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Por la legalidad democrática del proceso electoral: el mal llamado Colegio Nacional

  La convocatoria de Elecciones para Vocales del Consejo del Secretariado, ha puesto de manifiesto, como venimos denunciando desde el SISEJ desde hace más de dos años, que el autodenominado Ilustre Colegio Nacional de Secretarios carece de personalidad jurídica y no tiene cobertura legal alguna dentro de las organizaciones de Secretarios Judiciales. Las razones jurídicas que nos llevan a tal conclusión quedan suficientemente explícitas en el texto que se incorpora.  

De ahí que hayan tenido que acudir a la presentación de una candidatura fantasma ( la número 3) presentada por el Sr. Golderos, que luego apoyan desde su página web, explicando las razones del por qué no han podido hacerlo como tal “Corporación”.

 

 

Lejos de achacarse su propia responsabilidad de no haber adaptado su forma jurídica a los preceptos contenidos en la LOPJ y de nuestro propio Reglamento, parecen cargar las tintas contra las Bases de la Convocatoria, especificando que las candidaturas, además de las presentadas por los candidatos o avaladas por un grupo de electores, sólo podían ser presentadas por Asociaciones o Sindicatos, no reuniendo el Colegio Nacional la condición de ninguna de ellas por tener el carácter de “Corporación”.

 

El Ilustre Colegio Nacional de Secretarios Judiciales no existe como tal. Los únicos y legítimos representantes de los Secretarios Judiciales son las Asociaciones Profesionales y los Sindicatos, porque así lo ha querido la Constitución, la LOPJ, la Ley de Colegios Profesionales y nuestro Reglamento Orgánico. Es hora ya de que reconozcan esta realidad y adquieran alguna de las formas previstas en la legislación vigente para poder ser auténticos representantes de parte de nuestro colectivo.

 ¿Tanto cuesta crear una asociación? 

El problema reside en que si así lo hicieran, deberían renunciar al nombre que tantas confusiones ha creado y que tanto daño ha generado en otras Asociaciones y Sindicatos legalmente constituidos, atribuyéndose una representación que, aunque mayoritaria, no es, ni mucho menos, la del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

Pero no sólo ellos tienen la culpa. El Ministerio de Justicia es copartícipe de esta ilegal situación. Hemos denunciado, por activa y por pasiva, que no deberían admitir que esta organización preconstitucional siguiera utilizando ese nombre, por cuanto el CNSJ ha sido objeto de derogación tácita por las normas citadas. Tampoco nuestros compañeros de otras Asociaciones legalmente constituidas se han unido a nuestra denuncia. 

El llamado Colegio Nacional de Secretarios Judiciales es una entidad del pasado sin soporte legal alguno cuyo nombre sólo está reservado para aquellas profesiones que entran dentro de las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales y Directivas sobre la materia. La representación de los Secretarios Judiciales no se residencia en ninguna Corporación de Derecho Público, sino sólo y exclusivamente en las Asociaciones y Sindicatos. Así debe entenderlo el Ministerio de Justicia por imperativo legal. 

Basta trascribir dos de los preceptos de su reglamento interno para constatar nuestras afirmaciones: 

Su artículo 14, entre las competencias que atribuye a su Comisión Ejecutiva, en el apartado 18, encomienda la siguiente: Formar y conservar los expedientes de los Secretarios, con notas de sus vicisitudes, méritos y servicios, así como de las correcciones disciplinarias y, en su caso, de las sanciones que se les impusieren, a cuyo fin los jueces y Tribunales dirigirán a la Junta las comunicaciones oportunas.  

El apartado 16 del mismo artículo reza asimismo en los siguientes términos:Velar porque todos los Secretarios Judiciales, colegiados o no, así como sus sustitutos, cumplan los deberes de sus cargos, pudiendo obtener informaciones sobre su conducta profesional, dando cuenta en su caso al Ministerio de Justicia. 

Sobran los comentarios. 

Ni negamos la buena fe de “los colegiados”, ni que son mayoría en nuestro colectivo, pero sí queremos dejar constancia de nuestra repulsa a su empecinamiento, a que no asuman su alegalidad, a que no adopten una de las dos formas legalmente previstas para que ostenten nuestra representación y a que el Ministerio de Justicia y resto de organizaciones muestren una total pasividad ante ello. 

Juguemos limpio.

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