El pasado 22 de diciembre de 2011 tomó posesión como Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz-Gallardón. Transcurridos nueve meses desde esa fecha, dada la gravedad de la situación actual y la falta de información sobre la misma, desde el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) nos sentimos en la obligación de realizar una valoración global de la tarea del ejecutivo en cuanto al servicio público que constituye la Justicia, así como respecto de nuestro ámbito sindical, el colectivo de secretarios judiciales.
El SISEJ valora con un suspenso la gestión realizada por este equipo ministerial en las materias de su competencia, y creemos que se ha de conocer qué está ocurriendo con la Administración de Justicia como servicio público.
La opinión pública ha comprobado durante estos meses cómo el Ministerio de Justicia ha dejado de lado la mejora de la eficacia organizativa y modernización de la administración de Justicia, para centrarse en impulsar o propugnar reformas de las leyes sustantivas, basadas en concepciones conservadoras que no son, hoy por hoy, pacíficas en la sociedad española. Así, los proyectos de reforma de la legislación relativa al aborto o el endurecimiento de penas en el Código Penal, entre los que destaca la cadena perpetua revisable, no responden a una política estatal planificada de ayuda a la solución de los conflictos sociales subyacentes, sino a una finalidad marcadamente represiva y destinada al fracaso. Además de ello, en un contexto general de limitación de derechos civiles y sociales, se trata de limitar el acceso a la justicia mediante la imposición de tasas, y la puesta en peligro del turno de oficio.
Mientras esto ocurre, las competencias del poder ejecutivo estatal en materia de modernización y reforma de la administración de justicia siguen sin ejercerse con la diligencia y determinación necesarias por su titular, el Ministerio de Justicia.
OFICINA JUDICIAL Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El actual Ministerio de Justicia ha venido realizando diversas declaraciones sobre su voluntad modernizadora, pero la primera medida que adoptó fue la supresión del órgano encargado de gestionarla, la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia. Es más, el Ministerio de Justicia aún no se ha pronunciado de manera expresa ni clara sobre el modelo de oficina judicial que ha de implantarse. Nueve meses después de la toma de posesión de los nuevos altos cargos, y pese a disponer de una experiencia en implantaciones superior al año, las ciudades de Ceuta, Melilla y Palma de Mallorca continúan en espera del nuevo modelo organizativo, pese a tener sus relaciones de puestos de trabajo aprobadas y publicadas, y haberse resuelto los concursos correspondientes a las primeras fases del acoplamiento del personal, lo que genera incertidumbre sobre la validez y continuidad del modelo.
Además, tras la instalación del sistema de firma electrónica en las salas de vistas (e-fidelius) de los partidos judiciales de su territorio, parece haberse producido una completa paralización de los anunciados proyectos tecnológicos del Ministerio de Justicia que tanto pueden contribuir a agilizar el funcionamiento de las oficinas judiciales (expediente digital, agenda programada de señalamientos). Incluso se ha dado un preocupante y grave caso de retroceso en alguno de los sistemas implantados, sin explicación oficial (servicio de cita previa en el Registro Civil#).
La desigual experiencia en los resultados del funcionamiento práctico de las distintas oficinas judiciales implantadas en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia y en el País Vasco, debería conducir al Ministerio a reflexionar sobre las limitaciones que el actual marco legal ha impuesto a su desarrollo. Aunque la expectativa de la creación de los tribunales de instancia garantiza la pervivencia de la oficina judicial, ya que aquéllos son incompatibles con la estructura ordinaria de juzgados y tribunales, el modelo concreto puede verse afectado por deficiencias que interesadamente se achaquen a una configuración determinada, en lugar de a las concesiones corporativas que se realizaron en el momento de establecer la normativa reguladora de las implantaciones, y que no se han tratado de corregir en absoluto.
En este sentido señalamos claramente algunos de los principales obstáculos que el Ministerio de Justicia debería remover si de verdad pretende implantar la Oficina Judicial::
(1) El mantenimiento de una orden de dotación básica de personal de 2005, anticuada ya en el momento de las primeras implantaciones (2010), que sigue manteniendo retenidos y con escasas funciones en algunas UPAD (unidades procesales de apoyo directo a cada Juez) a un número de secretarios, gestores y tramitadores que deberían incorporarse como plantilla fija a los servicios comunes, singularmente al Servicio Común de Ordenación Procesal, el verdadero motor de la Oficina Judicial, y sobre el que recae el peso del trabajo administrativo, a diferencia de las UPAD, cuya única razón de ser es facilitar la labor individual de cada Juez en el cumplimiento de su cometido constitucional.
(2) Las cesiones realizadas para salvar la tramitación de la ley de reforma de la legislación procesal 13/2009, que se tradujeron, por ejemplo, en un régimen de señalamientos compartido entre jueces y secretarios que sigue imposibilitando el aprovechamiento efectivo de los horarios de audiencia y, consecuentemente, la exigencia de un mínimo de señalamientos a todos los jueces; o la confusa redacción del artículo relativo a la presencia del secretario judicial en sala, una situación de origen medieval, incompatible con el estado actual de la tecnología y que incomprensiblemente se mantiene.
(3) La renuncia a introducir verdaderos criterios de flexibilidad en la organización de la oficina, conforme preveía la LO 1/2009, al garantizar mediante la reforma de los reglamentos de los cuerpos generales y secretarios judiciales que no se podrían producir cambios de jurisdicción.
Lo cierto es que, en lugar de apostar por la reforma estructural y la reorganización de los medios materiales y personales disponibles, desde el Ministerio de Justicia se ha venido realizando durante estos meses, encabezada por el propio Sr. Ministro, una escalada de declaraciones públicas aisladas en las que se ha anunciado la adopción de medidas con una presunta finalidad agilizadora del volumen de tramitación en los anticuados e ineficaces Juzgados y Tribunales, como si el problema de la Administración de Justicia fuera simplemente numérico, y no de organización y calidad del servicio. Así, se habló entre otras cosas de habilitar el mes de agosto para actuaciones procesales o de cambiar el régimen competencial de matrimonios civiles y divorcios.
Desde el SISEJ consideramos que avanzar en la reorganización de medios personales y la reforma estructural de la legislación procesal y orgánica que conlleva la Oficina Judicial es perfectamente posible en un escenario de crisis presupuestaria. Creemos que por el Ministerio de Justicia, por el poder ejecutivo, debería explicarse a la opinión pública a qué intereses obedece realmente la paralización de una reforma de dimensiones históricas como la de la Administración de Justicia, reforma que se ha parado desoyendo el consenso político de todas las fuerzas parlamentarias expresado en 2009. La ciudadanía tiene derecho a una Justicia pública, homogénea en todas las oficinas, gratuita y de calidad, con independencia del mejor o peor estado de la economía, en especial cuando está tan claro quiénes han originado la crisis y a quiénes se les está haciendo pagar.
MARGINACIÓN INSTITUCIONAL DEL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES
En lo que se refiere al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, hemos pasado en pocos meses de ser considerados como la figura central en la dirección de la nueva administración de justicia que iba a resultar de la reforma, el pivote de la oficina judicial, con capacidad de dirección, impulso y dinamización del ambicioso proyecto de modernización de la justicia fruto del consenso político parlamentario alcanzado en 2009, a ser un colectivo menospreciado por el actual Ministerio de Justicia.
El Ministro de Justicia ha manifestado públicamente que contaba «con los cuatro mil Secretarios Judiciales», pero ha obviado en repetidas ocasiones las peticiones realizadas por las organizaciones representativas de secretarios judiciales de ser recibidas. Sí lo ha hecho, en cambio, con todas las organizaciones de jueces y fiscales, abogados del estado, con colegios de abogados, procuradores, notarios, organizaciones de diversa índole con variados intereses, capacidad de influencia o ámbitos de actuación, tanto de la esfera pública como de la privada. Respecto a los Secretarios Judiciales, somos el único colectivo profesional público, dependiente y al servicio del Ministerio de Justicia y de la ciudadanía, en que no ha existido una recepción institucional por el Ministro de las diferentes organizaciones que representan nuestro colectivo, de diferentes sensibilidades. El Sr. Ministro, nombrado por un Gobierno elegido en las urnas, debe saber que gobierna para todos, y ejerce su función respecto a todos los Secretarios Judiciales, y no sólo respecto a su organización afín.
El actual Ministerio de Justicia parece haber renunciado a liderar a los Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores como activos para la difusión e implantación de sus proyectos. No sólo se han dado en estos meses preocupantes muestras de descoordinación entre el Ministerio y los que deberían ser sus principales valedores (p.ej., con la implantación del sistema de exhortos telemáticos del Consejo General del Poder Judicial en algunas Comunidades Autónomas), sino que, desdiciéndose de las garantías que el Secretario General comprometió con las organizaciones de secretarios judiciales, llegó a cesar recientemente a uno de los más reconocidos Secretarios de Gobierno, el del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sin otras explicaciones que la mera capacidad legal de hacerlo. Por otra parte, no parece que la asociación del cargo de Secretario General de la Administración de Justicia a un puesto de mayor rango que el de Director General esté produciendo otro efecto beneficioso que el orgullo nominal. De hecho, cabe pensar que la asunción de las competencias de dos figuras diferentes por el actual Secretario General de la Administración de Justicia (Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, más la suprimida Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia) ha resultado en perjuicio de la jerarquía del cuerpo, ya que no parece que se trate de una de sus prioridades.
Junto a ello, no se ha dado ni un sólo paso adelante en las mejoras de índole social y laboral que desde todas las organizaciones de secretarios judiciales venimos reivindicando para nuestro colectivo, y que deberían derivarse de la posición directiva que nos reserva la nueva oficina judicial. Además, a título de ejemplo, resaltamos que a día de hoy el Ministerio de Justicia ni tan siquiera ha informado sobre cómo se aplicará el injusto recorte salarial general del Real Decreto 20/2012, es decir, cuánto y cómo vamos a percibir nuestras próximas retribuciones. Han sido suprimidas las becas para formación y preparación de oposiciones, ayudas que tenían dotación presupuestaria previa. Seguimos sin poder ejercer de modo efectivo el derecho a la negociación colectiva de nuestras propias condiciones laborales. Se nos ha puesto de manifiesto que, en los próximos meses, peligran seriamente centenares de puestos de trabajo de Secretarios Judiciales interinos. Se han suspendido ayudas sociales médicas y por adquisición de vivienda habitual de la Mutualidad General Judicial. Y podríamos seguir hasta hacer una extensa enumeración.
En definitiva desde el SISEJ valoramos con un suspenso la actividad del Ministerio de Justicia dirigido por D. Alberto Ruiz-Gallardón en estos nueve primeros meses en el ámbito de la Administración de Justicia como servicio público, y del colectivo de Secretarios Judiciales. Esperamos que tome nota y mejore su calificación a partir de septiembre.
La opinión pública ha comprobado durante estos meses cómo el Ministerio de Justicia ha dejado de lado la mejora de la eficacia organizativa y modernización de la administración de Justicia, para centrarse en impulsar o propugnar reformas de las leyes sustantivas, basadas en concepciones conservadoras que no son, hoy por hoy, pacíficas en la sociedad española. Así, los proyectos de reforma de la legislación relativa al aborto o el endurecimiento de penas en el Código Penal, entre los que destaca la cadena perpetua revisable, no responden a una política estatal planificada de ayuda a la solución de los conflictos sociales subyacentes, sino a una finalidad marcadamente represiva y destinada al fracaso. Además de ello, en un contexto general de limitación de derechos civiles y sociales, se trata de limitar el acceso a la justicia mediante la imposición de tasas, y la puesta en peligro del turno de oficio.
Mientras esto ocurre, las competencias del poder ejecutivo estatal en materia de modernización y reforma de la administración de justicia siguen sin ejercerse con la diligencia y determinación necesarias por su titular, el Ministerio de Justicia.
OFICINA JUDICIAL Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El actual Ministerio de Justicia ha venido realizando diversas declaraciones sobre su voluntad modernizadora, pero la primera medida que adoptó fue la supresión del órgano encargado de gestionarla, la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia. Es más, el Ministerio de Justicia aún no se ha pronunciado de manera expresa ni clara sobre el modelo de oficina judicial que ha de implantarse. Nueve meses después de la toma de posesión de los nuevos altos cargos, y pese a disponer de una experiencia en implantaciones superior al año, las ciudades de Ceuta, Melilla y Palma de Mallorca continúan en espera del nuevo modelo organizativo, pese a tener sus relaciones de puestos de trabajo aprobadas y publicadas, y haberse resuelto los concursos correspondientes a las primeras fases del acoplamiento del personal, lo que genera incertidumbre sobre la validez y continuidad del modelo.
Además, tras la instalación del sistema de firma electrónica en las salas de vistas (e-fidelius) de los partidos judiciales de su territorio, parece haberse producido una completa paralización de los anunciados proyectos tecnológicos del Ministerio de Justicia que tanto pueden contribuir a agilizar el funcionamiento de las oficinas judiciales (expediente digital, agenda programada de señalamientos). Incluso se ha dado un preocupante y grave caso de retroceso en alguno de los sistemas implantados, sin explicación oficial (servicio de cita previa en el Registro Civil#).
La desigual experiencia en los resultados del funcionamiento práctico de las distintas oficinas judiciales implantadas en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia y en el País Vasco, debería conducir al Ministerio a reflexionar sobre las limitaciones que el actual marco legal ha impuesto a su desarrollo. Aunque la expectativa de la creación de los tribunales de instancia garantiza la pervivencia de la oficina judicial, ya que aquéllos son incompatibles con la estructura ordinaria de juzgados y tribunales, el modelo concreto puede verse afectado por deficiencias que interesadamente se achaquen a una configuración determinada, en lugar de a las concesiones corporativas que se realizaron en el momento de establecer la normativa reguladora de las implantaciones, y que no se han tratado de corregir en absoluto.
En este sentido señalamos claramente algunos de los principales obstáculos que el Ministerio de Justicia debería remover si de verdad pretende implantar la Oficina Judicial::
(1) El mantenimiento de una orden de dotación básica de personal de 2005, anticuada ya en el momento de las primeras implantaciones (2010), que sigue manteniendo retenidos y con escasas funciones en algunas UPAD (unidades procesales de apoyo directo a cada Juez) a un número de secretarios, gestores y tramitadores que deberían incorporarse como plantilla fija a los servicios comunes, singularmente al Servicio Común de Ordenación Procesal, el verdadero motor de la Oficina Judicial, y sobre el que recae el peso del trabajo administrativo, a diferencia de las UPAD, cuya única razón de ser es facilitar la labor individual de cada Juez en el cumplimiento de su cometido constitucional.
(2) Las cesiones realizadas para salvar la tramitación de la ley de reforma de la legislación procesal 13/2009, que se tradujeron, por ejemplo, en un régimen de señalamientos compartido entre jueces y secretarios que sigue imposibilitando el aprovechamiento efectivo de los horarios de audiencia y, consecuentemente, la exigencia de un mínimo de señalamientos a todos los jueces; o la confusa redacción del artículo relativo a la presencia del secretario judicial en sala, una situación de origen medieval, incompatible con el estado actual de la tecnología y que incomprensiblemente se mantiene.
(3) La renuncia a introducir verdaderos criterios de flexibilidad en la organización de la oficina, conforme preveía la LO 1/2009, al garantizar mediante la reforma de los reglamentos de los cuerpos generales y secretarios judiciales que no se podrían producir cambios de jurisdicción.
Lo cierto es que, en lugar de apostar por la reforma estructural y la reorganización de los medios materiales y personales disponibles, desde el Ministerio de Justicia se ha venido realizando durante estos meses, encabezada por el propio Sr. Ministro, una escalada de declaraciones públicas aisladas en las que se ha anunciado la adopción de medidas con una presunta finalidad agilizadora del volumen de tramitación en los anticuados e ineficaces Juzgados y Tribunales, como si el problema de la Administración de Justicia fuera simplemente numérico, y no de organización y calidad del servicio. Así, se habló entre otras cosas de habilitar el mes de agosto para actuaciones procesales o de cambiar el régimen competencial de matrimonios civiles y divorcios.
Desde el SISEJ consideramos que avanzar en la reorganización de medios personales y la reforma estructural de la legislación procesal y orgánica que conlleva la Oficina Judicial es perfectamente posible en un escenario de crisis presupuestaria. Creemos que por el Ministerio de Justicia, por el poder ejecutivo, debería explicarse a la opinión pública a qué intereses obedece realmente la paralización de una reforma de dimensiones históricas como la de la Administración de Justicia, reforma que se ha parado desoyendo el consenso político de todas las fuerzas parlamentarias expresado en 2009. La ciudadanía tiene derecho a una Justicia pública, homogénea en todas las oficinas, gratuita y de calidad, con independencia del mejor o peor estado de la economía, en especial cuando está tan claro quiénes han originado la crisis y a quiénes se les está haciendo pagar.
MARGINACIÓN INSTITUCIONAL DEL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES
En lo que se refiere al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, hemos pasado en pocos meses de ser considerados como la figura central en la dirección de la nueva administración de justicia que iba a resultar de la reforma, el pivote de la oficina judicial, con capacidad de dirección, impulso y dinamización del ambicioso proyecto de modernización de la justicia fruto del consenso político parlamentario alcanzado en 2009, a ser un colectivo menospreciado por el actual Ministerio de Justicia.
El Ministro de Justicia ha manifestado públicamente que contaba «con los cuatro mil Secretarios Judiciales», pero ha obviado en repetidas ocasiones las peticiones realizadas por las organizaciones representativas de secretarios judiciales de ser recibidas. Sí lo ha hecho, en cambio, con todas las organizaciones de jueces y fiscales, abogados del estado, con colegios de abogados, procuradores, notarios, organizaciones de diversa índole con variados intereses, capacidad de influencia o ámbitos de actuación, tanto de la esfera pública como de la privada. Respecto a los Secretarios Judiciales, somos el único colectivo profesional público, dependiente y al servicio del Ministerio de Justicia y de la ciudadanía, en que no ha existido una recepción institucional por el Ministro de las diferentes organizaciones que representan nuestro colectivo, de diferentes sensibilidades. El Sr. Ministro, nombrado por un Gobierno elegido en las urnas, debe saber que gobierna para todos, y ejerce su función respecto a todos los Secretarios Judiciales, y no sólo respecto a su organización afín.
El actual Ministerio de Justicia parece haber renunciado a liderar a los Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores como activos para la difusión e implantación de sus proyectos. No sólo se han dado en estos meses preocupantes muestras de descoordinación entre el Ministerio y los que deberían ser sus principales valedores (p.ej., con la implantación del sistema de exhortos telemáticos del Consejo General del Poder Judicial en algunas Comunidades Autónomas), sino que, desdiciéndose de las garantías que el Secretario General comprometió con las organizaciones de secretarios judiciales, llegó a cesar recientemente a uno de los más reconocidos Secretarios de Gobierno, el del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sin otras explicaciones que la mera capacidad legal de hacerlo. Por otra parte, no parece que la asociación del cargo de Secretario General de la Administración de Justicia a un puesto de mayor rango que el de Director General esté produciendo otro efecto beneficioso que el orgullo nominal. De hecho, cabe pensar que la asunción de las competencias de dos figuras diferentes por el actual Secretario General de la Administración de Justicia (Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, más la suprimida Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia) ha resultado en perjuicio de la jerarquía del cuerpo, ya que no parece que se trate de una de sus prioridades.
Junto a ello, no se ha dado ni un sólo paso adelante en las mejoras de índole social y laboral que desde todas las organizaciones de secretarios judiciales venimos reivindicando para nuestro colectivo, y que deberían derivarse de la posición directiva que nos reserva la nueva oficina judicial. Además, a título de ejemplo, resaltamos que a día de hoy el Ministerio de Justicia ni tan siquiera ha informado sobre cómo se aplicará el injusto recorte salarial general del Real Decreto 20/2012, es decir, cuánto y cómo vamos a percibir nuestras próximas retribuciones. Han sido suprimidas las becas para formación y preparación de oposiciones, ayudas que tenían dotación presupuestaria previa. Seguimos sin poder ejercer de modo efectivo el derecho a la negociación colectiva de nuestras propias condiciones laborales. Se nos ha puesto de manifiesto que, en los próximos meses, peligran seriamente centenares de puestos de trabajo de Secretarios Judiciales interinos. Se han suspendido ayudas sociales médicas y por adquisición de vivienda habitual de la Mutualidad General Judicial. Y podríamos seguir hasta hacer una extensa enumeración.
En definitiva desde el SISEJ valoramos con un suspenso la actividad del Ministerio de Justicia dirigido por D. Alberto Ruiz-Gallardón en estos nueve primeros meses en el ámbito de la Administración de Justicia como servicio público, y del colectivo de Secretarios Judiciales. Esperamos que tome nota y mejore su calificación a partir de septiembre.
