Ante la jornada de protesta convocada por la mayoría de asociaciones de Jueces y Fiscales para el próximo día 20 de febrero, convocatoria desde la cual se reclama el apoyo de los distintos sectores de la Administración de Justicia, desde el SISEJ queremos realizar las siguientes consideraciones:
1.- Lamentamos que no haya sido posible una convocatoria unitaria como la del pasado mes de diciembre, cuando se logró una respuesta conjunta desde todos los colectivos del sector de la justicia frente a las políticas seguidas por el Gobierno.
Pese a nuestra disposición a debatir los puntos de una reivindicación conjunta, los contactos iniciales no han prosperado, y finalmente los convocantes han optado por no contar con el resto de organizaciones participantes en la anterior movilización.
Pese a ello hacemos un llamamiento a todas las organizaciones del sector que defendemos con convicción que la justicia es de todos y todas, para construir una verdadera respuesta unitaria y firme ante la gravedad de los ataques que sufre la Administración de Justicia como servicio público.
2.- El SISEJ suscribe, en líneas generales, las reclamaciones genéricas de la convocatoria, con los matices que hemos puesto de manifiesto en los distintos comunicados que hemos venido haciendo públicos en los últimos meses:
- Respecto a la Ley 10/2012, de tasas judiciales, valoramos positivamente que se solicite su derogación, pero no compartimos que se plantee como opción su modificación. No estamos ante una cuestión de cantidades o de precios, sino de universalidad en el acceso a los servicios públicos.
- Sobre el Registro Civil, el SISEJ ya manifestó su rotunda oposición al Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros.
Desde el SISEJ consideramos que debe cumplirse lo establecido en la Ley 20/2011 , que regulaba una profunda modificación del Registro Civil, desligándolo de la Administración de Justicia y sustituyéndolo por un modelo de Registro Civil electrónico con una base de datos única para todo el Estado, adaptado a las nuevas tecnologías y fijando unas Oficinas del Registro Civil donde los Secretarios Judiciales asumirían funciones como Encargados de dicho Registro.
- Consideramos que no se debe obviar la alarmante situación social derivada del gran número de ejecuciones hipotecarias que están privando de su derecho a una vivienda digna a miles de personas que no han recibido una respuesta adecuada por parte del Estado. Igualmente nos resulta preocupante la anunciada reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que, también con la crisis como excusa, pretende anudarse a la Ley de Tasas para, en la práctica, cercenar el derecho de la mayor parte de la ciudadanía a su tutela judicial efectiva.
- En cuanto al modelo de Consejo General del Poder Judicial consideramos necesario iniciar un debate sereno, profundo y abierto a la participación ciudadana sobre su configuración y competencias. Desde el SISEJ ya nos hemos manifestado anteriormente en contra de un modelo de CGPJ desligado de la soberanía popular. Pero al mismo tiempo discrepamos con quienes pretenden mantener la configuración actual del CGPJ, que ha resultado obsoleta, poco transparente, y que ha conducido en los últimos tiempos, por ejemplo, al llamado caso Dívar.
- Por último, desde el SISEJ consideramos inaplazable que se retome el proceso de modernización de la Administración de Justicia, abandonado desde la toma de posesión del actual Ministro. Pese a la tradicional creencia de que la Administración de Justicia ha estado siempre huérfana de inversión económica pública, debemos recordar que los presupuestos de Justicia de las legislaturas previas fueron los más elevados de la historia reciente de nuestro país.
Lamentablemente, la falta de voluntad para continuar el camino iniciado en el año 2003, siempre con la crisis como excusa, ha devuelto una Administración de Justicia a una situación inaceptable. Una Administración de Justicia sin una reorganización radical del trabajo y sin protocolos de actuación unificados será, como venía ocurriendo hasta que se inició el proceso modernizador, un agujero negro que absorberá los recursos que eventualmente se le destinen, incapaz de solucionar las deficiencias endémicas del servicio.
Hacen falta medios, pero sobre todo hace falta la voluntad de cambio para que la Administración de Justicia sea un auténtico servicio ciudadano.
Cuestiones como éstas nos reafirman en que estamos ante un conflicto social y no laboral. o que afecte a un sólo colectivo. Es necesario, por tanto, que los servidores públicos integrantes de los diversos colectivos vinculados a la Administración de Justicia asumamos la responsabilidad de alertar unitariamente a la ciudadanía sobre la gravedad de la situación, y abanderemos la defensa de la Administración de Justicia frente a la gestión del Gobierno.
Por todo ello, el SISEJ no realizará ninguna protesta el día 20 de Febrero, desde nuestro respeto por la convocatoria realizada, confiando en continuar con la construcción una respuesta conjunta frente a los graves ataques que el servicio público de la justicia y sus usuarios están sufriendo.
