PUBLICADO EN LA NUEVA ESPAÑA
El Principado reconoce que el traspaso podría retrasarse hasta mediados del año próximo, lo que «no sería una desgracia, pero sí un inconveniente»
Oviedo, N. M. DEL CAMPO
El Gobierno del Principado está dispuesto a apurar hasta el hueso la negociación económica de las transferencias de Justicia, pero el calendario avanza en su contra. A apenas un mes de que finalice el año, fuentes de la Consejería asturiana de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores reconocen que si el traspaso competencial no pudiese llevarse a cabo antes de la última semana de diciembre es posible que tuviese que aplazarse hasta mediados del año próximo. Este retraso «no sería una desgracia, pero sí un importante inconveniente», según reconocieron ayer las mismas fuentes.
Llegar a un acuerdo en menos de un mes para poder asumir las competencias el próximo uno de enero -algo en lo que aún confía el Ejecutivo regional- permitiría que la pieza competencial encajase limpiamente en el puzle presupuestario regional. Si, por el contrario, la fecha del acuerdo no permitiese tenerlo todo dispuesto para asumir el traspaso el uno de enero, las transferencias causarían notables «problemas de gestión» al Principado, según explicaron ayer medios de la Consejería de Justicia. «Desde el punto de vista técnico nos encontraríamos con serios problemas porque tendríamos que asumir el traspaso a mediados de año y el Presupuesto funciona por años naturales», argumentó a este periódico un responsable técnico de la Consejería que dirige Francisco Javier García Valledor (IU).
Un traspaso tardío generaría además problemas en la gestión del Gobierno ya que retrasaría el plan de modernización de la justicia que la Consejería pretende poner en marcha en cuanto asuma las competencias, y que ha abanderado como remedio para muchos de los achaques de los que adolece la administración de justicia asturiana.
Una diferencia del 20%
La pelota ahora está en el tejado del Ministerio de Economía y su titular, Pedro Solbes, será quien admita o rechace las demandas planteadas por el Gobierno asturiano. El traspaso está pendiente exclusivamente de una diferencia económica entre la demanda de Asturias y la oferta de Madrid que «no es muy grande», según reconoció el propio García Valledor; una «brecha» que hace tres semanas era del 20 por ciento, sobre una cuantía que parece que ronda los 40 millones de euros. La Consejería de Justicia confía en tener noticias dentro de unos días del secretario general de justicia, Luis López Guerra, quien será el encargado de trasladar al Gobierno regional la contestación de Pedro Solbes.
