Desde el SISEJ nos sumamos, un año más, a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a la reivinidicación activa de esta jornada para denunciar cuantas desigualdades y violencias siguen afectando y siendo ejercidas sobre las mujeres, por el mero hecho de serlo, y para colegiar esfuerzos en la lucha por una sociedad inclusiva, justa y garante de los derechos humanos de toda la ciudadanía.
Frente a discursos negacionistas absolutamente intolerables en un Estado de Derecho, la realidad se sigue imponiendo con cifras: como simple apunte, el 70 por ciento de las personas que viven en pobreza extrema en el mundo son mujeres mientras que, de mantenerse las tendencias actuales, se necesitarán 202 años para cerrar la actual brecha de género en el lugar de trabajo, conforme a los datos del Foro Económico Mundial. En el ámbito estatal y en el marco de algunas de las violencias sufridas por las mujeres, ya son 984 las mujeres asesinadas a manos de su pareja entre 2003 a 2019, mientras desde el año 2016 se han documentado 89 agresiones sexuales múltiples
La Administración de Justicia, como hemos repetido tantas otras veces, no es ajena al déficit democrático de la sociedad en materia de igualdad:
Desde el punto de vista de las profesionales que la integramos, los techos de cristal son evidentes en un sector mayoritariamente femenino donde los ámbitos de poder siguen, sin embargo, reservados a los hombres, del mismo modo que las excedencias para cuidado de los hijos siguen siendo, en su gran parte, solicitadas por mujeres, poniendo de manifiesto la resistencia a un reparto verdaderamente paritario de los trabajos de crianza.
Sin embargo, es en el servicio público que debemos prestar los juzgados y tribunales donde este déficit es especialmente inasumible: una justicia lenta, ineficaz y mal organizada no es sino un agravante de la desigualdad de género. A ello se añade la falta de formación especializada de los operadores jurídicos, que evidencia la brecha existente entre una sociedad que comienza a reclamar mayor perspectiva de género y quienes deben aplicar las normas y que se ha puesto especialmente de manifiesto en alguna de las resoluciones dictadas en este último año.
Solo la existencia de políticas públicas adecuadas que inviertan en la modernización y organización racional del sistema judicial, en la línea que desde el SISEJ hemos venido defendiendo, puede garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres. En la misma línea, solo la formación en igualdad de género de los y las profesionales que prestan servicio en los juzgados, especialmente en aquellos con competencia en violencia sobre la mujer y en materia de familia, podrá permitir superar los prejuicios estructurales que en esta materia todavía arrastra la justicia española.
Es por ello que, como ya hicimos el año pasado, desde el SISEJ queremos manifestar nuestro total apoyo a las movilizaciones convocadas con ocasión de la huelga feminista del 8 de marzo y animamos especialmente a todas las personas integrantes de nuestro colectivo y del resto de colectivos de la Administración de Justicia a participar en ellas, en cualquiera de sus formas, actos públicos y manifestaciones, y recordando en todo caso que la huelga es un derecho fundamental que no puede ser conculcado ni impedido de ningún modo.
Feliz y reivindicativo 8 de marzo.
Sindicato de letrados de la Administración de Justicia
7 de marzo de 2019
