queremos dejar claro, y así lo pusimos de manifiesto, que no aceptaremos que por vía de la modificación del régimen de categorías se abra la puerta a un recorte salarial encubierto (en especial, del salario base) ni a ninguna otra merma de nuestras condiciones laborales o estatutarias. Tras la modificación de la fe pública, es la segunda ocasión en que, tras defender en solitario lo que consideramos de justicia, parece que se avecinan cambios legislativos que recogen nuestras reivindicaciones, pero no consentiremos que lo que debe suponer una mejora global de nuestras condiciones se utilice para ningún objetivo que no sea ése.
Desde un punto de vista global, valoramos con escepticismo el escenario legislativo actual. La errática dirección del Ministerio de Justicia, la evidente degeneración del proceso legislativo en materias que por su importancia deberían ser de consenso, y la clara falta de coordinación y transparencia en la actuación de los diferentes departamentos del ejecutivo, nos generan una inevitable desconfianza. Nos sorprende la apuesta por unas comisiones de expertos que después de un año de trabajo presentan unos textos plagados de contradicciones, que en términos generales no resisten un análisis preliminar, y de los que ahora incluso el propio gabinete ministerial se desmarca y marca distancias.
A ello se añade la política de empleo público: durante la reunión del jueves 21 y en anteriores contactos por el Ministerio se nos anunció la solicitud de convocatoria de oposiciones para cubrir 100 plazas para Secretarios Judiciales. Apenas 24 horas después, esta información se ve desautorizada al anunciar el Consejo de Ministros que la convocatoria será tan sólo de 58 plazas.
Por ello, si bien el SISEJ presentará sus propuestas al Ministerio en el marco de los grupos de trabajo, consideramos que el horizonte temporal que se nos ha comunicado inicialmente para la terminación de los trabajos, el comienzo del otoño, ha de marcarse también como un horizonte temporal adecuado para organizar, preparar y convocar una movilización sectorial en nuestro colectivo si finalmente el proceso iniciado por el Ministerio se confirma como un importante retroceso.
