Por su interés difundimos el importante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que asume íntegramente el informe del Secretario de Gobierno relativo a la no necesidad de transcripción de declaraciones ya documentadas en soporte audiovisual , acuerdo que nos ha sido transmitido por la delegación del SISEJ en Andalucía.
El origen de este acuerdo está en una resolución dictada por la Audiencia Provincial de Almería que ordenaba la transcripción en papel de una serie de actos ya documentados por medios audiovisuales, en fase de instrucción de un procedimiento penal, solicitando que se hiciera con cargo a recursos públicos de la administración autonómica y en su caso de los órganos judiciales.
El acertado informe del Secretario de Gobierno del TSJ de Andalucía, que la Sala asume íntegramente, determina que la competencia para decidir sobre la documentación de los actos procesales corresponde en exclusiva a los Secretarios Judiciales, sin que tenga sentido el despilfarro de recursos de utilizar dos vías de documentación.
Desde el SISEJ creemos que tanto el informe del Secretario de Gobierno del TSJA como el acuerdo de la Sala de Gobierno que lo asume, están en la línea adecuada para la modernización de la administración de justicia, invocando la importante Ley 18/2011 de uso de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de la administración de justicia.
Así mismo, en los últimos meses hemos asistido a una cierta proliferación de resoluciones de naturaleza gubernativa de determinados órganos judiciales tendentes a ordenar la transcripción en papel de actos procesales ya documentados por medios audiovisuales, lo que ha motivado nuestra preocupación y actividad tendente a defender las competencias de los Secretarios Judiciales, la modernización de la administración de justicia y una adecuada utilización de los recursos públicos.
Por ello, consideramos que el Ministerio de Justicia debe unificar criterios desde la Secretaría General para asumir una única posición en todos los territorios en el sentido manifestado, especialmente en un momento en el que el propio Ministro de Justicia ha fijado como una de las prioridades de su gabinete el “papel cero” en justicia para el año 2016.
