El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), conjuntamente con la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), consideramos que la situación de la administración de Justicia en España ha alcanzado en los últimos meses un importante grado de deterioro institucional, y advertimos a la ciudadanía del grave riesgo de involución en un sector que está llamado desde hace décadas a una de las más importantes reformas de nuestra historia reciente.
Por ello creemos que el Gobierno debe remodelar el Ministerio de Justicia dirigido por el Sr. Alberto Ruiz-Gallardón, tanto respecto a su titular, como a los principales responsables de una línea política errática y que no responde al mandato para el que fueron elegidos en las pasadas elecciones generales.
Exponemos brevemente algunos de los aspectos que el SISEJ considera fundamentales, y que se han unido, junto a la política de recortes impulsada por el Gobierno del Partido Popular, a un deterioro progresivo de nuestras condiciones laborales y sociales:
1.- Paralización de la reforma de la administración de justicia
La Nueva Oficina Judicial es el proyecto de reforma institucional más ambicioso de nuestra historia democrática y uno de los más esperados por la ciudadanía. Año tras año, las valoraciones ciudadanas sobre la justicia evidencian la lentitud e ineficiencia de la misma. Las diferentes fuerzas políticas, hace ya más de una década, alcanzaron un pacto y consensuaron una reforma de largo recorrido, cuyo principal hito legislativo ha sido la Ley de reforma procesal para la implantación de la oficina judicial de 2009.
El proceso de implantación y reforma se inició en pasadas legislaturas, con las dificultades propias de todo cambio de grandes dimensiones, pero con éxito en sus resultados en cuanto a la prestación del servicio, y en medio de una fuerte oposición corporativista. Sin embargo, tras el último cambio de titularidad en el Ministerio de Justicia, el proyecto de implantación de la Oficina Judicial permanece paralizado, habiéndose sólo impulsado y apostado por un maquillaje nominal de las viejas estructuras, prescindiendo del órgano que implementará un auténtico cambio de modelo: el Servicio Común de Ordenación Procesal, donde se concentrará toda la labor burocrática de la Oficina, a diferencia de la situación actual, en que este peso burocrático se reparte en órganos encargados de enjuiciar y ejecutar, dificultando y retrasando enormemente su labor.
Desde el actual Gabinete se ha tratado de justificar esta parálisis y renuncia a un verdadero cambio de modelo con argumentos que estimamos insuficientes: se ha alegado dificultades presupuestarias, cuando en los Presupuestos Generales del Estado se ha recortado brutalmente los gastos de inversión, y cuando de lo que se trata es de una reorganización de personal, de un nuevo modo de trabajar. En la administración de justicia todos sabemos que existe una profunda descompensación de medios personales entre unas oficinas y otras. Se ha tratado desde el Ministerio de Justicia de justificar la parálisis vinculando la Oficina Judicial al desarrollo e implantación del expediente judicial electrónico; argumento falaz, al tratarse de una reorganización de medios y mecanismos de trabajo.
El Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, llamado por Ley a la Dirección de la Nueva Oficina Judicial, espera durante años que se desarrolle este proyecto, que dota de importantes funciones directivas a los Secretarios Judiciales, en beneficio de la homogeneización del servicio público y de la calidad del mismo, siempre –lógicamente- en beneficio de la ciudadanía.
Esta paralización se está tratando de complementar con medidas como la imposición de tasas para limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, o la apuesta por la “desjudicialización” en favor del sector privado de servicios que hoy ofrece de modo gratuito la administración a la ciudadanía. Medidas profundamente contrarias al Estado Social y Democrático de Derecho que propugna el texto constitucional..
En definitiva, creemos que existe una clara falta de voluntad política por parte del Ministerio de Justicia para afrontar la reforma mediante el cambio de modelo que conlleva la Oficina Judicial. Al Sr. Ministro debía corresponder explicar a la ciudadanía los motivos reales de este cambio de rumbo.
2- Falta de diálogo institucional
El Ministro de Justicia desde su toma de posesión el 21 de diciembre de 2011 no ha convocado ni recibido institucionalmente a las organizaciones de Secretarios Judiciales, caso único en nuestra reciente democracia.
Lo hemos solicitado, e incluso presencialmente, ante el Secretario General de la Administración de Justicia en la última reunión celebrada el pasado 9 de octubre. Se nos comunicó una predisposición positiva dependiendo de las necesidades de agenda, pero lo cierto es que el tiempo ha transcurrido sin la menor comunicación, ni tan siquiera dilatoria.
Los Secretarios Judiciales integramos un Cuerpo Superior Jurídico, dotado legalmente de facultades directivas y que, en especial desde la Ley 13/2009 y su reforma procesal hemos asumido importantes responsabilidades, pero que ni a día de hoy ni tan siquiera tiene un marco legal propio de representación laboral, y nos sentimos instalados desde hace años en el menosprecio institucional.
No constituimos, ni lo pretendemos, el único colectivo cuyos derechos están sufriendo un grave deterioro. Con toda probabilidad, todos lo sufren en mayor o menor medida.
Por todo lo expuesto consideramos que la ciudadanía, y nuestro colectivo como parte de ella, no puede seguir engañada, ni permitir que se utilice la crisis financiera internacional, ni la política de restricciones presupuestarias como excusa para todo, como coartada para desmantelar un servicio público pilar de la democracia, la justicia
3- Devaluación sistemática del Cuerpo de Secretarios Judiciales
Tras negociaciones infructuosas en las escasas ocasiones en que hemos sido convocados por el Ministerio, constatamos que los borradores propuestos para la inaplazable reforma del régimen disciplinario no mejora lo que se había negociado con el anterior equipo ministerial, lo cual resulta sorprendente; y está por ver que se cumpla el compromiso de redacción definitiva antes de fin de año. A estas fechas, la promesa de convocar oposiciones a un determinado número de plazas de secretarios judiciales ha quedado olvidada por completo. Seguimos sin tener propuesta de modificación de las categorías profesionales, situación sangrante e insostenible que perjudica gravemente a los compañeros de promociones más recientes, habiendo sido citados para una reunión al efecto para el 12 de noviembre, que dados los antecedentes citados, no nos mueve a ser optimistas. Esta falta de interés contrasta con la diligencia que muestra el Ministerio de Justicia cuando se trata de solucionar los problemas de otros cuerpos superiores. Debemos denunciar igualmente que se está produciendo un vaciado de competencias a favor de otros colectivos (públicos y privados), para servicios que hoy ofrece a la ciudadanía de modo gratuito la Administración.
Resulta inexplicable que el mayor capital humano con que cuenta el Ministerio de Justicia, que somos los secretarios judiciales, esté siendo devaluado y despreciado de este modo tan irresponsable.
4- Pérdida y deterioro de derechos estatutarios y profesionales
Los Secretarios Judiciales, asimismo integramos un Cuerpo Superior Jurídico, dotado legalmente de funciones directivas y que, en especial desde la Ley 13/2009 y su reforma procesal hemos asumido importantes responsabilidades que no han ido acompañadas de su reconocimiento salarial; pero que a día de hoy, ni tan siquiera tiene un marco legal propio de representación laboral, y nos sentimos instalados desde hace años en el menosprecio institucional, queriendo manifestar expresamente que aparcamos (que no abandonamos) en este momento, cualquier reivindicación económica, para retomarla solo cuando la situación económica mejore y lo permita.
No constituimos, ni lo pretendemos, el único colectivo cuyos derechos están sufriendo un grave deterioro. Con toda probabilidad todos lo sufren en mayor o menor medida. La situación se ha visto agravada por los recortes salariales, laborales y sociales, que hemos sufrido, con el pretexto de la actual situación económica, recortes que en ningún caso suponen solución a los problemas que sufre el país. Poniendo de relieve en especial y en relación a los secretarios judiciales, la inexplicable supresión de días de permiso por asuntos propios, la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre, que se nos lleva detrayendo de la nómina de forma parcial desde el mes pasado, y con un cálculo incorrecto; poniendo asimismo de manifiesto el agravio sufrido recientemente en comparación con otros cuerpos superiores, a los cuales se les ha prometido ampliar en nueve días; medidas que hacen muy complicada la conciliación de la vida personal y laboral.
Finalmente, anunciamos, conjuntamente con otra organización, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), la adopción de las siguientes medidas sectoriales de movilización:
– Convocaremos en los próximos días una concentración de Secretarios Judiciales en sedes judiciales de todo el Estado, sin incidencia el servicio público.
– Pondremos en marcha una campaña de recogida de firmas exponiendo al Ministerio de Justicia las principales reivindicaciones laborales de nuestro sector profesional, que arrastra el peor régimen de derechos de toda la administración de justicia.
– A la vista de todas las asambleas y juntas de secretarios judiciales que se están sucediendo en todo el Estado, compartimos en un alto porcentaje las reivindicaciones que se contienen en la mismas, como ya hemos manifestado, apoyando la convocatoria de tales reuniones, siempre en defensa de nuestros intereses laborales y sociales, y por supuesto los del servicio público.
-Anunciamos así mismo el estudio de otras medidas de conflicto, sin descartar un paro o huelga sectorial.
