En la comparecencia que ha tenido lugar en la mañana del miércoles 11 de julio por el Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, se ha anunciado un paquete de medidas que, entre otros aspectos, afectan gravemente a los derechos de los trabajadores del sector público. Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) queremos hacer las siguientes consideraciones:
1.- Nos oponemos a la reducción efectiva de salario de los empleados públicos, sea cual sea el concepto retributivo empleado para encubrirla o justificarla. En este caso, el recorte salarial se ha disfrazado con la supresión de una de las dos pagas extraordinarias, gratificaciones extraordinarias que no son ningún regalo, sino derechos consolidados de los trabajadores, reconocidos, entre otras disposiciones, en el Estatuto Básico del Empleado Público o el Estatuto de los Trabajadores. Queremos recordar, además, que en algunas Comunidades Autónomas ya ha tenido lugar un considerable recorte salarial, por vías más que cuestionables.
2.- Manifestamos nuestro desacuerdo con la reducción de permisos anunciada también en la citada comparecencia, así como con otras medidas anunciadas, como el recorte en la prestación en casos de incapacidad temporal y el aumento de la jornada laboral. Especialmente consideramos sindical y socialmente indeseable que se trate de facilitar con estas medidas el despido de funcionarios interinos. Recordamos al Gobierno que la finalidad de los servicios públicos es servir a los ciudadanos y ciudadanas, y no se deben guiar exclusivamente por criterios de rentabilidad económica propios de la empresa privada, criterios que precarizarán las condiciones laborales de quienes servimos a la ciudadanía desde el Estado.
3.- Queremos también poner de manifiesto que, como ya declaramos en anteriores comunicados, y contrariamente a lo manifestado por el Sr. Presidente, la reducción indiscriminada de la inversión pública en este aspecto no sólo no es necesaria, sino que conducirá inevitablemente al deterioro de los servicios públicos, única garantía de la igualdad social como derecho fundamental y principio constitucional esencial que debe informar siempre la actuación de todos los poderes públicos. En el sector público, la optimización de recursos ha de venir de la mano de cambios organizativos y medidas de transformación en la gestión, como es el caso ,en justicia, de la implantación de la oficina judicial.
4.- Finalmente, consideramos un escándalo social y político que sean, no sólo los servicios públicos y quienes servimos en los mismos, sino los sectores más débiles de la sociedad y la ciudadanía quienes paguen nuevamente las consecuencias de una crisis financiera internacional que ni han ni hemos originado o consentido.
