El martes 11 de septiembre una representación del SISEJ acudió a la reunión con el Subdirector General de Programación de la Modernización y otros representantes ministeriales, con objeto de exponer nuestras observaciones sobre el llamado “borrador de Ley Orgánica del Poder Judicial”, en concreto, sobre la parte del mismo referida a “Oficina Judicial” (Capítulo I Título V Libro II, artículos 272 a 280), informe que entregamos en el acto. Con este encuentro, según se nos comunicó, el Ministerio da por terminada la ronda de encuentros con las organizaciones de Secretarios Judiciales en esta materia.
En cuanto al estado del borrador sobre el que el Ministerio nos viene pidiendo opinión, recordamos que no estamos ni siquiera ante un proyecto legislativo, y que la tramitación parlamentaria del mismo se ha previsto para el mes de octubre. El Ministro de Justicia ha venido presentando públicamente el mismo durante estos meses, afirmando que el texto de los expertos “no es la posición del Ministerio”, pero es evidente, y así lo ha reconocido el propio Ministro, que los expertos actuaron de acuerdo con sus pautas. En todo caso, pese al barniz “técnico” que se le ha tratado de dar, estamos ante un documento fuertemente político .
Con carácter general, el SISEJ ha solicitado que este borrador de LOPJ no se presente a las Cortes Generales, tanto por su forma de elaboración (a puerta cerrada por un reducido grupo de expertos de confianza política del Ministro, rompiendo con el espíritu de consenso y pacto que debería informar una norma tan importante) como por su contenido (la ruptura con un proceso de modernización de la administración de justicia basado en la eficiencia y la homogeneidad).
En cuanto a los Secretarios Judiciales, el texto conlleva la pérdida de las facultades de dirección procesal atribuidas por la Ley 13/2009. La jefatura de la Oficina Judicial queda como una atribución formal, sometida a la superior dirección a todos los niveles de cada Juez, Magistrado o Tribunal. Se acaba con la separación de competencias incluso en los Servicios Comunes, cuyo funcionamiento se entiende sin perjuicio de las competencias de Jueces y Presidentes, y cuyo diseño, creación y organización se impide si no tiene el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. También se vacía de contenido la estructura jerárquica de los Secretarios Judiciales, que habrán de cumplir las órdenes directas de cada Juez o Presidente y atender los requerimientos directos de información de los órganos de Gobierno de Jueces y Magistrados en cada circunscripción.
Desde el SISEJ hemos manifestado a los responsables ministeriales nuestro rechazo a esta reforma, que supone la conversión del Cuerpo Superior Jurídico en un Cuerpo auxiliar de cada Juez, Magistrado o Tribunal.
Estas previsiones deberían justificar por sí solas la próxima movilización de todos los Secretarios Judiciales, más aún cuando el Ministro ni tan siquiera ha recibido a nuestras organizaciones desde que tomó posesión.
Desde el punto del vista del servicio público, la administración de justicia se pretende rediseñar en este texto para dejar de tener como objetivo la satisfacción de los ciudadanos de modo homogéneo y eficaz, y pasar a servir a los Tribunales, considerados en sentido puramente corporativo. Todos sabemos que una administración de justicia eficaz y homogénea es garantía de una correcta ejecución de las resoluciones de Jueces y Magistrados, y por tanto, para la propia función judicial. El borrador de LOPJ abre una puerta muy peligrosa: que el tratamiento administrativo, la tramitación puramente procesal de las resoluciones judiciales, más allá de su contenido, deje de ser homogénea en todo territorio y en todo órgano.
Tenemos la convicción de que estamos ante el desmantelamiento deliberado del proceso modernizador de la administración de justicia iniciado con el pacto de estado por la justicia y reforzado con la Ley 13/2009, atendiendo a intereses corporativos y dejando de lado el objetivo principal de servicio público a los ciudadanos.
