Justicia modificará de nuevo la Ley del Divorcio para ampliar la capacidad del juez sobre la custodia compartida
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció hoy su intención de modificar de nuevo la Ley del Divorcio para ampliar la capacidad del juez a la hora de acordar la custodia compartida de los hijos cuando no exista acuerdo entre los padres.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordó que esta cuestión no fue incorporada en la reciente reforma de la Ley debido a un «error de instrucción de voto parlamentario» del Grupo Socialista el pasado 30 de junio.
El error de voto impidió que prosperara una enmienda acordada en el Senado entre todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, por la cual el juez podría acordar excepcionalmente la custodia compartida, con informe preceptivo del Ministerio Fiscal, pero no necesariamente favorable.
«Estamos en disposición de incorporarla (la enmienda) en la primera ocasión en que resulte congruente con la materia», subrayó López Aguilar, tras ser preguntado por los periodistas. En este sentido, recordó que el Gobierno está obligado a publicar la norma en el Boletín Oficial del Estado en los mismos términos en los que fue aprobada por el Congreso, a pesar de que la enmienda no se aprobara por un error.
«Nadie puede pedirle al Gobierno que cambie la letra de la ley que se va a publicar en el BOE, porque tiene que ser exactamente la que ha resultado del procedimiento parlamentario, tal y como ha quedado formalmente expresada por la representación de la soberanía popular», insistió. La Ley fue publicada en el BOE del pasado sábado.
DAR MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA
No obstante, recalcó que «el Gobierno está en disposición de incorporar» esta cuestión a la Ley, con el objetivo de garantizar la estabilidad domiciliaria de menor. «Lo hará en la primera ocasión en que resulte congruente con la materia y cumpliremos así el compromiso de dar mayor seguridad jurídica a todos los intereses y derechos en la disolución del matrimonio, apuntó.
En cualquier caso, el ministro entiende que «el objeto principal de la ley (acortar los plazos y eliminar la necesidad de alegar causas para obtener el divorcio) está cumplido», además de ser «garantista con todas las posiciones» y proteger al menor.
«Pero la sociedad española tiene derecho a saber que el procedimiento parlamentario tiene una última palabra, que es la votación definitiva de las enmiendas del Senado. Y efectivamente si se produce (un error), que no es la primera vez que sucede, se rechazan», concluyó
