Hace escasos días se ha hecho pública la sentencia de 8 de abril de 2010 de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que confirma la sanción impuesta a la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, a causa del tristemente famoso “caso Mariluz”. A la vista de la misma, desde el Sindicato de Secretarios Judiciales queremos hacer las siguientes valoraciones:
1.- Reiteramos, en primer lugar, nuestra solidaridad con la compañera sancionada, quien involuntariamente se vio convertida en una de sus protagonistas. Desde el respeto a las decisiones judiciales, queremos insistir en poner de manifiesto, como ya lo hicimos en nuestro comunicado de 8 de octubre de 2008 , las graves consecuencias derivadas de la inexistencia de un marco sindical propio de los Secretarios Judiciales que posibilitase una verdadera defensa profesional y laboral por parte de la compañera, y que no es sino reflejo de la situación de indefensión en la que nos encontramos los Secretarios Judiciales en comparación con otros Cuerpos, situación que no se debe sino a la inacción de los poderes públicos, incluido el Ministerio de Justicia, y que denunciamos públicamente una vez más.
Es notorio que el modelo de representación asociativo, con todos sus matices, o de la actual y ficticia representación por las centrales sindicales generalistas, se ha mostrado ineficaz para la defensa de los intereses sociales y profesionales de los Secretarios Judiciales: entre todos podemos cambiarlo para que ningún compañero se vuelva a ver jamás en esta situación. Por ello, queremos animar a todos los compañeros y al resto de organizaciones a unir fuerzas para la consecución de un marco propio de representación para los Secretarios Judiciales.
2.- Ponemos nuevamente de manifiesto la desproporción existente entre las sanciones impuestas en su día al Magistrado y a la Secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Entendemos que los mecanismos disciplinarios para todo el personal al servicio de la administración de justicia, así como para los integrantes del Poder Judicial, deberían estar interrelacionados, atendiendo de manera global a las responsabilidades y competencias atribuidas a cada uno de los Cuerpos, para evitar desproporciones tan palmarias como la de este caso, sin perjuicio de las eventuales graduaciones de responsabilidad propias de cada caso concreto.
Desde nuestra organización hemos apostado y seguimos apostando por una seria reforma del régimen disciplinario de los Secretarios Judiciales. El SISEJ considera que esta reforma es imprescindible, y así lo hemos puesto de manifiesto en distintas ocasiones, la última durante nuestro Cuarto Congreso de 2010, como tenéis en el punto vigésimo de nuestro documento de conclusiones.
3.- Por último, recordamos que es imprescindible que los órganos jurisdiccionales cuenten con los mecanismos necesarios para que su control esté garantizado, de manera que la eventual depuración de responsabilidades no deje en la ciudadanía ni en los funcionarios al servicio de la administración de justicia la sensación de que en cualquier momento pueden darse situaciones tan lamentables como ésta.
Ello pasa por una organización del trabajo moderna que permita responder adecuadamente a las necesidades sociales, así como por contar con los medios necesarios para la dignificación del trabajo y la optimización de los resultados. Confiamos en que la Nueva Oficina Judicial, con la voluntad positiva de todos los que trabajamos en ella, supondrá la adecuación a los tiempos de la administración de justicia, pero queremos recordar que el éxito de esta labor colectiva vendrá condicionado a la implantación, de herramientas informáticas verdaderamente eficaces.
Con esta finalidad de control sobre determinados procedimientos, se desarrolló e implantó por el Ministerio de Justicia un Sistema Integrado de Registros Administrativos (SIRAJ), muy ambicioso, pero que ha venido aquejado de carencias que dificultan esta finalidad. Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales queremos insistir en que el SIRAJ no es aún el sistema que queremos, no se corresponde con el sistema informático de control de procedimientos por el que apostamos en nuestro informe de 3 de diciembre de 2008 . Entendemos que es un sistema aún en desarrollo y que el Ministerio de Justicia debe corregir las disfunciones del mismo, en especial su integración con las distintas aplicaciones informáticas.
4- Para finalizar, queremos seguir exigiendo del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de medios materiales la dotación de los medios necesarios para que la modernización de la administración de justicia sea una realidad y no meras palabras, así como para que todos los que estamos a su servicio podamos desarrollar nuestro trabajo en las condiciones necesarias y con las garantías suficientes.
