Ante el anuncio de la propuesta para la reducción de partidos judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de jueces y magistrados, desde el SISEJ queremos mostrar nuestra oposición a la adopción de una medida de este calibre en las condiciones propuestas.
Tras años de demora en la modernización de la justicia, consideramos como tarea prioritaria para la administración de justicia que se aborden medidas tendentes a racionalizar y optimizar este servicio público mediante la implantación de la Oficina Judicial. Un proceso complejo, pues se trata con él de superar estructuras obsoletas e ineficientes, pero muy arraigadas y tradicionales.
Frente a ello nos encontramos en el momento presente con un escenario de paralización del proceso modernizador, de la expansión y profundización en un cambio de modelo que fue fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas parlamentarias mediante la aprobación de la Ley 13/2009 de reforma legislativa procesal, que además establecía nuevas e importantes atribuciones directivas para los Secretarios Judiciales.
Y lo que resulta más grave es que la iniciativa sobre la administración de justicia, que debería ser tomada por el poder ejecutivo, es decir, Ministerio de Justicia con audiencia de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, y de todos los agentes sociales implicados, está siendo pautada y dirigida por el órgano de gobierno del poder judicial.
En cuanto a la propuesta concreta, pretende reducir drásticamente los partidos judiciales, en un contexto de recortes generalizados, sin que el objetivo parezca ser contribuir a la mejora de la administración de justicia mediante el cambio definitivo y simultáneo de modelo de oficina, sino una pura reducción y reordenación aritmética de los medios materiales y personales al servicio de la misma.
El informe y la propuesta del CGPJ invoca un “Plan de Modernización de la Justicia” de 2008, emitido por el propio órgano de gobierno de jueces y magistrados en paralelo a la actividad que por entonces desarrollaba el poder ejecutivo en esta materia. Pero ni en ese plan de modernización, ni en la hoja de ruta que lo acompañaba, se preveía una reducción del tamaño de la que ahora se propone, sino una reestructuración de los partidos judiciales para adaptarlos a la “carga de trabajo” que cada órgano podía “razonablemente soportar”.
Desde el SISEJ consideramos que la eliminación de partidos judiciales sin una implantación simultánea e integral de la Oficina Judicial supondría un grave perjuicio para la ciudadanía, puesto que dicha reducción no conllevará necesariamente una mejora del servicio público de la justicia, al no establecerse la estructura necesaria para ello, sino que, además, implicará aumentar los desplazamientos para los usuarios y usuarias de la justicia, cuyos gastos ya se están disparando de forma exponencial (combustibles, peajes, aumento de tarifas…). Igualmente se aumentarían, en algunos casos en una distancia bastante considerable, los desplazamientos que debán realizarse, por ejemplo, por las Fuerzas y Cuerpos Seguridad para el traslado de los detenidos a los Juzgados de guardia, lo que sin duda supondría un importante incremento de los gastos y los riesgos inherentes a dichos traslados.
Solamente en el marco de la implantación global y simultánea de la Oficina Judicial, en especial el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, y de la generalización del expediente electrónico, podría entenderse esta propuesta, y precisamente en este momento, como positiva para la ciudadanía. Hasta entonces, ante la alarmante falta de noticias sobre el modelo de oficina judicial que va a adoptar o no el Ministerio de Justicia, la iniciativa del CGPJ de reducir partidos, resulta sin más un nuevo recorte en un servicio público fundamental para los usuarios de la justicia, en la lógica de las directrices económicas de reducción del déficit estatal por la vía de la reducción de inversiones públicas.
