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Invitamos a todos los Letrados de la Administración de Justicia, juristas en general y usuarios de la justicia a inscribiros en las jornadas sobre la administración de justicia: organización, tecnología y proximidad que se celebrarán en Cádiz los días 28-30 junio 2017, en el local de la Asociación de la Prensa de Cádiz, organizadas por el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ y el Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación de la Universidad Carlos III de Madrid.

El programa, del máximo interés y actualidad,  se encuentra a vuestra disposición aquí. La inscripción a las jornadas es gratuita.

Para formalizar la inscripción es necesario remitir la ficha de inscripción a la dirección de correo electrónico jornadascadiz@sisej.com. Como siempre, desde el SISEJ ofrecemos una oferta de alojamiento y comidas durante las jornadas especialmente ventajosa para nuestra afiliación. Los documentos están disponibles en la sección documentos de las jornadas Cádiz 2017.

El régimen de sustituciones y el silencio del Ministerio.

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El Ministerio de Justicia debe dar explicaciones sobre lo que está pasando con las sustituciones de Letrados de la Administración de Justicia

Tras la denuncia y actuaciones sindicales realizadas por el SISEJ en relación con el conflicto derivado de las sustituciones de Letrados de la Administración de Justicia, la Subdirectora de Programación de Modernización del actual gabinete, Rosa Tomé, se puso en contacto esta semana con nuestra portavoz, Abigail Fernández, transmitiéndole que el Ministerio de Justicia no ha tenido ningún cambio de criterio al respecto, y que los Secretarios Coordinadores Provinciales son "autónomos" en el desempeño de sus cargos.

No obstante, desde el SISEJ tenemos otra percepción de lo que está sucediendo tras las informaciones recibidas de Letrados de la Administración de Justicia de diversos territorios, tanto afiliados a nuestra organización como no afiliados.

Además, recomendamos la lectura de la Nota informativa de la Secretaria de Coordinación Provincial de A Coruña en la que habla de comunicaciones directas dirigidas por el Ministerio de Justicia en el sentido de exprimir al máximo las sustituciones de larga duración entre Letrados titulares y restringir al máximo las sustituciones de larga duración cubiertas por Letrados sustitutos.

Desde el SISEJ agradecemos las comunicaciones recibidas por parte de Letrados de la Administración de Justicia, y seguimos a la espera de que la Secretaría General de la Administración de Justicia responda por escrito a la solicitud que formalmente hemos realizado al respecto.


 

Comunicado del SISEJ sobre sustituciones.

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Según han comunicado distintas Secretarías de Coordinación Provincial (los superiores jerárquicos a nivel provincial del Cuerpo de Letrados), el Ministerio de Justicia ha decidido recientemente restringir hasta su práctica eliminación el nombramiento de Letradas o Letrados de la Administración de Justicia sustitutos. Hasta ahora el nombramiento de sustitutos se decidía en caso de no haber voluntarios titulares para asumir una sustitución que se previera de duración superior a un mes.

Desde el SISEJ realizamos con máxima preocupación la siguiente valoración:

1.- Esta decisión se ampara en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2015 (la misma que ha permitido el plan de especialización de juzgados en cláusulas suelo). 

Somos favorables a la existencia de bolsas de titulares suplentes voluntarios y comprendemos que titulares de otros órganos deben asumir las ausencias de corta duración, pero nos oponemos firmemente a que las ausencias justificadas y prolongadas de titulares se cubran forzando a titulares a asumir el doble de trabajo por un puro criterio de restricción del gasto, en un contexto de incremento presupuestario mal definido y orientado. 

2.- La ley se refiere expresamente a un escenario de Oficina Judicial, cuya implantación paraliza el Ministerio de Justicia desde hace años, primero en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón y ahora en la de Rafael Catalá. La Oficina Judicial, a diferencia de los Juzgados y Tribunales, permite optimizar recursos humanos y materiales y supone una estructura flexible que permite una mejor respuesta ante circunstancias sobrevenidas, como pueden ser las ausencias prolongadas de parte del personal. 

El Ministerio de Justicia, imponiendo esta interpretación en el escenario actual, continúa la senda del mero recorte económico como modelo de gestión y se ratifica en su inactividad voluntaria, degradando el servicio público que prestamos los profesionales y recibimos los ciudadanos sin ningún complejo.

3.- Defendemos la profesionalización del funcionariado al servicio de la Administración de Justicia, pero nos oponemos a que ello encubra recortes de personal sin importar la manera en que ello afecta a la cobertura y calidad del servicio público y sin ofrecer una alternativa a tantas y tantos profesionales que de un día para otro pierden un puesto de trabajo. 

En el caso concreto de los Letrados de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia, con la connivencia de algunas organizaciones del sector, lleva negándose a convocar un concurso oposición para el personal sustituto desde el mismo momento en que esta posibilidad se recogió reglamentariamente, y pese a que desde el SISEJ así lo venimos reclamando.

4.- Nos oponemos rotundamente a cualquier modificación de los criterios de nombramiento de sustitutos que, como mínimo, no se debata con las organizaciones de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia. En este caso, el Ministerio de Justicia ni siquiera ha comunicado públicamente a las organizaciones su decisión, sino que la misma nos ha llegado a través de vías indirectas. 

5.- Por último, consideramos que nuevamente se pone de manifiesto la necesidad de reformar el modelo de productividad del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, tarea que el Ministerio retrasa continuamente desde hace dos legislaturas. 

Así, no compartimos que uno de los valores que determinen la productividad de los Secretarios Coordinadores Provinciales sea el menor recurso al nombramiento de Letrados sustitutos. Dicho elemento no determina que sean profesionales productivos, sino su grado de implicación en la ejecución de medidas de ajuste presupuestario al margen de la calidad del servicio.

Por todo ello, hemos remitido un escrito al Secretario General de la Administración de Justicia requiriéndole información sobre los motivos que han motivado este cambio de criterio, cuándo entenderá justificado el nombramiento de personal sustitutos y por qué se ha tomado esta decisión a espaldas de las organizaciones de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia. Consideramos que debería convocar inmediatamente una reunión en la que, al menos a posteriori, el Ministerio ofreciera al colectivo una explicación sobre todas estas circunstancias.

 


 

Comunicado sobre el nuevo aplazamiento de la Ley del Registro Civil

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En relación con la enmienda presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular  por la que se propondrá diferir la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil hasta el 30 de junio de 2019, desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia queremos realizar las siguientes observaciones:
 
En primer lugar, queremos reiterar nuestra protesta por la incapacidad y falta de interés en la reforma del Registro Civil por parte del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que actualmente lo sustenta.
 
La Ley 20/2011, aprobada por todos los grupos políticos, estableció un mandato parlamentario claro y nítido: un Registro Civil fuera de la administración de justicia, informatizado y telemático, público, gratuito y dirigido por funcionarios públicos del grupo A, entre los que se encuentran los actuales Letrados de la Administración de Justicia, opción que el SISEJ ha venido defendiendo.
 
Desde entonces, los diferentes Gabinetes han tratado de eludir el cumplimiento de ese mandato parlamentario en lo que consideramos una verdadera e insólita quiebra de la democracia.
 
El último capítulo fue el anuncio triunfal del Ministro de Justicia el pasado mes de febrero de 2017 de que el Registro Civil sería dirigido por los Letrados de la Administración de Justicia, pero que permanecería en la administración de justicia, prácticamente intacto en el resto, y ello tras unas oscuras negociaciones con algunos representantes corporativos y sindicales cuyo apoyo proclamaba.
 
Cuando el Ministro nos transmitió esta propuesta, desde el SISEJ no tuvimos dudas en valorarla como un nuevo fiasco, como así ha sido. Durante estos años el Gobierno no ha hecho nada para preparar la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil aprobada por las Cortes. En la enmienda presentada ahora para prorrogar la vacatio legis de la Ley hasta 2019 alega para ello motivos tecnológicos y organizativos, que son precisamente los que él mismo ha paralizado en todo este tiempo.
 
El Ministro debe aclarar quiénes van a ser los Encargados del Registro Civil hasta el 30 de junio de 2019, y si no van a ser los Letrados de la Administración de Justicia como anunció públicamente, deberá justificar también públicamente por qué no va a ser así. Desde luego, consideramos insuficiente la vaga alusión general de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular a motivos organizativos y tecnológicos, como para servir de coartada a una burla de tales dimensiones.
 
Por otra parte, mostramos nuestra preocupación porque la vacatio legis anunciada no se extiende a las disposiciones y reformas complementarias previstas en la Disposición Final 21ª de la la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria de 2015 , que sí mantienen como fecha de entrada en vigor el 30 de junio de 2017.
 
Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la tramitación de los expedientes de capacidad previa a la celebración del matrimonio civil, que según dicha normativa deberían empezar a ser tramitados por Letrados de la Administración de Justicia y Notarios pese a la escandalosa situación de indeterminación e inseguridad jurídica generada.
 
La entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria debe ser necesariamente coordinada con la Ley del Registros Civil de 2011. No tiene sentido que se permita tramitar expedientes a Letrados de la Administración de Justicia y Notarios sin aclarar qué normativa deben aplicar, y por ello se debe prorrogar también la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
 
Finalmente, desde el SISEJ consideramos que la vacatio legis de la Ley 20/2011 del Registro Civil es un resultado no deseable, pero inevitable dada la inactividad del Ministerio de Justicia para ponerla en marcha, y exigimos que sea aprovechada por el Gobierno para ejercer sus funciones como Poder Ejecutivo y desarrollar las plataformas tecnológicas y la estructura organizativa del Registro Civil tal y como estaba previsto en la Ley 20/2011.


 

Comunicado del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia tras la entrada en funcionamiento de los llamados “Juzgados especializados para Cláusulas Suelo"

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Ayer, 1 de junio de 2017, comenzó a desplegar efectos el acuerdo de 25 de mayo de 2017 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que atribuye a determinados juzgados la competencia para conocer de condiciones generales en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, comúnmente conocidos como “Juzgados de Cláusulas Suelo".

 

Ante la situación generada, desde el SISEJ emitimos la siguiente valoración:

 

1. Esta medida extraordinaria supone la ruptura del fuero ordinario que otorgaba el conocimiento de estos asuntos a los Juzgados del domicilio de los particulares afectados para llevarla, en la casi totalidad de los cincuenta y cuatro supuestos establecidos, a las capitales de provincia, con la incomodidad y aumento de gastos que ello conlleva y afectando el principio del juez predeterminado por ley sin que consten debidamente justificados los motivos y necesidad de esta decisión.

 

2. El establecimiento de estos  Juzgados se hace desde la improvisación y la más absoluta ausencia de planificación, sin un previo estudio de campo que dé una medida cierta del problema al que se enfrenta la Administración de Justicia y obligando a las Administraciones competentes a adoptar, en el plazo escaso de una semana, medidas urgentes a fin de dotarles de los medios personales y materiales que les permitan el desarrollo de su tarea, lo que no está ocurriendo.

 

Estos juzgados van a resolver sobre la nulidad de las cláusulas contenidas en los préstamos hipotecarios. Además de las cláusulas suelo, las de gastos de constitución del préstamo, las de vencimiento anticipado, las de intereses de demora, la nulidad de las hipotecas multidivisa.  Es decir, que si se produjera la avalancha de asuntos que ha justificado la creación de los juzgados provinciales,  el efecto sería el colapso de los mismos.

 

 

 

3.Sin entrar a valorar los eventuales procesos de impugnación del Acuerdo, consideramos que tienen  responsabilidad directa en esta manera de gestionar lo público las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, denunciadas por el SISEJ en trámite de información pública legislativa y que han venido atribuyendo una desproporcionada capacidad de gestión pública en el ámbito ejecutivo a los órganos de gobierno de jueces y magistrados, que pueden desplegarla, además sin planificación alguna, estimaciones serias ni estudios previos, como en cualquier administración u organización normal debería ocurrir.

 

4.Queremos mostrar nuestra perplejidad ante el detallado documento que ha elaborado el Servicio de Inspección del propio Consejo General del Poder Judicial con “recomendaciones o criterios orientativos de actuación” para estos Juzgados.  

 

Desconocemos cuál es la intención del CGPJ con este texto, pero desde el SISEJ consideramos que el trámite procesal viene marcado imperativamente por la Ley vigente y la dirección procesal de las oficinas corresponde normativamente a los Letrados de la Administración de Justicia.

 

5. Por último, queremos recordar que hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la sentencia de 21 de diciembre de 2016 la parte más vulnerable en los contratos que incluían este tipo de cláusulas, los ciudadanos, se ha visto completamente abandonada por unas instituciones públicas que toleraron y ampararon este tipo de prácticas. 

 

Lamentablemente, la respuesta a esta nueva llamada de atención desde la Unión Europea se ha dado desde la improvisación, la parcialidad y la total ausencia de todos los principios que deben regir un adecuado gobierno y una gestión pública responsable: la evaluación, el seguimiento, el estudio y la valoración de los medios destinados. Así ocurrió con el Real Decreto Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y continúa ocurriendo con este Acuerdo.

 

Consideramos que las condiciones en que se ha decidido la especialización de estos juzgadoa impiden que los mismos puedan contribuir efectivamente "al mejor funcionamiento de la Justicia", como recoge expresamente el Acuerdo. Además, reiteramos que cualquier decisión que no se base en una adecuada estructura y organización de las oficinas judiciales, superando los anacrónicos juzgados, y en unas políticas públicas a corto, medio y largo plazo, flexibles, adaptables a las necesidades sociales, evaluables y bien fundamentadas, está llamada al fracaso.

 

Mientras tanto, los y las Letradas de la Administración de Justicia, nos esforzaremos en dar el mejor servicio público del que seamos capaces, como siempre, en cualquier situación y con los medios de que dispongamos.


 

Comunicado del SISEJ sobre la reprobación parlamentaria del Ministro de Justicia, Fiscal General del Estado y Fiscal Jefe anticorrupción.

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Ante la reprobación, en la tarde de ayer, del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Fiscal General del Estado,  José Manuel Maza, y el Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, desde el SISEJ queremos expresar nuestra indignación y preocupación por el descrédito que la actuación de los mismos conlleva para la acción de la Justicia y la falta de responsabilidad política e institucional que se colige de sus actuaciones e intervenciones públicas.

Resulta inasumible que ante la gravedad de los casos de corrupción que continúan sacudiendo la vida pública la respuesta del titular de la cartera de Justicia y de la cúpula de la Fiscalía española (Consejo Fiscal incluido en cuanto la mayoría de sus integrantes amparan su actuación) sea que son ejemplo de transparencia por comparecer ante las Cortes, obviando que no lo han hecho motu propio ni las circunstancias que han motivado que distintos grupos parlamentarios tuvieran que solicitarlo; vergonzosa su irresponsabilidad cuando las sombras en su gestión son tan pronunciadas; y lamentables los intentos de culpabilizar a quienes hacen públicas sus maniobras y de señalar a quienes les exigen rendir cuentas en el legítimo y necesario ejercicio del control democrático de los poderes del Estado.

En la Administración de Justicia, y en particular en el colectivo de Letrados al servicio de la misma, asistimos en los últimos años con perplejidad e indignación a reformas legales que amparan el nombramiento por pura afinidad y sin sometimiento a criterios de mérito y capacidad de cargos como el de Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo; nombramientos de cargos jerárquicos como Secretarios de Gobierno autonómicos y Coordinadores provinciales que no cumplen los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, o bien sin convocar los procedimientos públicos y transparentes imprescindibles para su cobertura, o mantenimiento en su puesto de vocales del Consejo del Secretariado que no reúnen los requisitos para permanecer en dichos cargos.

Difícilmente la lucha contra la corrupción puede desarrollarse en un escenario tan opaco y carente de las garantías mínimas incluso en la cobertura de plazas tan relevantes como las señaladas. Y la Administración de Justicia difícilmente puede ganarse la confianza de la sociedad española, por más que nos esforcemos la mayoría de quienes trabajamos en ella, cuando sistemáticamente se conocen hechos que la ponen en entredicho.

 

Por ello, el SISEJ consideramos democráticamente oportuna la reprobación del Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el Fiscal Jefe Anticorrupción que el Congreso aprobó la tarde de ayer, lamentamos enormemente la situación a la que los mismos están arrastrando a la Administración de Justicia y nos sumamos a quienes públicamente reclaman que reconsideren su decisión de continuar detentando sus cargos.


 

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Textos para debate público:

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2013: medidas para el rescate de la justicia

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