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Próximo recorte en prestaciones sociales a los Secretarios Judiciales: retribuciones por baja médica temporal

El SISEJ recibió traslado el pasado viernes 21 de junio a las doce del mediodía del borrador de la Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia que determina los casos excepcionales en los que un Secretario Judicial en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes puede alcanzar el cien por cien de sus retribuciones. Sobre este importante tema, queremos realizar las siguientes manifestaciones:

 

1.- La forma y plazo del traslado es una falta de respeto del Ministerio de Justicia hacia el colectivo de Secretarios Judiciales, al que afecta directamente la medida propuesta. El Ministerio de Justicia nos pedía alegaciones urgentes concediéndonos un plazo de 72 horas a partir del mismo sobre un texto ya cerrado y cuya publicación oficial es inminente. Las organizaciones integradas en la mesa sectorial de justicia, en la que los Secretarios Judiciales no tenemos y no podemos materialmente tener representación alguna, ya recibieron traslado con anterioridad e informaron el día 20. Con este precipitado traslado, el Ministerio sólo parece pretender que el trámite administrativo previo a la publicación aparezca como formalmente cumplido.

 

2.- En cuanto al contenido de la medida proyectada, el Ministerio de Justicia apuesta por establecer un trato discriminatorio y no justificado para los Secretarios Judiciales como personal al servicio de la administración de justicia, respecto a lo establecido para jueces y magistrados, quebrando la regulación vigente hasta la fecha. Así, el Boletín Oficial del Estado del pasado 21 de junio, día en que se nos dio traslado del borrador, publicaba el Acuerdo de 12 de junio del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que regula los supuestos en que el personal jurisdiccional en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes puede alcanzar el cien por cien de sus prestaciones.

3.- El SISEJ ha emitido el informe requerido solicitando que se incluya  en la nueva regulación aquellos supuestos en que se materializa el trato discriminatorio, y en los que el Ministerio tiene previsto recortar las retribuciones de los Secretarios Judiciales durante la situación de baja médica. Tales supuestos afectan a situaciones médicas graves tales como exploraciones diagnósticas invasivas, interrupción voluntaria del embarazo, cardiopatías isquémicas y otras enfermedades de gravedad.

4.-  El Ministerio de Justicia alega que para esta resolución “se ha tenido en cuenta el carácter directivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, reconocido en la Orden JUS/797/2012, lo que justifica el dictado de una resolución específica”. Desde el SISEJ queremos seguir advirtiendo a nuestro colectivo sobre la realidad de nuestro régimen jurídico, frente a este señuelo propagandístico del gabinete que dirige Alberto Ruiz-Gallardón: hoy por hoy, los Secretarios Judiciales no somos personal directivo. Basta leer el Estatuto Básico del Empleado Público, que es la normativa vigente al respecto.

Desde el SISEJ tenemos la sensación de que el Ministerio de Justicia no es consciente de nuestra formación y capacidad cuando se dirige –al menos- a los Secretarios y Secretarias Judiciales que nos agrupamos en torno al SISEJ.  Como es normal, no podemos considerar beneficioso para los derechos laborales y profesionales de nuestro colectivo que simplemente se nos pase a considerar en las Exposiciones de Motivos como “personal directivo” con el único efecto de establecer resoluciones separadas, del mismo modo que tampoco lo es denominar a los Secretarios Judiciales como “Letrados al servicio de la Administración de Justicia” en un borrador de Ley Orgánica del Poder Judicial altamente restrictivo y nocivo para nuestras funciones y para el servicio público.

En definitiva, emitido el informe sobre el texto que nos envió el Ministerio de Justicia, esperamos la próxima publicación oficial de la norma con el recorte anunciado, con una clara conclusión: se trata de una apariencia de diálogo que no existe y que agrava la situación de conflicto entre el Ministerio de Justicia y nuestro colectivo.

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