Ante las noticias y reacciones surgidas en los últimos días sobre el proceso que se instruye en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) desea realizar las siguientes manifestaciones:
En primer lugar, que todos los usuarios de la justicia merecen, con independencia de la condición en que acceden a la misma, los mismos derechos y garantías previstas por la ley, y son iguales ante el personal que la integra.
En segundo lugar que, tras las reformas procesales aprobadas por la Ley 13/2009, se exigió legalmente la grabación audiovisual de las vistas y las comparecencias efectuadas ante jueces y magistrados, siendo la única excepción la imposibilidad material de utilizar dichos sistemas de grabación.
Tampoco consideramos que la declaración del secreto del sumario deba afectar a la documentación de las actuaciones.
La implantación de sistemas de grabación de la imagen y el sonido supuso un indudable incremento de las garantías procesales de las partes, así como posibilitó la salida de los secretarios judiciales de la salas de vistas, permitiendo asumir competencias necesarias para agilizar la justicia. Solamente el Sindicato de Secretarios Judiciales defendió esta opción.
En el llamado «caso Palma-Arena», consideramos que la grabación audiovisual constituye una mayor garantía para los imputados, así como un instrumento que facilita la labor instructora. Dicho ello, la ley reserva la decisión de la documentación a los secretarios judiciales, constituyendo una función tradicional vinculada a la fe pública. No obstante desde el SISEJ recordamos que la misma ley 13/2009 otorgó a los secretarios judiciales funciones directivas y procesales en el marco de la Oficina Judicial que desde el SISEJ consideramos más relevantes y útiles, tanto para la sociedad como para la consideración de nuestro colectivo.
