Ante la propuesta de reforma del sistema de acceso a las profesiones judicial y fiscal incluido en el pacto de gobierno suscrito entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, desde el SISEJ emitimos el siguiente comunicado:
La reforma del acceso a la judicatura y a la fiscalía, pero también al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, es una necesidad innegable. El sistema actual no puede definirse como objetivo, neutral y garantista, ni puede sostenerse que garantiza que sean las personas idóneas quienes superen las pruebas selectivas.
En cuanto a las pruebas teóricas, y específicamente los exámenes orales, carecen de la igualdad de acceso exigible y adolecen de una grave discrecionalidad debido a la diversidad de criterios entre los distintos tribunales de oposición, y la falta de seguimiento y garantías en el desarrollo de las pruebas(consideramos alarmante, por la falta de seguridad jurídica, que los exámenes no se registren en soporte audiovisual en pleno siglo XXI).
Esta insólita situación cuya impugnación no está regulada, provoca que en la práctica no se recurran las decisiones de los tribunales de oposición.
Por ello defendemos que el ingreso se haga a través de la superación de un proceso que constituya una verdadera carrera profesional, donde a través de la especialización en disciplinas jurídicas, pero también en valores y principios que inspiran a la Administración de Justicia como servicio públicodirigido a la solución, cuando no a la evitación, de los conflictos sociales, consigamos formar a los mejores profesionales.
Desde el SISEJ consideramos que este nuevo sistema de acceso debe abordarse de forma transparente en el marco de las políticas públicas que deben emprenderse para modernizar la justicia y promoviendo la máxima participación del sector justicia y ámbito universitario, pero también del conjunto de la ciudadanía, de la que, constitucionalmente, emana el poder judicial.
Por último, y en todo caso, debe perseguirse un doble objetivo: de un lado, democratizar el acceso a ciertas profesiones jurídicas de naturaleza funcionarial que se sitúan en el núcleo de la organización institucional del Estado, permitiendo que cualquier persona pueda tomar parte en el proceso con independencia de sus recursos económicos. Por otro, conseguir que los profesionales de estas carreras, además de conocimientos estrictamente jurídicos, acreditasen ciertas habilidades, conocimientos y compromisos sociales no estrictamente jurídicos que deben formar parte de su acervo.
La configuración del modelo de jueces, fiscales y letrado de la administración de justicia compete al conjunto de la ciudadanía. A todas y todos.
