• El objetivo primordial es garantizar la igualdad de oportunidades y la pluralidad en la extracción social de los opositores a jueces y fiscales
• Para cumplir este objetivo, el Ministerio dispone, en los Presupuestos Generales de 2006, de 270.000 euros, incluidos en la partida del Centro de Estudios Jurídicos
• El importe de cada beca es los 3.000 euros anuales y se abonarán en forma de pago único anual por adelantado
• También se prevé la concesión de créditos bancarios durante 4 años, que tendrán un importe máximo de 10.000 euros anuales. Los intereses serán asumidos por el Ministerio de Justicia
El importe de cada beca es de 3.000 euros anuales, y se abonarán en forma de pago único por adelantado. Están pensadas para cubrir los gastos básicos de preparación de la oposición (preparadores, documentación…). Asimismo, y dado que hay opositores que carecen de recursos en los años de preparación, se prevé ofrecer créditos bancarios durante 4 años, que tendrán un importe máximo de 10.000 euros anuales. Los intereses de estos créditos serán asumidos por el Ministerio de Justicia.
En el caso específico de que el opositor únicamente solicite la beca anual, ésta será renovable hasta tres años, transcurridos los cuales sin haber superado la oposición, el opositor podrá solicitar un crédito subvencionado, cuyos intereses serán igualmente asumidos por el Centro de Estudios Jurídicos.
La duración del crédito dependerá del contrato que suscriban el opositor y la correspondiente entidad bancaria, con un periodo máximo de cuatro años de carencia y otros cuatro de amortización. El préstamo tendrá carácter anual y es compatible con la petición y concesión de la beca. Para ambas modalidades, se tendrán en cuenta los mismos criterios de selección y, en particular, la capacidad económica (un máximo de 3.000 euros mensuales por unidad familiar de cuatro miembros), y el expediente académico (mínimo de 6, 5 puntos sobre 10).
López Aguilar, que anunció esta nueva iniciativa del Ministerio durante su comparecencia en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador del Grupo Parlamentario Socialista Arcadio Díaz Tejera, manifestó que se cumple así con otro de los compromisos del programa electoral. Señaló que los principales objetivos de esta nueva medida son: Asegurar criterios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública de la Administración de Justicia; garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la judicatura y fiscalía; establecer un sistema de continuidad formativa abierto y transparente, y atraer a la función pública de la Administración de Justicia a los juristas más capacitados profesionalmente. De este modo, se evitará a las familias económicamente más modestas la sobrecarga económica durante un período largo, costoso e incierto.
