La Asociación Profesional de la Magistratura (AMP) y Jueces para la Democracia (JpD) coincidieron hoy en criticar la justicia de proximidad incluida en la reforma judicial aprobada por el Consejo de Ministros, que será ejercida por abogados en pleitos penales y civiles de menor entidad, por entender que este papel debería ser desarrollado por jueces de carrera que garanticen el principio de independencia judicial.
Las críticas más duras son las de la APM, cuyo portavoz, José Manuel Suárez Robledano, considera que la medida es «impresentable e inconstitucional», pues vulnera el artículo 122 de la Carta Magna. En declaraciones a Europa Press, el portavoz agregó que la medida afectará de forma muy negativa a los ciudadanos, que no merecen que sus asuntos cotidianos (desahucios o pleitos por faltas) sean dirimidos por «personas que no están preparadas».
A juicio del portavoz de JpD, Edmundo Rodríguez Achutegui, «es positivo que se intenten explorar nuevos caminos», si bien la medida propuesta por el Gobierno «supone una ruptura en la Carrera Judicial» puesto que las personas que impartirán la justicia de proximidad serán elegidas de una forma diferente al resto de profesionales «y su origen no garantiza el mismo estatus de independencia» judicial.
Rodríguez Achutegui dijo a Europa Press que habrá que esperar a conocer cómo queda este proyecto al finalizar su tramitación parlamentaria, aunque «lo más acertado» sería que los jueces de proximidad fueran jueces de carrera mediante el incremento de la planta judicial, y elegidos con los mismos criterios de selección que el resto.
CONSEJOS TERRITORIALES.
Donde se manifiestan mayores discrepancias entre las asociaciones judiciales en el tema de los Consejos Territoriales. El portavoz de la APM considera que estos nuevos órganos «no están previstos en la Constitución y vulneran el principio de unidad jurisdiccional».
Por su parte, Rodríguez Achutegui (JpD) discrepa radicalmente de las posturas de la APM y, aunque no apoya de forma directa la creación de consejos territoriales de justicia, califica de «imprescindible» que el Poder Judicial «se adecue a la realidad autonómica», ya que es él único poder del Estado que no lo ha hecho en los más de 25 años de democracia.
Otro asunto en el que difieren ambas asociaciones es el de reforzamiento de los TSJ. El portavoz de la asociación mayoritaria considera la propia Constitución sitúa al Tribunal Supremo en la cúspide del sistema judicial, por lo que esta instancia no puede quedar reducida a un mero papel consultivo, para unificar doctrina sin referirse al caso concreto del recurso, «como si fuera el Consejo de Estado».
