El Consejo de Ministros acordó hoy iniciar la tramitación de la reforma judicial que crea los Consejos de Justicia de las comunidades autónomas.
Estos consejos supondrán una mayor descentralización de la justicia y emitirán informes sobre nombramientos discrecionales de cargos judiciales ubicados en la comunidad autónoma, ejercerán competencias que le delegue el Consejo Judicial del Poder Judicial y asumirán las atribuciones en materia de justicia que les atribuyan los Estatutos de Autonomía, pero no podrán, en ningún caso, asumir competencias exclusivas del CGPJ.
Además, la reforma refuerza el papel de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas como cúspide judicial de sus territorios.
Tanto la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no quisieron entrar en la polémica de si los nuevos consejos de Justicia autonómicos han sido creados para ajustarse a los futuros estatutos valenciano y catalán, e hicieron hincapié en que los nuevos consejos se crean «dentro del marco competencial que la Constitución permite».
Los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los jueces quedan reservados al CGPJ, tal como está recogido en el artículo 122 de la Constitución.
Los nuevos consejos, cuando se reúnan en Pleno, estarán formados por el presidente del tribunal superior correspondiente, los presidentes de todas las salas del TSJ, el fiscal jefe de la comunidad, los presidentes de las audiencias provinciales existentes, y los jueces decanos liberados. Estos cargos serán un tercio del órgano, ya que otro tercio serán elegidos entre jueces y magistrados, y otro más por las asambleas parlamentarias correspondientes por mayoría de dos tercios.
Además de la creación de los consejos de Justicia autonómicos, la futura ley tiene como otro objetivo fundamental aliviar de trabajo al Tribunal Supremo, para lo que se redistribuirán las funciones entre el Supremo y los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Así, el recurso de casación, principal vía de entrada de asuntos en el Supremo, se limita a las infracciones que se pudieran haber producido en la aplicación del ordenamiento judicial estatal, con motivo de discrepancias de los órganos judiciales inferiores.
De esta forma, el Tribunal Supremo asume la función de unificador de doctrina a nivel estatal y los tribunales superiores de Justicia se pronunciarán sobre las normas emanadas de las comunidades autónomas. López Aguilar, en la rueda de prensa ofrecida después del Consejo de Ministros, justificó estas medidas por la necesidad de descongestionar un tribunal como el Supremo, saturado en todas sus salas.
JUZGADOS DE PROXIMIDAD
Las nuevas leyes crean la figura del juez de proximidad en ciudades de más de 175.000 habitantes situadas en comunidades autónomas con transferencia en materia de justicia. Los nuevos jueces serán abogados con más de seis años de ejercicio de la profesión, a los que nombrará el CGPJ, y se ocuparán de pleitos penales y civiles de menor entidad, como desahucios o juicios verbales donde la deuda exigida no exceda de 3.000 euros. Igual que en el caso de la reforma de los tribunales superiores de Justicia, estos juzgados de proximidad servirán para aliviar la carga de trabajo que pesa sobre los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción.
La reforma posibilita, además, que exista una doble instancia penal en todos los casos, tal como exigía la ONU a España y como figura en la doctrina del Tribunal Constitucional y en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El nuevo recurso de apelación ante las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional introducirá la posibilidad de practicar nuevas pruebas ante el tribunal de apelación.
El consejo de ministros aprobó también hoy el Plan de Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 presentado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado día 11. El Plan cuenta con un presupuesto de 248.892 millones de euros.
Las mayores inversiones del Plan se dirigen al ferrocarril, que concentra cerca del 50% del total, las carreteras ocupan el segundo lugar y el transporte urbano y metropolitano es el tercero en volumen de inversión.
