Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. Que se conmemore, y no se celebre, implica que la situación de la mujer en todo el mundo sigue siendo, pese a las declaraciones formales de igualdad que pueden hacerse, la de ciudadanas de segunda categoría.
En el ámbito de la justicia y en España, en 2012 se implantaron unas tasas judiciales que, atacando fundamentalmente a los débiles, se han aplicado, entre otros, a procedimientos de familia, incluyendo sin rubor los derivados de casos de violencia de género. El Ministro de Justicia dio un paso atrás hace pocas semanas, en un ejemplo más de la pésima gestión ministerial que se ha hecho respecto de una ley que ha encontrado la oposición frontal de la sociedad, pero las consecuencias que los meses de vigencia de la Ley de Tasas originaria ha tenido en este ámbito son de muy difícil valoración, y aún queda por ver las que tendrá en su redacción definitiva. En todo caso, ese paso atrás sólo ha consistido en la reducción de la parte variable de la tasa para las personas físicas y en el reconocimiento del derecho de justicia gratuita a las víctimas de violencia de género, quedando, por tanto, muchos procedimientos vinculados al pago de tasas de gran cuantía.
Al obligar al pago de tasa en procedimientos de familia hay que tener en cuenta cuatro cuestiones: que los procedimientos de nulidad, separación y divorcio se inician en un porcentaje elevadísimo de casos a instancia de la mujer, que es la principal interesada en poner fin a vínculos familiares insostenibles; que afectan a la esfera íntima de la persona y a un colectivo aún más vulnerable: los menores; y que, al encarecer estos procedimientos no debemos dejar de poner estos puntos en relación con el fenómeno de la feminización de la pobreza y con el hecho de que las mujeres sufren unas condiciones laborales, incluyendo sus salarios, peores que los hombres (Según el informe anual de la escuela de negocios EADA, actualizado a enero de 2013 y publicado en fechas recientes, en cinco años la presencia de mujeres directivas en la empresa española se redujo a la mitad, como también su presencia en mandos medios. En cuanto a la brecha salarial, se da en todas las categorías profesionales, siempre en perjuicio de la mujer y llega hasta el 17%). Por último, que las mujeres son quienes fundamentalmente asumen la responsabilidad del hogar y la crianza de los hijos.
Mientras la tasa se exigió a las víctimas de violencia de género hay que reflexionar, además, sobre el freno añadido que ha supuesto para ciudadanas en una especial situación de desprotección, a las que el Estado, en lugar de ser amparar, ha equiparado a grandes fortunas, a empresas, a cualesquiera otras personas en la plenitud de su fuerza moral, exigiéndoles el pago de unas cuantías desproporcionadas e indiscriminadas y fijadas por quien, desde una posición dominante, piensa que cualquiera puede disponer de ellas y que, si no es así, no merece que la maquinaria del Estado trabaje para ella.
