El Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, anteriormente llamados Secretarios Judiciales, es considerado desde hace muchos años y unánimemente como un Cuerpo desaprovechado para la administración pública. Se trata de una Carrera superior con pruebas selectivas similares a la Carrera Judicial y Fiscal, pero a la que se ha relegado tradicionalmente a funciones auxiliares.
La reforma de la administración de justicia iniciada a raíz del Pacto de Estado de 2001 y continuada con las reformas procesales de 2003 y 2009 no se ha visto culminada y su paralización en los últimos años es ya un hecho. La situación profesional del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia ha quedado por tanto estancada en un aumento notable y generalizado de funciones y responsabilidades en el marco de una administración de justicia ineficaz y mal organizada, con una situación estatutaria anticuada y un régimen de interlocución sindical inexistente.
Desde el punto de vista salarial la situación es particularmente significativa. La multiplicación de funciones y responsabilidades no ha conllevado la menor adecuación salarial, lo que constituye un caso único en toda la Administración Pública. Se da la paradoja de que algunos puestos de Letrado de la Administración de Justicia se retribuyen prácticamente igual que otros puestos del personal funcionarial al que dirigimos en las oficinas judiciales. El Ministerio de Justicia, en cambio, no ha tenido reparos en negociar abiertamente la concesión de mejoras de todo tipo con otros colectivos profesionales, pese a la crisis económica de la que por otra parte, según el Gobierno, el país ha salido.
Desde el Ministerio de Justicia durante los últimos años se ha tratado de promover en el seno de nuestro colectivo una cultura de resignación, de falta de movilización, y de falta de diálogo, considerándose por el Gabinete actual que los Letrados somos un Cuerpo sin dignidad. Como organización de naturaleza sindical no podemos mirar a otro lado. Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia anunciamos el inicio de un proceso para la convocatoria de medidas de conflicto laboral con el Ministerio de Justicia, incluido el ejercicio legal del derecho constitucional de huelga, total o parcial, en los primeros meses de 2018 en defensa de nuestros derechos salariales, laborales y estatutarios.
Desde el SISEJ nos negamos expresamente a toda utilización política de esta iniciativa que es exclusivamente profesional y laboral. Ofrecemos nuestro compromiso sindical, y pedimos, con sinceridad y honestidad, por encima de nuestras diferencias, a todas las organizaciones de nuestro sector y a los Letrados de todos los partidos judiciales reunidos en asamblea a valorar la situación y exigir al Ministerio de Justicia que abra la negociación de nuestra adecuación salarial en los próximos meses.
