El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha tenido conocimiento del Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros que pretende modificar la reciente Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
La ley 20/2011, que contó con el voto favorable de una gran mayoría de las Cortes, incluido el grupo parlamentario popular, estableció un nuevo sistema que suponía una completa transformación del actual sistema registral en España, sustituyéndolo por un modelo de Registro Civil electrónico con una base de datos única para toda España, adaptado a las nuevas tecnologías y a las necesidades de los usuarios.
En cambio el modelo propuesto por el Gobierno, y plasmado en el Borrador, sustrae la competencia relativa a todo el Registro Civil a las oficinas registrales que se establecían en la ley 20/2011. Al frente de dichas oficinas iban a estar funcionarios públicos, y en principio su actividad no iba a suponer coste alguno para los ciudadanos. El borrador de nueva ley que se ha hecho público recientemente por diferentes medios, entrega esta competencia a las corporaciones de registradores y notarios, que a diferencia de otros funcionarios públicos que percibimos una nómina, cobrarán a la ciudadanía por realizar actuaciones cotidianas derivadas del registro civil.
Es muy importante recordar que no se cobra directamente a la ciudadanía por actuaciones del Registro Civil, ni a fecha de hoy, en que ostenta esta competencia la Administración de Justicia, ni de acuerdo con la Ley 20/2011.
El Gobierno pretende con este Proyecto favorecer a corporaciones muy privilegiadas históricamente, cuyos beneficios se dispararon en plena burbuja inmobiliaria, y que evidentemente los han visto disminuidos cuando esta explotó.
En la línea ya marcada por el Gobierno, se sigue apostando por privatizar servicios públicos en este caso, y restringir el acceso a los mismos en otros, como estamos comprobando en el caso de la Ley10/2012 que ha generalizado tasas abusivas para acudir a la justicia.
En el caso del Registro Civil, tras las actuaciones de digitalización de los libros del registro civil y modernización de todo el sistema, que ha supuesto una inversión al estado de alrededor de 128 millones de euros, se pretende «regalar» a los registradores su gestión en perjuicio de la ciudadanía y con evidente detrimento de las arcas públicas.
Igualmente alarmante es penalizar a los ciudadanos que optan por el matrimonio civil, frente al religioso, que deberán pagar a los notarios para poder casarse, cuando la Ley 20/2011 lo aproximaba a la ciudadanía atribuyendo a los ayuntamientos la instrucción del expediente matrimonial y la celebración del matrimonio .
Desde el SISEJ consideramos que el Gobierno debe rectificar su posición desarrollando la Ley 20/2011, y separar adecuadamente las competencias de cada colectivo como hasta el momento.
Finalmente nos sorprende el olvido deliberado del Cuerpo de Secretarios Judiciales para poder asumir, sin coste para la ciudadanía, competencias como Encargados del Registro Civil, como ya se preveía en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 20/2011.
La salida de las salas de vistas, atendiendo a la grabación audiovisual y la firma electrónica generalizada, permitiría dotar de mayores responsabilidades y competencias al Cuerpo de Secretarios Judiciales también en esta materia.
Frente a ello, el Gobierno, cuyo Ministro de Justicia sigue sin recibir a las organizaciones de Secretarios Judiciales, menosprecia la capacidad de nuestro colectivo, y los beneficios que ello tendría para la ciudadanía.
