Tras conocer los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial relativos al incremento de ejecuciones hipotecarias en 2012 en un 17% respecto el año anterior, desde el Sindicato de Secretarios Judiciales nos queremos ratificar en la urgente necesidad de que por el Gobierno de España se acuerde sin dilación la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria.
Más allá del drama social que supone la pérdida de la vivienda habitual y la consiguiente asunción de la deuda, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de marzo, declarando no ajustada al derecho europeo la regulación española de la ejecución hipotecaria prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, está generando multitud de interpretaciones generando desigualdad entre los usuarios de la justicia, y una gravísima inseguridad jurídica.
Ante la contundencia del fallo del Tribunal de Justicia, los secretarios judiciales y los jueces están realizando distintas valoraciones jurídicas, y adoptando por tanto actuaciones dispares ante la incomprensible falta de respuesta del Gobierno.
Está situación no es nueva en justicia. La falta de instrucciones del Ministerio de Justicia está generando similar problemática en el caso de las tasas judiciales, donde a falta de criterios uniformes por parte del Ministerio se generan interpretaciones contradictorias de la norma procesal.
Aún así queremos destacar la actuación de muchos jueces y secretarios judiciales que, coincidiendo con la valoración de este sindicato, han procedido y están procediendo a suspender cautelar o definitivamente las actuaciones en los procesos de ejecución hipotecaria.
Asimismo desde el SISEJ queremos manifestar nuestro desconcierto con la reciente Sentencia del Tribunal Supremo por la que declara nulas las llamadas «cláusulas suelo» solamente en los casos de falta de transparencia, desde el respeto por el alto tribunal y a falta de conocer el contenido íntegro de la sentencia. Para el SISEJ la nulidad no debería afectar solamente a los casos de «falta de transparencia» sino a todas las cláusulas, ante la notoria desigualdad entre las ciudadanos particulares y las entidades financieras.
De esta forma quien hubiera apreciado la existencia de «cláusulas suelo» y hubiera tratado de rebajar la penosidad de las mismas, se verá perjudicado notoriamente respecto quien no las apreció. Puesto que entendemos que los particulares tenían un insignificante marco de negociación frente a los bancos o cajas de ahorros, y por tanto su apreciación es irrelevante. Se trataba de cláusulas abusivas o leoninas ante las que los particulares no tenían margen de maniobra, fueran más o menos transparentes las condiciones de la contratación del producto.
