PUBLICADO EN DIARIO NOTICIAS LA LEY
Eficacia del sistema jurídico y oficina judicial, apuestas de Justicia para el nuevo curso político
Madrid.- La elaboración de normas para garantizar la eficacia del sistema jurídico, el plan de implantación de la oficina judicial y la regulación de asuntos como las sociedades profesionales y los testigos protegidos, son algunas de las apuestas del Ministerio de Justicia para el próximo curso político.
Según explicó a Efe el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, son varias las iniciativas legales que su departamento tiene previsto abordar a partir del mes de septiembre, entre ellas la reforma de la Ley Penal del Menor
Esta reforma, que se llevará al Consejo de Ministros en este mes, reforzará, según explicó en su día el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, las facultades del juez para poder disponer individualizadamente que, a partir de la mayoría de edad, la pena privativa de libertad pueda cumplirse en centros penitenciarios.
Además, se contemplan varios proyectos que pondrán el acento en la gestión y eficacia del sistema jurídico como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que regulará los casos no contenciosos en los que actúa el juez, como adopciones o tutelas.
López Guerra destacó también entre estos proyectos la Ley de Sociedades Profesionales que, consideró, tendrá una incidencia muy importante en la prestación de servicios por parte de colectivos como abogados, médicos y arquitectos y que era necesario regular.
También citó la Ley de Testigos Protegidos que introducirá precisiones a la regulación actual para proteger a las personas que colaboran en un proceso penal y que el Ministerio de Justicia elabora en colaboración con el de Interior.
Junto a estas normas, se acometerán reformas para el «buen funcionamiento del día a día» del sistema jurídico como la de Registros y Notariados cuyo funcionamiento se agilizará con la reforma de aranceles y sus demarcaciones mediante un Reglamento.
El Ministerio de Justicia pretende abordar asimismo en breve una mejora del funcionamiento de los Registros para ajustarlos a las necesidades que plantea la inmigración, como son las demandas de nacionalización y el proceso de regularización, que requiere «un perfeccionamiento» de medios técnicos y personales, explicó el secretario de Estado. Una de las medidas que se prevé para ello es el cambio de sede del Registro Civil Central.
El plan de implantación de la oficina judicial, que supone un cambio en el modelo de la Administración de Justicia, es otro de los objetivos principales del Ministerio, acompañado del Plan de Transparencia Judicial, que permitirá dar conocer a la opinión pública la carga de trabajo de los diferentes órganos judiciales y la situación de los procedimientos.
Junto a este plan, se continuará la aplicación de las nuevas tecnologías a los órganos de la Administración de Justicia. Asimismo, en el próximo curso político se desarrollarán los anteproyectos aprobados por el Consejo de Ministros que se encuentran «en fase de diálogo» con los grupos parlamentarios y en los que el Gobierno, indicó López Guerra, quiere conseguir el máximo apoyo.
Entre estos, se encuentran las leyes que permitirán la implantación de los llamados «jueces de proximidad», que se encargarán de los asuntos de menor entidad en las grandes ciudades, y la creación de Consejos de Justicia autonómicos.
Estas reformas supondrán también la redistribución de competencias entre el Tribunal Supremo, que se concentrará en la unificación de doctrina, y los Tribunales Superiores de Justicia, que se convertirán en la culminación de la organización judicial en el territorio de cada comunidad autónoma.
Otro anteproyecto es el de acceso a la abogacía, cuyo objetivo es garantizar los derechos fundamentales de defensa y tutela judicial y la calidad de la asistencia letrada a los ciudadanos. Para más adelante queda la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo texto podría estar preparado en el segundo semestre del próximo año.
Respecto a las negociaciones con los funcionarios de la Administración de Justicia, que han llevado a cabo en los últimos meses diversas movilizaciones, el Ministerio afronta el próximo curso con una «visión optimista» y confía en alcanzar un acuerdo general con todos los sindicatos sobre la reforma de la oficina judicial, señaló el secretario de Estado.
