Uno de los problemas irresueltos de los últimos años es la gestión de la participación de Secretarios Judiciales en diligencias de entrada y registro simultáneas. El aumento de dichas diligencias en estos últimos años, la falta de retribución y subsiguiente naufragio de la bolsa de sustituciones voluntarias prevista en la instrucción 6/2011 de la Secretaría General, y las continuas disfunciones en la práctica afectantes a la seguridad y adecuada realización de las mismas, han determinado quejas fundadas en nuestro colectivo.
En este sentido, el Sindicato de Secretarios Judiciales ha puesto en marcha una serie de actividades tendentes a la reclamación de una regulación adecuada para las diligencias de entrada y registro simultáneas, para que estas actuaciones tengan lugar con todas las garantías legales propias de la intervención de la administración de justicia.
Como primera medida afectante a nuestro colectivo, hemos solicitado de la Secretaría General de la Administración de Justicia la retribución de la participación de Secretarios Judiciales en diligencias de entrada y registro simultáneas cuando no lo puedan ser de otro modo, bien mediante la productividad (como está previsto en la Instrucción 6/2011) o mediante una vía alternativa, dado que estamos ante una actividad profesional que genera derechos económicos conforme al art. 94 de nuestro Reglamento Orgánico.
Del mismo modo, consideramos que el Ministerio de Justicia debe adoptar las medidas adecuadas para establecer criterios homogéneos en todos los territorios para la participación en tales diligencias, adoptando las medidas oportunas especialmente en lo que se refiere a la seguridad. Destacamos que el SISEJ viene solicitando desde 2008 la creación de un servicio común judicial para la práctica de tales diligencias con plenas garantías.
Desde el SISEJ somos conscientes de la situación en partidos judiciales y territorios como Algeciras, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Euskadi y otros, y consideramos que el Ministerio de Justicia debe ejercer la acción de gobierno que se espera del mismo, como es la de dotar adecuadamente la garantía de la intervención de la administración de justicia en la práctica de las diligencias de entrada y registro.
