Mañana día 4 de mayo entrará en vigor de la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial , y desde el Sindicato de Secretarios Judiciales queremos reiterar nuestro absoluto compromiso con este importante cambio desde el convencimiento de que las nuevas estructuras, organización y distribución del trabajo, así como las nuevas competencias y responsabilidades atribuidas a los secretarios judiciales convertidos en directores procesales, nos permitirán colaborar de manera efectiva en beneficio del servicio público que constituye la Administración de Justicia.
La transformación estructural de la administración de justicia ha sido una asignatura pendiente de la democracia española que, como hemos insistido, no admitía demora. Este proceso modernizador y transformador sin embargo no afecta al conjunto de la Justicia, sino que se limita a la Administración de Justicia desde el consenso de las instituciones estatales (poder ejecutivo y legislativo) y autonómicas. Aún así sienta las bases para la adaptación a una sociedad moderna y avanzada de un servicio público fundamental para la convivencia ciudadana.
No obstante, la reforma ha intentado contentar a sectores opuestos a la modernización y ha cedido a presiones corporativas en puntos esenciales como son la competencia respecto de la agenda de señalamientos de juicios o la presencia física del secretario durante la celebración de las vistas (juicios y comparecencias), siendo en estos puntos tibia y dejando paso a interpretaciones contrarias a la homogeneización y la optimización de recursos sin conseguir su objetivo de agradar a todos. Como señalamos en su día la modificación del Proyecto original de Reforma, que afrontaba con decisión estos aspectos, constituyó una decepción para el SISEJ, y por ello en el futuro se deberá abordar sin complejos tanto la innecesaria presencia en la sala de vistas de los secretarios en cualquier circunstancia, así como la completa racionalización de la agenda de señalamientos de los juicios, en beneficio de la ciudadanía.
Pero nuestra obligación hoy es mirar adelante y mañana iniciamos un salto cualitativo sin precedentes en la Administración de Justicia, y también una modificación sustancial inédita en la configuración de las funciones de los secretarios judiciales. Nuestro colectivo abandonará progresivamente unas funciones estrictamente vinculadas a la fe pública judicial, que nada aportaban ni a la dignificación laboral de los secretarios ni por supuesto al servicio público, asumiendo funciones de dirección procesal acordes con nuestra elevada preparación, que han de posibilitar la implantación progresiva de los Servicios Comunes Procesales (Generales, de Ordenación Procesal y Ejecución).
Lamentablemente, las presiones de los sectores inmovilistas y conservadores del ámbito de la Justicia han impedido un mayor avance, condenando, con la sorprendente complacencia del Ministerio, a un importante número de secretarios judiciales a permanecer en las futuras Unidades Procesales de Apoyo Directo al Juez, donde las funciones previstas para el secretario tienen un marcado carácter residual.
Por otra parte, queremos poner de manifiesto que el trabajo no está terminado: carecemos de todos los instrumentos necesarios para ejercer las nuevas funciones de una manera adecuada, y, particularmente, de sistemas de grabación dotados de firma digital que, conforme a la ley, permitan que el secretario judicial pueda centrarse en sus labores de dirección e impulso del procedimiento, liberándole de las limitaciones derivadas de la obligada presencia en las vistas. En este sentido sí debemos solicitar un mayor compromiso de determinadas CC.AA que carecen de infraestructuras para llevar adelante esta ambiciosa transformación, y en algunos casos ni tan sólo han elaborado los proyectos de implantación.
Por ello reclamamos a Ministerio y Comunidades Autónomas que la adaptación al nuevo sistema, con las dotaciones necesarias para que pueda desplegarse con total efectividad la Nueva Oficina, culmine lo antes posible, en beneficio de la ciudadanía y también de los trabajadores de la Administración de Justicia, pero un análisis global de la situación exige enfrentarse a ella desde perspectivas no corporativistas y ejercitar la crítica constructiva. Es tiempo de reclamar la adopción de las medidas necesarias para que las reformas tengan éxito, pero también de sumar esfuerzos.
Debemos recordar, además, que la reforma fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios, y ello supone un plus de garantía democrática que no debe obviarse.
El fracaso de la nueva Administración de Justicia, augurado por algunos, no sería sólo el fracaso del actual Ministerio, ni el de las Cortes que aprobaron la Ley 13/2009, sino un fracaso de todos, incluyendo al colectivo de secretarios, que, en ese caso, vendríamos a dar la razón a quienes decían que no estábamos capacitados para liderar la Nueva Oficina Judicial y que sólo el poder judicial era garantía del funcionamiento de la Administración de Justicia. No podemos sustraernos a nuestra responsabilidad en este proceso, sin que ello suponga renunciar a nuestras reivindicaciones.
Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales queremos, finalmente, enviar a la ciudadanía un mensaje público de confianza en los Secretarios y Secretarias Judiciales como directores de la Nueva Oficina Judicial, frente a quienes no creen aún en nuestra capacidad ni en la necesidad de una reforma durante tantos años reclamada. Además esperamos que cuando se complete este proceso de transformación, los ciudadanos y las ciudadanas veremos una Administración de Justicia nueva, eficaz, homogeneizada en torno a criterios objetivos, y configurada como una verdadera labor de equipo.