Además, la reforma se basará en una mayor agilidad en la ejecución de las sentencias, para lo cual se darán más responsabilidades a los secretarios judiciales y se agilizarán los trámites de registro y notificación, mientras que la Oficina asumirá servicios comunes del aparato judicial con el mismo propósito de hacer más rápido el funcionamiento.
Explicó que en las nueve comunidades donde el Ministerio gestiona todavía la Administración judicial existen 3.500 secretarios, 44.000 funcionarios y 4.400 jueces, y que se dará una ‘mayor capacidad de resolución’ a los dos primeros grupos.
‘Esta es una carrera de fondo, no de velocidad’, dijo Bodas en otro momento, al referirse a los cambios profundos que supondrá el nuevo sistema, en el que ‘la lógica corporativa debe dar paso al interés general’.
El director general, quien recalcó que ‘el reto de la Justicia es acabar con su lentitud’, dijo que, hasta ahora, la reforma está encontrando ‘una actitud receptiva, favorable’, aunque precisó que tampoco descarta que se produzcan ‘reacciones difíciles’, y precisó que la formación de todo el personal implicado en la Administración de Justicia será otro pilar fundamental de la reforma.
También dijo que se implantará un sistema de control horario de los funcionarios, a través de huellas digitales, ‘para sacar el rendimiento necesario al personal de que disponemos’, y que el nuevo sistema persigue también ‘acabar con un método de funcionamiento obsoleto por otro más racional, basado en la división del trabajo’.
