Desde el SISEJ valoramos globalmente y en un análisis inicial el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentados por el Gobierno en el sector justicia, como una decepción previsible: lastrados por la inercia de ejercicios anteriores, son el reflejo de una línea de gestión pública inadecuada para avanzar en la necesaria modernización de la justicia española.
El Ministerio de Justicia anuncia para 2018 un gasto consolidado en su ámbito competencial de 1.754 millones de euros, lo que supone un aumento de poco más del 3% respecto al ejercicio de 2017. Sin embargo, dicho aumento en realidad supone una desaceleración de casi un 4% del gasto público en justicia, que en el ejercicio anterior aumentó un 7,6 % respecto a 2016. Pese a ello, aún no ha llegado al nivel de inversión pública de 2010, en que existía un proyecto estratégico de modernización organizativa de la administración de justicia que actualmente sigue prácticamente paralizado.
La principal nota característica del diseño presupuestario en Justicia de los últimos años es la práctica ausencia de políticas públicas definidas y planificadas para la modernización de la Justicia. Esto hace que, desde una perspectiva general, la mayoría de las partidas presupuestadas sean gasto público en lugar de inversión pública.
Así, el grueso de los presupuestos, más de 1.382 millones de euros, el 78,7% del total, nuevamente se destina a gastos y retribuciones de personal. En 2016 esta cifra de gastos de personal se situó en 1.303,14 millones de euros, aumentando un 7% respecto a 2015, y en 2017 subió hasta los 1.358 millones de euros. Este aumento lineal y continuado de los gastos de personal, sin embargo, valorado a la luz de la realidad a la que nos enfrentamos cada día en la administración de justicia, es solo un claro reflejo numérico de la ineficiente política de recursos humanos del ejecutivo en el sector justicia.
Pese a los exiguos aumentos anunciados, las brechas y agravios salariales continúan intactas, como la opinión pública puede percibir a través de las diversas reivindicaciones y protestas de las organizaciones profesionales de todo el sector: Jueces, Fiscales, Cuerpos Generales de la Administración. Como ejemplo paradigmático, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que sigue sin ver materializada y ni tan siquiera tomada en serio por el Ministerio de Justicia la adecuación salarial correspondiente al incremento legal de funciones y responsabilidades asumido en 2010, algo que sería lógico en empleados de cualquier sector laboral.
Las políticas de ahorro también están siendo erráticas e ineficaces. Sirva de ejemplo la apuesta por el despido encubierto de personal interino mediante una interpretación excéntrica de los mecanismos de sustitución de vacantes, y además sin implementar medidas de consolidación del empleo temporal como ha ocurrido en otros ámbitos: ello está determinando un impacto negativo en el servicio al obligar a titulares asumir forzosamente el trabajo duplicado en unos órganos en muchos casos sobrecargados.
Tampoco existe una gestión racional y moderna de recursos humanos, como existe en otras administraciones, o en cualquier organización o empresa. No existe una política unificada y homogénea de refuerzos y adscripciones de personal, que sigue atomizada territorial y sectorialmente en función de criterios casuísticos de los órganos de gobierno de jueces y magistrados, una facultad que se pretendió potenciar en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la Ley Orgánica 7/2015, y cuyo fracaso en la mejora del servicio es ya incuestionable.
Destacamos un año más el sombrío panorama del empleo público en justicia, cuya necesaria reforma y racionalización se pospone año tras año. La falta de controles eficaces y rendición de cuentas permite que subsista un sistema de oposiciones a Cuerpos Superiores prácticamente intacto desde el período preconstitucional y cuyo sistema de preparación de opositores mueve cada año millones de euros en dinero fiscalmente opaco. La información oficial pone en valor como gran logro la convocatoria anual de 300 nuevas plazas de jueces y fiscales en un ejercicio de lógica numérica superficial. Lo cierto es que hasta ahora ello no ha repercutido en las cifras de resolución de asuntos ni en las demás cifras de la justicia, que siguen hundiéndose. Un ejemplo son los Juzgados conocidos por la opinión pública como de cláusulas abusivas o cláusulas suelo, un naufragio fruto de la improvisación política y de la falta de una organización racional en el sector, capaz de absorber cualquier circunstancia sin necesidad de estar en una permanente situación de excepcionalidad, en la que sigue instalado el sector justicia.
La apuesta por la paralización de la modernización de la organización judicial es otra de las conclusiones que pueden extraerse de un análisis inicial del proyecto presentado a las Cortes.
La implantación de los Tribunales de Instancia y su complemento de Oficina Judicial y Fiscal sigue olvidada, cuando ese rediseño de toda la organización judicial es la única vía que permitiría racionalizar la estructura pública de la justicia a todos los niveles: presupuestario, de recursos humanos, materiales y de optimización de la gestión. Así se había consensuado políticamente en 2001 y 2009, en un pacto de Estado que debe reeditarse y que este Ministerio ha sido incapaz de retomar e impulsar, repitiendo exactamente la lógica coyuntural puramente lobista y corporativa del gabinete de Ruiz-Gallardón.
El proyecto estrella del Ministerio de Justicia, Justicia y Fiscalía Digital, su apuesta por la renovación informática de una justicia que sigue organizada y trabajando como en el siglo XIX, consiste en una partida de 131,3 millones de euros para continuar con el camino al llamado “papel cero” y que convive presupuestariamente con otros diversos gastos. El Ministerio ha anunciado incluso que tiene intención de poner en marcha algo que hemos venido proponiendo desde el SISEJ en coherencia con nuestro concepto de la fe pública judicial, la habilitación de los medios tecnológicos de grabación audiovisual para la transcripción automatizada de actos procesales. Sin embargo, debemos manifestar nuestro escepticismo por las constantes disfunciones y retrasos que hemos observado, y que han tenido causa en la mala gestión de este equipo ministerial, incluido el obsoleto sistema LEXNET y la hiriente falta de integración de los sistemas procesales de gestión de los diferentes territorios y registros públicos.
En definitiva, la renuncia a la inversión pública en la modernización del sector Justicia lo mantiene como un agujero presupuestario en el que el crecimiento anunciado por el Gobierno previsiblemente no va a traducirse o repercutir en la mejora del servicio, y hace presagiar la repetición, otro año más, de un escenario de ineficacia creciente de las partidas presupuestarias destinadas al sector.
