Desde el Sindicato de Letrados (SISEJ), ante la grave situación generada a raíz del incendio producido el pasado domingo en un juzgado ubicado en la Ciutat de la Justícia de València, y que ha afectado en primer lugar a otros tres, así como, finalmente, al conjunto de la Ciutat de la Justícia, emitimos la siguiente valoración:
1.- Es público y notorio que la confluencia de las administraciones estatal y autonómica junto con el Poder Judicial dificulta la operatividad y la toma de decisiones en la Administración de Justicia, pero esto no justifica la falta de coordinación en la respuesta.
En concreto, mostramos nuestro desacuerdo con la manera de actuar del Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, cuya Sala de Gobierno ha tomado decisiones de manera unilateral, dando la imagen de que la Administración de Justicia es propia del Poder Judicial y negando, de facto, las distintas competencias y responsabilidades que en ella confluyen.
2.- Consideramos asimismo inadmisible la manera en que el Tribunal Superior de Justicia ha gestionado la información, recurriendo principalmente a las redes sociales y no a los conductos oficiales para dar publicidad a sus decisiones. Esto ha supuesto que dicha información no llegara adecuadamente a sus destinatarios, generando una imagen de falta de transparencia que no procede.
3.- Recordamos la necesidad de que todos los edificios públicos cuenten con las medidas y planes de seguridad adecuados, cuyo mantenimiento y seguimiento debe ser óptimo y conocido por el personal.
En este sentido, y sin perjuicio de que son los informes periciales los que arrojarán luz sobre las circunstancias en que se originó y propagó el incendio, consideramos necesario reflexionar sobre las circunstancias económicas y políticas que influyen en la prevención, tratamiento y solución de situaciones tan graves como ésta (recortes, limitaciones presupuestarias, deuda pública…).
4.- Este grave suceso nos hace insistir en la necesidad de superar un modelo de Administración de Justicia obsoleta, con enormes carencias en cuanto a la implantación del expediente digital y fallos tecnológicos inaceptables como los que se han sucedido este verano en Lexnet, y reflexionar sobre las distintas consecuencias que habría tenido este hecho respecto a la documentación afectada si la información de los juzgados estuviera debidamente almacenada y tratada en un entorno digital, en lugar de en papel.
5.- En cuanto a la prestación del servicio, instamos a los organismos competentes para que aúnen esfuerzos y adopten de manera inmediata y coordinada las medidas necesarias para que el servicio pueda reanudarse lo antes posible. Entre dichas medidas consideramos que debería acordarse una exención temporal de reparto para permitir que los juzgados afectados reconstruyan la documentación afectada y retomen su actividad con normalidad.
6.- Queremos, por último recordar que los principales afectados son los y las usuarias de el servicio público de la Administración de Justicia. Los perjuicios causados por la suspensión de actuaciones y vistas no pueden prolongarse más de lo estrictamente necesario, por lo que reclamamos una auténtica colegiación de esfuerzos que permita superar esta situación de la manera menos gravosa posible.
