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El Consejero de Justicia Canario, preocupado por las vacantes de Secretarios Judiciales

PUBLICADO EN CANARIAS AHORA.COM

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, expresó este jueves la disposición favorable «en principio» del Ejecutivo canario a las reformas en materia de justicia y pidió la convocatoria en el mes de septiembre de una nueva Conferencia Sectorial para seguir debatiendo.

Así lo manifestó Ruano en declaraciones a los medios tras participar en la Conferencia Sectorial, en la que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y los consejeros de las comunidades autónomas debatieron los dos anteproyectos de Ley que permitirán la implantación de los llamados jueces de proximidad y la creación de los Consejos de Justicia autonómicos.

Señaló que la mayoría de las comunidades pidieron más tiempo para analizar los anteproyectos de Ley, ya que en su caso ni siquiera había recibido el documento y algunas lo tenían en su poder «desde hace escasamente dos días».

José Miguel Ruano indicó que «en principio, en lo que se refiere a la organización territorial del Tribunal Superior de Justicia y los Consejos Territoriales tenemos una disposición favorable» y agregó que tenía que analizar «con más detenimiento» lo relativo a la justicia de proximidad.

Criticó que las conferencias sectoriales se conviertan «en un trámite formal, en el cual se hace un informe, una mera presentación de un texto, que va a definir en el futuro la organización judicial en toda España y también en el Archipiélago».

Respecto a la oficina judicial, que, según explicó, «es una estructura nueva para dar cabida a los procedimientos que se llevan a los Tribunales de Justicia», dijo que en Canarias aún con las previsiones más optimistas no será posible ponerlo en marcha antes del primer trimestre del año 2007.

José Miguel Ruano trasladó al ministro su «gran preocupación» porque en el Archipiélago hay 45 plazas vacantes de secretarios judiciales «y eso hace muy complicado que en futuro podamos contar con una auténtica oficina judicial».

No obstante, confió en que «dentro de la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas podamos solventar estos aspectos y en esa misma línea vamos a trabajar nosotros».

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