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Comunicado del SISEJ ante la sentencia 79/2012 de la Sala Penal del Tribunal Supremo por la que se condena al magistrado Baltasar Garzón

 

Ante la condena por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al Magistrado D. Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación especial para el cargo de Juez o Magistrado por delito de prevaricación, como componentes de la Administración de Justicia, el Sindicato de Secretarios Judiciales, no puede sino acatar la sentencia, lo que no nos impide mostrar nuestra perplejidad por la decisión adoptada por el Supremo.


En especial, no entendemos ni compartimos las valoraciones extrajurídicas contenidas en la Sentencia, como las que califican la actuación del acusado como prácticas propias de «regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa», o que se le acuse literal y públicamente de «colocar a todo el proceso penal español (…) al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados».

Se trata de expresiones gratuitas e impropias de una sentencia, que debe limitarse a argumentar conforme a derecho la constatación de si se ha cometido o no un ilícito penal.


Sin lugar a dudas habrá un sector de la sociedad que aplauda la sentencia y que quizás estime que, en éste concreto caso, a diferencia de otros, ha prevalecido el derecho de defensa que se garantiza en todo Estado democrático.


Pero una cuestión que estimamos central se refiere a la consideración del funcionamiento global de la justicia ante la ciudadanía. Nos preguntamos: ¿Cómo, quién y en qué términos explica ante los ciudadanos el recorrido judicial completo del llamado «caso Gürtel»? ¿Dónde queda el derecho de los ciudadanos para que en el futuro se investiguen determinadas conductas afectantes a la gestión de los recursos públicos? ¿Qué derecho constitucional debe prevalecer?.


Reiteramos que la existencia en el trámite procesal de los correspondientes recursos, como, en su caso, la responsabilidad disciplinaria, de aplicación tan laxa en otros casos, son herramientas suficientes para garantizar los derechos de los usuarios de la justicia  en caso de una incorrecta aplicación de la ley por parte de jueces, fiscales o secretarios judiciales.


Día de reflexión para muchos y muchas que seguimos creyendo en la Justicia y en su independencia como una garantía de la ciudadanía.

 

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