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El Gobierno asturiano y el Ministerio de Justicia anunciaron hoy (por ayer) un acuerdo para realizar el traspaso de las competencias en materia de justicia a la comunidad autónoma con un coste efectivo cifrado en torno a los 40 millones de euros.
De esta forma, Asturias, que asumirá a unos 1.200 trabajadores entre personal laboral y funcionarios, se convertirá en la primera comunidad que logra el traspaso de esta competencia en la actual legislatura, indicó el presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.
El acuerdo fue anunciado tras la reunión que mantuvieron Areces y sus consejeros de Justicia y Economía, Javier García Valledor y Jaime Rabanal, respectivamente, con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
El traspaso se firmará en la sede del Ministerio el próximo 25 de julio y se hará efectivo con fecha 1 de octubre para los medios materiales a transferir, mientras que el personal de justicia -exceptuados jueces, secretarios y fiscales- no será traspasado a la administración autonómica hasta el 1 de julio del año próximo.
Según López Aguilar, el acuerdo, alcanzado tras ‘un trabajo duro’ que se inició a comienzos de la legislatura, ‘no prejuzga la determinación del Gobierno central de seguir invirtiendo’ en la mejora la administración de justicia en Asturias.
De la cantidad en que se ha cifrado el coste efectivo del traspaso, que se definirá de forma concreta a la firma del acuerdo el próximo mes de julio, catorce millones de euros corresponden a infraestructuras, indicó el ministro
de Justicia
En lo relativo a los medios humanos, el traspaso se aplazará durante un año a la espera de que el Ministerio cierre la negociación sobre la mejora retributiva del personal de justicia tras el acuerdo alcanzado en diciembre de 2005 que, según recordó Lopez Aguilar, contemplaba un incremento del 20 por ciento en la masa salarial en un periodo de tres años.
Para Areces, esta transferencia ‘refuerza el autogobierno’ con una materia ya prevista en la reforma estatutaria de 1993 y supone uno de los traspasos ‘más relevantes’ realizados a la comunidad autónoma tras recibir durante la pasada legislatura las competencias en materia de educación y sanidad.
En este sentido, garantizó que el Principado asumirá el traspaso ‘con altura de miras’ y realizará el esfuerzo necesario en materia de inversiones para mejorar la situación de la administración de justicia en Asturias ‘desde una mayor cercanía al ciudadano’.
El consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier García Valledor, se mostró satisfecho de la consecución de un acuerdo ‘que no hipoteca el futuro de la justicia en Asturias’.
En su última comparecencia parlamentaria, Valledor, uno de los dos representantes de IU en el Gobierno regional, aseguró que la última oferta del Gobierno cifra el coste efectivo en 32,6 millones de euros, mientras que el planteamiento de la administración autonómica se situaba ‘muy por encima’ de dicha cantidad.
