El Congreso de los Diputados ha aprobado la pasada semana, por unanimidad, con las enmiendas correspondientes, el Proyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (PLRJS), que fue presentado por el Ministerio de Justicia con el objeto de mejorar la protección judicial de los trabajadores y aumentar la seguridad en el mercado laboral. En la elaboración y génesis de este Proyecto, que se encuentra aún pendiente de su tramitación ante el Senado, no han sido escuchadas las organizaciones de Secretarios Judiciales ni el Consejo del Secretariado. El Proyecto, de ser aprobado con la redacción propuesta, intenta acabar con uno de los avances más importantes derivados de la reforma procesal iniciada con la Ley 13/2009, en la admisión de la demanda (artículo 81), en que sorprendentemente extiende la intervención del juez más allá de lo constitucionalmente necesario. El Congreso de los Diputados ha aprobado la pasada semana, por unanimidad, con las enmiendas correspondientes, el Proyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (PLRJS), que fue presentado por el Ministerio de Justicia con el objeto de mejorar la protección judicial de los trabajadores y aumentar la seguridad en el mercado laboral. En la elaboración y génesis de este Proyecto, que se encuentra aún pendiente de su tramitación ante el Senado, no han sido escuchadas las organizaciones de Secretarios Judiciales ni el Consejo del Secretariado. El Proyecto, de ser aprobado con la redacción propuesta, intenta acabar con uno de los avances más importantes derivados de la reforma procesal iniciada con la Ley 13/2009, en la admisión de la demanda (artículo 81), en que sorprendentemente extiende la intervención del juez más allá de lo constitucionalmente necesario. El Sindicato de Secretarios Judiciales quiere hacer público un comunicado para advertir la necesidad de corregir este error que supondría, sin duda, un grave retroceso respecto los avances conseguidos por la Ley 13/2009 para la implantación de la Nueva Oficina Judicial en el ámbito de la jurisdicción social, causando retrasos innecesarios y nueva confusión de funciones y competencias, ahora superadas.
