Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el día 1 de febrero, en los medios de comunicación sobre, entre otras cuestiones, la posibilidad de atribuir los matrimonios civiles y divorcios de mutuo acuerdo a instituciones ajenas a la administración de justicia, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) quiere realizar las siguientes consideraciones:
1- La administración de justicia no necesita, como afirma el Ministro, ser meramente «desatascada», porque la propia dinámica social hará que se vuelva a «atascar». La administración de justicia necesita una reforma estructural y organizativa, una nueva forma de trabajar y de repartir las competencias que sólo puede venir dada por un proyecto que ya está en marcha, la Oficina Judicial. Es una cuestión de reforma cualitativa, de organización, y no cuantitativa, de números, porque los ciudadanos que acuden a la justicia no son un número, un problema o una molestia para quienes trabajamos en la administración de justicia, sino usuarios y usuarias que tienen derecho al mejor servicio, universal, público y en condiciones de igualdad.
2- Ninguna reforma de la legislación orgánica debe comportar menoscabo alguno al principio de igualdad de la ciudadanía para el acceso a los servicios públicos. Como ya afirmamos con ocasión de la comparecencia del Ministro ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, apoyamos expresamente la apuesta por la Ley de Mediación y de Jurisdicción Voluntaria, y la potenciación de las soluciones extrajudiciales a los conflictos sociales y ciudadanos, pero en ningún caso a costa de medidas que perjudiquen la igualdad en el acceso a los servicios públicos, sea mediante el establecimiento de tasas o de otra índole.
3- Las atribuciones que dentro de la Administración de Justicia no tienen carácter jurisdiccional pueden en todo caso ser asumidas por otros Cuerpos Superiores del Estado, como en este supuesto los Secretarios Judiciales, dependientes del propio Ministerio de Justicia, en cuyo caso se garantizaría la prestación del servicio público para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su capacidad económica, y siempre mediante una oficina dotada de una agenda programada de señalamientos. Desde el SISEJ consideramos que los Secretarios Judiciales estamos perfectamente capacitados y dispuestos para asumirlo con coste cero para la ciudadanía.
