En el marco del Congreso Nacional de Procuradores de España, que se celebra en Córdoba, y atendiendo a una petición realizada por el presidente de dicho órgano en el acto del plenario de presidentes de Colegios de Procuradores, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, así como el propio Ministerio de Justicia mediante una nota de prensa oficial, se ha comprometido públicamente a estudiar la propuesta de que los Procuradores participen en diligencias de ejecución de sentencias, con el objeto de “agilizar los procedimientos”.
Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) consideramos que se trata de una manifestación de la voluntad del Ministerio de Justicia de apostar por la privatización parcial de la administración de justicia, en línea con las anteriores iniciativas anunciadas respecto a la atribución a los Notarios de los divorcios de mutuo acuerdo y matrimonios civiles, y la imposición a las personas físicas de una tasa dineraria para acceder a la justicia.
Entendemos que hay distintos hechos que muestran a la opinión pública que el Ministerio de Justicia ha renunciado en la práctica a continuar el proceso de modernización de la administración de justicia. Queremos recordar que la primera medida del Ministerio de Justicia fue suprimir la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, cuestión que ya ha sido objeto de preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados, y que la partida presupuestaria asignada al gabinete dirigido por el Sr. Ruiz-Gallardón ha experimentado su mayor recorte en el apartado de modernización e inversiones. Además, tras seis meses de Gobierno, sigue sin existir una planificación estratégica para la implantación de la Oficina Judicial, y se ha firmado un reparto inaudito de competencias en materia de aplicaciones informáticas con el Consejo General del Poder Judicial, en un marco dudosamente apropiado, como fue la Conferencia Sectorial de Justicia entre Estado y Comunidades Autónomas.
Pese a ello, se insiste en proponer la “agilización de los procesos” basándose por una parte en la intimidación económica a la ciudadanía mediante la imposición de tasas, y por otra en la atribución de funciones procesales de la administración a operadores jurídicos privados.
Por todo ello, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) considera como una grave amenaza para el servicio público de la justicia la privatización parcial de los servicios comunes de ejecución de sentencias propuesta en el Congreso Nacional de Procuradores. El Ministerio de Justicia sabe perfectamente cuál es la solución para modernizar la administración de justicia, la maquinaria pública al servicio de la ciudadanía: la implantación de la oficina judicial, organizando adecuadamente los efectivos e incidiendo en un reparto de competencias y atribuciones racional y homogéneo, alejado de privilegios corporativos y basado en las nuevas tecnologías.
En el escenario socioeconómico actual tiene cabida una administración de justicia pública y gratuita, pero al mismo tiempo eficiente y especializada: antes que privatizar el Ministerio de Justicia debe implicarse en la consolidación y creación de servicios comunes de ejecución, dirigidos por Secretarios Judiciales y atendidos por todos los Cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de justicia, cuya capacidad, independencia y neutralidad para asumir el servicio está acreditada.
Cualquier privatización de la ejecución de sentencias judiciales irá, sin duda,en perjuicio de la ciudadanía, que no entenderá que se ponga en manos de profesionales liberales y privados de pago, por respetable que sea su función y trabajo en otros ámbitos, decisiones tales como averiguaciones y ejecuciones patrimoniales en nombre del Estado.
