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El Ministro de Justicia anuncia la modificación de la Ley de tasas judiciales: comunicado del SISEJ

Ante la comparecencia del Ministro de Justicia, Alberto  Ruiz-Gallardón, en el Congreso de los Diputados anunciando la  modificación parcial de la Ley 10/2012 de tasas judiciales, a falta  del texto de la reforma anunciada y sin perjuicio de un posterior  informe, desde el SISEJ (Sindicato de Secretarios Judiciales) queremos  realizar públicamente las siguientes valoraciones:


1.- El anuncio del Ministro de Justicia de una disposición legal que  modifique la Ley de tasas judiciales, reduciendo cuantías, suprimiendo  la exacción de tasas en algunos supuestos como los desahucios de  primera vivienda, y todo ello asumiendo las recomendaciones de la  Defensora del Pueblo en el marco de una «reconsideración general», nos  parece insuficiente y parcial.

2.- Para el SISEJ la Ley 10/2012 nunca debió aprobarse y siempre hemos  mantenido dudas razonables sobre su constitucionalidad. La  promulgación de esta ley ha creado desde el primer momento una  situación alarmante de inseguridad jurídica y ha derivado en criterios  distintos de aplicación en prácticamente todos los partidos  judiciales, situación que se ha visto agravada por la inactividad y la  torpe gestión del Ministerio de Justicia. En definitiva, la ley de  tasas judiciales debe ser derogada.


3.- El Ministerio de Justicia debe hacer un ejercicio de  transparencia, publicando de inmediato y sometiendo a la ciudadanía, a  todos los operadores jurídicos, y a la opinión pública en general, el  texto con las modificaciones que ha anunciado el Ministro.


4.- Los Secretarios Judiciales hemos vivido en primera línea la  aplicación de esta Ley. El Sindicato de Secretarios Judiciales  (SISEJ), ante la situación límite de inseguridad jurídica que el  Ministro ha creado, instará a su afiliación, y en general a todos los  miembros del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, a que  actúen con la máxima cautela y consideren caso por caso la posibilidad  jurídica de paralizar provisionalmente las consecuencias jurídicas de  la falta de  presentación del justificante de pago de la tasa judicial  como requisito procesal, en especial en aquellos casos que puedan  causar un notorio perjuicio al ciudadano o conste anunciada una  eventual y próxima modificación de la tasa judicial, dado además que  el propio Ministro ha mencionado el plazo de una semana.


5.- Finalmente, el Ministro de Justicia ha realizado ante las Cortes  Generales un reconocimiento de la lesividad para la ciudadanía de una  Ley que él mismo impulsó, desoyendo multitud de informes y con una  falta de diálogo social e institucional difícilmente predicable de una  sociedad democrática. Todo ello, a juicio del SISEJ supone una  desautorización política y ciudadana de su gestión, en sede  parlamentaria, que es donde reside la soberanía popular, y que debería  determinar su cese al frente del Ministerio.

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