El SISEJ (Sindicato de Secretarios Judiciales) ha presentado formalmente al Ministerio de Justicia un escrito por el que solicitamos la reforma urgente de los artículos 84 y 85 del vigente Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales, con una doble finalidad: que los Secretarios Judiciales podamos disfrutar las vacaciones anuales retribuidas en períodos inferiores a cinco días hábiles consecutivos, y que podamos acumularlas a los días de permiso por asuntos particulares.
Esta reivindicación no es nueva para el SISEJ, sino que siempre la hemos planteado en escritos y reuniones. Ante la situación actual de deterioro y peligro para nuestros derechos laborales, y ante la pasividad general, creemos necesario insistir en ello. Como hemos puesto de manifiesto, el Ministerio de Justicia convocó en 13 de abril una reunión para activar los grupos de trabajo en materia de reforma del régimen disciplinario y reforma del sistema de categorías profesionales, reunión a la que asistimos, y tras la que presentamos los correspondientes informes, como ampliación a los que ya constaban aportados por el SISEJ en el propio Ministerio. Sin embargo, los trabajos generales para la reforma del Reglamento Orgánico permanecen varados, tras el naufragio de la reforma cuyo estudio tuvo lugar durante la anterior legislatura.
Hay circunstancias ante las que no debemos callar: la brutalidad del recorte salarial (ningún Secretario Judicial sabe con exactitud cuánto va a cobrar en la próxima nómina), la clarísima pérdida de representatividad que ha sufrido el colectivo en lugar de avanzar hacia la plena satisfacción de nuestro derecho a la negociación colectiva, y el deterioro de nuestros derechos sociales derivados también del Real Decreto Ley 20/2012, en especial la privación de días de permiso y prestaciones sociales.
Sabemos que la propuesta de reforma de tales artículos que el SISEJ ha presentado es perfectamente posible sin coste presupuestario, y -lo que para el SISEJ es fundamental- sin perjuicio para otros colectivos ni para el servicio público. El Ministerio de Justicia tiene ahora la oportunidad de mostrar en público hasta dónde llega su voluntad de respetar nuestros derechos como empleados públicos.
