Europa Press
Las Comunidades Autónomas (CC AA) con competencias en justicia –Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid, Asturias, Andalucía, Navarra y Canarias–, promoverán la normalización de todas las lenguas en sus respectivos territorios en el marco de la Administración de Justicia.
El acuerdo también recoge el papel del secretario judicial como elemento imprescindible en la nueva organización de la oficina judicial. Podeis leer las conclusiones en documentos.
En virtud de un acuerdo elaborado hoy por los representantes de la justicia de estas CC. AA., que se reunieron en Bilbao, y en el que participó el director xeral de Xustiza gallego, Julio Iglesias Redondo, se promoverán el uso de las lenguas en la actividad diaria en este ámbito.
Según informó la Consellería de Presidencia, este documento incide en la necesidad de profundizar en las fórmulas que redunden en una "mejoría" del servicio público de justicia, y será remitido a los diferentes grupos parlamentarios, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.
De este modo, en este texto se recoge el compromiso de todas las instituciones con las CC AA para la implantación de la nueva oficina judicial según el modelo y calendario de cada una de ellas, e instan a las administraciones a que realicen las modificaciones legales que posibiliten la competencia plena autonómica sobre el personal de este colectivo.
SECRETARIO JUDICIAL
Por otro lado, los representantes judiciales pidieron que el ministerio convoque una Conferencia Sectorial monográfica sobre Registro Civil y que posibilite la implantación de los proyectos de organización propuestos por cada comunidad.
El acuerdo también recoge el papel del secretario judicial como elemento imprescindible en la nueva organización de la oficina judicial; así como una nueva solicitud de la transferencia de gestión de la cuenta de consignaciones y depósitos.
Por último, el texto reivindica la atribución de la competencia decisoria a las CC.AA. sobre Planta y Demarcación Judicial, y requiere el cumplimiento del acuerdo adoptado en que se prevé que los proyectos legislativos que impliquen incremento de gasto para las Comunidades Autónomas incluyan una Memoria Económica en el que se especifique la memoria y forma de financiamiento.
