Tras la comparecencia del Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y del Secretario General de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, desde el SISEJ queremos realizar la siguiente valoración:
Realizado un primer estudio, las partidas destinadas al servicio público de la Administración de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, que experimentan un recorte del 2,31% respecto a las del año anterior, y en concreto las partidas destinadas a modernización y tecnología, condenan a la ineficacia cualquier medida legislativa de calado organizativo.
Tampoco la implantación de los tribunales de instancia, ni la reordenación de partidos judiciales o el avance en la implantación de oficinas judiciales, van a poder llevarse a cabo sin nuevas inversiones, y según nuestras estimaciones con este presupuesto ni siquiera son suficientes para el mantenimiento de la estructura actual.
Pero lo que nos resulta más alarmante es la absoluta falta de modelo de la que alardea el actual equipo ministerial. Tras dos años de contrastada paralización en la necesaria transformación y modernización del servicio público de la justicia, el Gobierno manifiesta no tener alternativa, más allá de unos borradores elaborados por unos expertos, sobre los que todavía manifiesta carecer de opinión.
No podemos compartir que las reformas procesales y el proceso de modernización no hayan tenido repercusión alguna. Las competencias y responsabilidades encomendadas a los secretarios judiciales han supuesto una significativa descarga del trabajo de jueces y magistrados, dato que debería haber permitido un incremento en las resoluciones de este cuerpo, y en definitiva, un aumento en la tasa de resolución de asuntos. Lamentamos el olvido deliberado de esta realidad por parte de los responsables ministeriales, fácilmente contrastable acudiendo a la estadística judicial.
Junto a ello, el nuevo modelo organizativo está obteniendo resultados significativos en las ciudades piloto, como es el caso de Cuenca, Burgos, Ciudad Real o Cáceres. Basta recordar el premio a la calidad de la justicia recientemente recibido por el Servicio Común de Ejecución de Cuenca.
Lamentablemente, los borradores de los “expertos” de Gallardón no ahondan en esta línea y apuestan por la destrucción de los fundamentos del proyecto de transformación de la justicia.
Finalmente, denunciamos la determinación del actual Ministerio de Justicia en avanzar hacia lo que consideramos un proceso de privatización del servicio público en materia de actos de comunicación. Desde el SISEJ discrepamos del grave anuncio de otorgar competencias a profesionales liberales para realizar actos de comunicación oficiales hasta ahora a cargo de funcionarios públicos, aunque sea bajo la cobertura jurídica de una figura como el mandato. Especialmente rechazable nos parece el anuncio del Secretario General de que esta fórmula no se va a limitar al ámbito de la ejecución.
Finalmente, destacamos que en la comparecencia el Secretario General (nuestro superior jerárquico) sólo se acordó de referirse a nuestro colectivo a preguntas de la oposición parlamentaria.
