PUBLICADO EN ABC.ES
El secretario de Estado, Luis López Guerra, rechaza que la justicia de proximidad responda a un modelo incompatible con la reforma nacida en 2003 del Pacto de Estado
MADRID. El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, aseguró ayer en declaraciones a ABC que los juzgados de proximidad son «sólo una parte de un proyecto global» de reforma de la Justicia y que no constituyen un «objetivo de actuación preferente» del Ministerio, cuya preocupación se dirige en mayor medida hacia la violencia de género o la reforma del recurso de apelación en el ámbito Penal.
El «número dos» del departamento que dirige Juan Fernando López Aguilar salía así al paso del duro comunicado difundido la pasada semana por las asociaciones más representativas del cuerpo de secretarios judiciales así como de las declaraciones del presidente del Colegio Nacional, Antonio Dorado, quien acusó al Ministerio de tener paralizada la implantación de la oficina judicial diseñada por el Gobierno del PP en la reforma de la LOPJ de 2003 y advirtió que ese modelo -fruto del extinto Pacto de Estado de Justicia- es incompatible con la justicia de proximidad.
«Críticas desproporcionadas»
López Guerra rechaza el choque entre ambos modelos y cree que las previsiones legislativas del Gobierno en materia de Justicia se han visto «distorsionadas». Se han destacado elementos que «no son esenciales» y que «son perfeccionables», como -señala- la polémica participación de los ayuntamientos en la elección de los jueces de proximidad. «Las críticas son desproporcionadas y llama la atención que se centren en estas cuestiones cuando hay asuntos que se tocan menos y son más preocupantes, como la violencia de género o la apelación penal», dijo.
El secretario de Estado insistió en que las últimas reformas de la Administración de Justicia proyectadas por el Gobierno están «en fase de mejora» después de que las instituciones competentes -CGPJ y Consejo de Estado- emitieran sus respectivos informes sobre el anteproyecto que aprobó el Gobierno. « Y estamos abiertos a admitir sugerencias», aseguró.
Sobre la oficina judicial prevista en la reforma de 2003, aseguró que su implantación está en marcha -«el plan está diseñado y el calendario, hecho»- y que las experiencias piloto en 11 capitales españolas arrancarán en la fecha prevista -primeros de octubre de 2006- con una inversión de 100 millones de euros. De aquí a esa fecha -es decir, en los próximos diez meses- el Gobierno tiene que publicar en el BOE los reglamentos disciplinario y de ingreso de los funcionarios, el reglamento de los secretarios judiciales y la reforma de 21 normas procesales, ya aprobada por el Consejo de Ministros y actualmente en fase de trámite parlamentario.
Por último, López Guerra negó que en la mente del Gobierno esté transferir la competencia sobre los secretarios judiciales a las Comunidades Autónomas y pidió a todos los colectivos implicados en la reforma de la Justicia que defiendan sus intereses, algo legítimo, pero siempre con el punto de mira puesto en el «buen servicio al ciudadano».
