Ante las declaraciones efectuadas durante esta semana por el Sr. Consejero de Justicia y Bienestar social de la Generalitat Valenciana, en las que aboga por la implantación del llamado «copago» en la administración de justicia de la Comunitat Valenciana, el Sindicato de Secretarios Judiciales quiere manifestar públicamente su rotunda oposición a cualquier medida que, como la que se sugiere, establezca condiciones económicas a la ciudadanía para acceder a la justicia.
Desde el SISEJ rechazamos que se pretenda culpar públicamente a los ciudadanos de la tradicional falta de eficacia de la justicia, así como que se proponga hacer recaer sobre los mismos el coste económico de una supuesta agilización. El ciudadano ante la justicia ha de ser el usuario de un servicio público, y el acceso a este servicio no puede hacerse depender de la capacidad económica individual. La garantía de la igualdad en este acceso, y la responsabilidad de ello corresponde precisamente a los poderes públicos. Consideramos que este tipo de iniciativas constituyen un ataque flagrante al estado de bienestar y al principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos.
