A la vista de las declaraciones efectuadas a la finalización del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 31 de mayo de 2012 por su Presidente, Carlos Dívar, desde el SISEJ queremos poner de manifiesto que no nos parecen suficientes ni satisfactorias.
Veinte fines de semana de lujo en Marbella resultan injustificables desde el punto de vista de la representación institucional y de la ética pública. El Poder Judicial no es una corporación, sino un poder del Estado que emana del Pueblo, y por ello el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, ante su negativa a renunciar al cargo, debería, como mínimo, rendir cuentas ante los representantes de la ciudadanía.
Como hemos manifestado en anteriores ocasiones, desde el SISEJ creemos que deben articularse mecanismos de control y participación ciudadana en todos los poderes del Estado. La ciudadanía tiene derecho a exigir la máxima transparencia tanto en el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, como en el gasto de la partida asignada en los Presupuestos Generales del Estado,máxime teniendo en cuenta el escaso recorte presupuestario que ha sufrido el Consejo, frente a los padecidos por Ministerios como Enseñanza o Sanidad, por no hablar de la administración de Justicia, cuyo proceso de modernización está prácticamente paralizado.
