La reforma de la Administración de Justicia planteada el viernes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se topó ayer con las dudas y recelos de la mayoría de los partidos vascos -salvo el PSE-EE- y de destacados miembros de la judicatura, que, por diferentes motivos, pusieron pegas a la propuesta del Ejecutivo. Por un lado, las formaciones nacionalistas reclamaron un poder judicial vasco y la eliminación de la Audiencia Nacional, mientras que el PP y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco alertaron del riesgo de politización.
El proyecto, anunciado tras el consejo de Gobierno del viernes, aboga por potenciar el papel de los tribunales superiores autonómicos a fin de aligerar de trabajo al Supremo, que se dedicará a unificar la doctrina. Además, aparecerán los consejos autonómicos de Justicia para liberar de funciones al Consejo General del Poder Judicial.
Este diseño recogió las críticas del Gobierno vasco. Pero más que por su contenido, por las «formas» empleadas para hacerlo público. En este sentido, fuentes del Departamento de Justicia dirigido por Joseba Azkarraga señalaron a ‘Efe’ que haber anunciado esta propuesta sin habérselo comunicado a las autonomías «no es un buen augurio» y que «difícilmente podemos pensar que responda a las necesidades planteadas por las comunidades». «No se nos ha transmitido esta reforma cuando está relacionada con temas que nos afectan, porque así se recoge en los títulos competenciales del Estatuto de Gernika», afirmaron las fuentes, que también puntualizaron que la consejería analizará el proyecto cuando lo conozca de forma íntegra.
Desde el PNV y EA se mantuvieron posturas similares. Ambos partidos señalaron desconocer en profundidad la reforma, pero reclamaron la eliminación de la Audiencia Nacional, que el Tribunal Superior y el Constitucional se ocupen sólo de la casación de sentencias y la creación de un «poder judicial vasco».
Para Ezker Batua -tercer miembro del Gobierno vasco-, la reforma es un «parche», por lo que pidió al PSOE que abra un debate con todas las autonomías. También el PP vasco mostró su rechazo al proyecto del Ejecutivo. Su portavoz, Leopoldo Barreda, advirtió de que cualquier reforma del Poder Judicial debe mantener al Supremo como «unificador de doctrina y de jurisprudencia». Sólo el PSE-EE salió en defensa de la iniciativa del Gobierno para aclarar que «no se trata de ningún precio político a los nacionalistas», tal y como había asegurado el PP.
Tampoco desde el ámbito judicial fue acogida con entusiasmo la idea. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Francisco Ruiz Piñeiro, sostuvo que el impulso a los consejos de justicia autonómicos conlleva «un riesgo de politización evidente» y que la Administración de Justicia está «perfectamente estructurada». Por su parte, el portavoz del CGPJ, Enrique López, señaló que la reforma rompe el consenso constitucional de 1978. Además, Jueces para la Democracia rechazó que los próximos jueces de proximidad puedan ser nombrados por los ayuntamientos, como propone el Ejecutivo de Zapatero.
